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La misma semana en que 25 líderes sociales tuvieron que dar una rueda de prensa con máscaras blancas por el miedo a ser identificados y asesinados, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que la mayoría de los casos denunciados se deben, entre otros motivos, a líos de faldas. Esa es la postal sobre la paz con la que, tristemente, terminamos el 2017 en Colombia.
En entrevista con Noticias Uno, Villegas dijo que, obviando los casos perpetrados por el Eln y las Farc, los asesinatos de líderes sociales se han presentado, “en su gran mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas”. Además, el ministro agregó que “uno de cada dos asesinatos tiene hoy una explicación judicial. No hay detrás una organización asesinando líderes”.
¿Será que el funcionario no escucha el eco perverso que sus palabras tienen en la historia colombiana y la mundial? ¿No es consciente de la violencia detrás de la banalización de las denuncias de quienes están poniendo el pellejo para construir democracia allí donde el Estado no ha sido capaz de entrar? ¿Insistirá este Gobierno hasta el final de sus días en el discurso inútil y dañino de que no estamos viendo una “sistematicidad”?
En la misma entrevista, Villegas dijo que no hay un aumento de los asesinatos a los líderes sociales, sino que ahora por fin estos hechos se están denunciando. No sólo eso, agregamos nosotros, los hechos también se están deslegitimando con comentarios como el del ministro. Aunque eso no es tan nuevo en el país.
Los defensores de derechos humanos en Colombia han tenido que sufrir la indiferencia de las autoridades, que buscan culpas ajenas a situaciones que deberían tener respuestas contundentes. Por eso abundan las sentencias internacionales contra el Estado por omisiones y negligencia en el momento de proteger los derechos de todos los colombianos. Lo que hemos visto en los últimos años se parece mucho a lo que ya ha ocurrido.
No es sólo Colombia, por cierto. Abundan los ejemplos internacionales donde, después de la firma de un acuerdo de paz, vienen años sangrientos donde las principales víctimas son quienes abogan por derechos humanos en zonas marginadas.
Si ya sabíamos que iba a pasar, y estamos viendo que está pasando, ¿cuánto más va a ignorar el problema el Gobierno? ¿Qué dicen, por cierto, los candidatos a la Presidencia y al Congreso?
“Lo último que yo hice con Hernán”, dijo uno de los líderes sociales enmascarado, proveniente del Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano, “fue ir al entierro de Mario. Me dijo que estaba preocupado porque los mismos asesinos lo iban a asesinar”. A Mario Manuel Castaño, líder reclamante de tierras, lo asesinaron el 26 de noviembre. Hernán Bedoya, también líder reclamante de tierras, fue asesinado el 8 de diciembre. “En la región se están utilizando todas las formas de lucha para acabar con la gente”, dijo el padre Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Los líderes sociales no esconden su rostro para hacer espectáculos sin fundamento; su protesta está plagada de desesperación e impotencia ante un Estado que parece incapaz de protegerlos. ¿Vamos a permitir que el posconflicto fracase por andar pensando en líos de faldas?
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