Los responsables del caos deben aparecer y ser procesados
La quema del Palacio de Justicia en Tuluá despierta necesarias suspicacias. Las imágenes, dolorosas por los ecos históricos que traen, el simbolismo que cargan encima y por los documentos importantes perdidos, se suman a una más de las tragedias provocadas en medio de un país convulsionado. Esa misma noche de caos, en esa ciudad del Valle del Cauca fue asesinado un estudiante. El temor expresado por tantas personas debe ser oído y los responsables del caos deben ser procesados por las autoridades. No puede permitirse la estigmatización de los manifestantes pacíficos y por eso mismo es fundamental que las investigaciones le cuenten al país quiénes se están aprovechando de la coyuntura para cometer tantos crímenes.
El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, resumió lo ocurrido en el Palacio hablando con Blu Radio: “No fueron hechos aislados, (todo) se inicia con el daño de un semáforo. Posteriormente empiezan a lanzar bombas molotov. Creemos que las dos primeras no logran su objetivo de incendiarlo. Al mismo tiempo, a una cuadra del Palacio de Justicia, un grupo grande de estas personas impidió, bajo amenazas, la salida de los carros de bomberos. Estaban a una cuadra. Hubo bloqueo, amenazas. Los videos circulan en redes”. En efecto, las imágenes confirman la versión.
A los daños en el Palacio de Justicia se sumaron los causados a 18 establecimientos y el hurto de 60 motocicletas en un concesionario. El hecho más lamentable, no obstante, fue el asesinato de Camilo Andrés Arango. El estudiante de 18 años recibió impactos con arma de fuego, según informes de la Policía. Lo ocurrido está siendo investigado.
Necesitamos respuestas. Tanto por la muerte de Arango como por la quema del Palacio de Justicia. Nos unimos al llamado que hizo la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU: “Expresamos mucha preocupación por Tuluá. En hechos por esclarecer hay una muerte violenta, un número indeterminado de heridos y el Palacio de Justicia incendiado. Recordamos que derechos humanos y diálogo son la vía para superar esta situación”.
La violencia que hemos visto en el último mes no tiene justificación. Tampoco es un asunto de caer en falsas equivalencias: desde este espacio hemos insistido en que no se puede pasar la página sin saber qué ocurrió en todas las instancias de abusos de autoridad. Dicho eso, el rechazo debe ser vehemente contra quienes están aprovechando la situación para sus fines criminales. Hacen un múltiple daño: les arrebatan la atención a los manifestantes pacíficos, llevan a la Fuerza Pública a reacciones de emergencia mientras la delincuencia hace de las suyas, cometen crímenes y generan caos.
No es casualidad que el Palacio de Justicia haya sido objeto de un incendio. La pregunta obligada es quién se beneficia por los expedientes que se perdieron, por las investigaciones que se estancarán y por el miedo que se genera. ¿Quiénes se están aprovechando de la crisis? Lo único claro, por ahora, es que pierde Colombia entera con lo que ocurre.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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La quema del Palacio de Justicia en Tuluá despierta necesarias suspicacias. Las imágenes, dolorosas por los ecos históricos que traen, el simbolismo que cargan encima y por los documentos importantes perdidos, se suman a una más de las tragedias provocadas en medio de un país convulsionado. Esa misma noche de caos, en esa ciudad del Valle del Cauca fue asesinado un estudiante. El temor expresado por tantas personas debe ser oído y los responsables del caos deben ser procesados por las autoridades. No puede permitirse la estigmatización de los manifestantes pacíficos y por eso mismo es fundamental que las investigaciones le cuenten al país quiénes se están aprovechando de la coyuntura para cometer tantos crímenes.
El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, resumió lo ocurrido en el Palacio hablando con Blu Radio: “No fueron hechos aislados, (todo) se inicia con el daño de un semáforo. Posteriormente empiezan a lanzar bombas molotov. Creemos que las dos primeras no logran su objetivo de incendiarlo. Al mismo tiempo, a una cuadra del Palacio de Justicia, un grupo grande de estas personas impidió, bajo amenazas, la salida de los carros de bomberos. Estaban a una cuadra. Hubo bloqueo, amenazas. Los videos circulan en redes”. En efecto, las imágenes confirman la versión.
A los daños en el Palacio de Justicia se sumaron los causados a 18 establecimientos y el hurto de 60 motocicletas en un concesionario. El hecho más lamentable, no obstante, fue el asesinato de Camilo Andrés Arango. El estudiante de 18 años recibió impactos con arma de fuego, según informes de la Policía. Lo ocurrido está siendo investigado.
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La violencia que hemos visto en el último mes no tiene justificación. Tampoco es un asunto de caer en falsas equivalencias: desde este espacio hemos insistido en que no se puede pasar la página sin saber qué ocurrió en todas las instancias de abusos de autoridad. Dicho eso, el rechazo debe ser vehemente contra quienes están aprovechando la situación para sus fines criminales. Hacen un múltiple daño: les arrebatan la atención a los manifestantes pacíficos, llevan a la Fuerza Pública a reacciones de emergencia mientras la delincuencia hace de las suyas, cometen crímenes y generan caos.
No es casualidad que el Palacio de Justicia haya sido objeto de un incendio. La pregunta obligada es quién se beneficia por los expedientes que se perdieron, por las investigaciones que se estancarán y por el miedo que se genera. ¿Quiénes se están aprovechando de la crisis? Lo único claro, por ahora, es que pierde Colombia entera con lo que ocurre.
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