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Hoy, después de tres años y un necesario aplazamiento por culpa del COVID-19, la Comisión de la Verdad entregará su Informe Final sobre la violencia ocurrida entre 1958 y 2016. Llega en medio de un país herido, con un sector de derecha lastimado por los resultados de las elecciones presidenciales y que tiene una larga historia de saboteo a los procesos de justicia transicional. Aterriza, entonces, en un mar de riesgos por tener que hacer memoria en caliente, en una Colombia donde los relatos de lo ocurrido en el conflicto siguen destapando ollas podridas y generando escozor en muchas personas. De lo que ocurra en las próximas semanas, meses y años con el aporte de la Comisión dependerá en gran medida la forma en que el país entienda sus años aciagos y sus futuras apuestas de paz.
Hablando con El Espectador, la comisionada Marta Ruiz explicó que la intención de la Comisión “no es construir un texto más sobre la historia de Colombia y del conflicto armado, sino intentar incorporar los aprendizajes, las lecciones e incluso hasta los mea culpa que hacen los actores sociales y políticos en ciertos momentos, los cuales fueron capturados por la Comisión durante el trabajo que se hizo”. Para lograrlo, los 11 comisionados contaron con un equipo de más de 200 personas que obtuvieron 28.000 testimonios. Por eso, como es de esperarse, el informe será largo y comunicado de distintas formas.
Es aquí donde surgen los riesgos. Por tratarse de un documento complejo, a pesar de los mejores intentos de la Comisión de la Verdad por utilizar herramientas multiplataforma para difundirlo, lo más probable es que la mayoría de los colombianos no lo lean de manera integral. Su exposición de lo allí contenido será por partes que, en manos de personas con intereses políticos, pueden ser manipuladas. Ya hemos visto que ocurre. Entre los cazadores de clics, la indignación y los intentos por despedazar lo pactado en estos años desde la firma del Acuerdo de Paz, es fácil distorsionar los relatos sobre la violencia.
Como sabemos que eso es lo que viene, la respuesta es la difusión rigurosa y creativa. El valor de la Comisión de la Verdad, que llegó a donde otras instituciones del Estado no han podido entrar y que, al no ser judicial, obtuvo información sin el temor de la persecución jurídica, es que aportará visiones que no hemos visto antes. La historia de la violencia ya la conocemos, pero nunca habíamos tenido un esfuerzo tan ambicioso por narrar el sufrimiento nacional y los actores involucrados. En contraste con la labor ahora cuestionada del Centro Nacional de Memoria Histórica, necesitamos dotar de legitimidad a la Comisión de la Verdad. Eso pasa por dar conversaciones en las aulas de clase, en los espacios familiares y en todos los puntos de encuentro de la sociedad colombiana.
Colombia es pionera en el mundo en la perspectiva de género empleada en el Informe Final, así como en el capítulo étnico y en la pregunta por cómo ciertas poblaciones fueron particularmente violentadas. Gracias a eso y a la labor juiciosa de los comisionados, ya es claro que este aporte a la verdad tendrá reconocimiento internacional. Empero, el valor de todo esfuerzo de justicia transicional depende de lo que la sociedad haga con él. El reto principal ahora es materializar lo que dice la Comisión en el lanzamiento de su informe: hay futuro si hay verdad.
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