#MarchemosPorLosLíderes
El Espectador
Los asesinatos y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia no paran. La situación es, desde hace tiempo, insostenible. Las últimas cifras, dadas a conocer la semana pasada por el defensor del Pueblo, Carlos Negret, son aterradoras: desde enero de 2016 hasta el reciente 30 de mayo han sido asesinados un total de 482 líderes y 982 más han sido amenazados entre abril de 2018 y abril de 2019.
En medio de este panorama desolador, y tras del asesinato de la líder María del Pilar Hurtado en el municipio de Tierralta (Córdoba), varias organizaciones, entre las que se destaca Defendamos la Paz, convocaron a la ciudadanía a movilizarse hoy en contra de estos crímenes y en defensa de la vida. El Espectador se une al clamor que pide que esta tragedia termine ya.
Como explicó Rodrigo Uprimny en su columna para este diario, “estos asesinatos y violencias contra los líderes sociales son gravísimos, no solo por el enorme sufrimiento humano que ocasionan, sino también por sus impactos antidemocráticos: cada líder que muere, sin importar si es de derecha o izquierda, es un proceso social gravemente debilitado. Los victimarios lo saben y, precisamente por eso, los matan para consolidar su dominio criminal. Nuestra democracia muere un poco cada vez que un líder social es asesinado o amenazado”.
Cada muerte de un líder social es una derrota del Gobierno (el actual, el que lo precedió, cualquiera), de la Fuerza Pública y de las entidades territoriales. Pero si la indiferencia es la respuesta, entonces habremos fracasado como sociedad. De ahí la importancia de que todos los actores de la sociedad colombiana se unan para solidarizarse con las víctimas, condenen estos crímenes y exijan a las autoridades que no queden impunes.
La marcha de hoy tiene el potencial de marcar un punto de inflexión en la narrativa del país sobre la barbarie que hemos naturalizado con un rechazo inequívoco a los violentos. El mensaje de la sociedad debe ser claro y fuerte.
Ya en el pasado, los colombianos han visto la importancia de tomarse las calles para rechazar de tajo la violencia. Las multitudinarias manifestaciones que se presentaron en su momento contra las Farc, por ejemplo, sirvieron para deslegitimar políticamente a la guerrilla a nivel local e internacional. Debemos repetir ese logro.
Los líderes y activistas políticos del país, en especial, deben dejar de lado cualquier tipo de oportunismo o controversias mezquinas sobre las cifras y los móviles de los crímenes, que no ayudan a enfrentar el problema. La magnitud de la tragedia es innegable y la realidad es que no podemos tolerar que haya un líder social más asesinado.
El presidente Iván Duque, quien anunció que se sumará a la marcha, debe liderar un consenso nacional que abarque a todos los sectores sociales y políticos, y reafirmar el compromiso del Estado en general y el Gobierno en particular para prevenir esos crímenes y sancionar a sus responsables. Es una situación que no da espera.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Los asesinatos y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia no paran. La situación es, desde hace tiempo, insostenible. Las últimas cifras, dadas a conocer la semana pasada por el defensor del Pueblo, Carlos Negret, son aterradoras: desde enero de 2016 hasta el reciente 30 de mayo han sido asesinados un total de 482 líderes y 982 más han sido amenazados entre abril de 2018 y abril de 2019.
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Como explicó Rodrigo Uprimny en su columna para este diario, “estos asesinatos y violencias contra los líderes sociales son gravísimos, no solo por el enorme sufrimiento humano que ocasionan, sino también por sus impactos antidemocráticos: cada líder que muere, sin importar si es de derecha o izquierda, es un proceso social gravemente debilitado. Los victimarios lo saben y, precisamente por eso, los matan para consolidar su dominio criminal. Nuestra democracia muere un poco cada vez que un líder social es asesinado o amenazado”.
Cada muerte de un líder social es una derrota del Gobierno (el actual, el que lo precedió, cualquiera), de la Fuerza Pública y de las entidades territoriales. Pero si la indiferencia es la respuesta, entonces habremos fracasado como sociedad. De ahí la importancia de que todos los actores de la sociedad colombiana se unan para solidarizarse con las víctimas, condenen estos crímenes y exijan a las autoridades que no queden impunes.
La marcha de hoy tiene el potencial de marcar un punto de inflexión en la narrativa del país sobre la barbarie que hemos naturalizado con un rechazo inequívoco a los violentos. El mensaje de la sociedad debe ser claro y fuerte.
Ya en el pasado, los colombianos han visto la importancia de tomarse las calles para rechazar de tajo la violencia. Las multitudinarias manifestaciones que se presentaron en su momento contra las Farc, por ejemplo, sirvieron para deslegitimar políticamente a la guerrilla a nivel local e internacional. Debemos repetir ese logro.
Los líderes y activistas políticos del país, en especial, deben dejar de lado cualquier tipo de oportunismo o controversias mezquinas sobre las cifras y los móviles de los crímenes, que no ayudan a enfrentar el problema. La magnitud de la tragedia es innegable y la realidad es que no podemos tolerar que haya un líder social más asesinado.
El presidente Iván Duque, quien anunció que se sumará a la marcha, debe liderar un consenso nacional que abarque a todos los sectores sociales y políticos, y reafirmar el compromiso del Estado en general y el Gobierno en particular para prevenir esos crímenes y sancionar a sus responsables. Es una situación que no da espera.
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