La mata que alivia

Bien grande es la mancha que ha puesto la prohibición de las drogas, y la consecuente guerra contra su consumo, a nivel mundial: generaciones y generaciones de individuos, los unos experimentando irresponsablemente con ellas, los otros criticando su existencia de manera desinformada.

La prohibición irrestricta en el consumo de una sustancia lleva a dos problemas principales: a los efectos secundarios en los consumidores, acaso más devastadores que los directos (el sida en las agujas de heroína, la cocaína de baja calidad que afecta más la salud, etc.), y el vacío institucional en el Estado a la hora de tratar los problemas de salud: tapar a todos los consumidores con la misma cobija, sin dejar un espacio importante a los matices más útiles: el consumidor problemático, el ocasional, el frecuente, el experimental.

Esos dos huecos en la información son los que trata de subsanar (con todas las limitaciones del caso) el uso terapéutico de la marihuana, algo sobre lo que hemos dado vueltas desde hace poco más de una década y que aún no ha podido ver la luz legal. No la constitucional (cosa importante), que sí: hace falta leer el artículo 49 de la Constitución para darse cuenta de que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”.

Léase bien la excepción que provee la norma constitucional. Ese es el boquete por el cual puede hacerse una política progresiva del uso del cannabis en el ámbito médico: para tratar a los pacientes con cáncer, para aliviar las dolencias de los que padecen artritis... No se trata de que fumen marihuana en la calle, al lado de los niños que juegan en el parque, no. Por favor no nos vayamos a los reduccionismos absurdos a la hora de criticar la medida.

Ya lo dijo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria: “En muchos aspectos, fumar marihuana es más seguro que consumir alcohol (...) esta no es una opinión del ministro sino una evidencia científica después de estudios exhaustivos (...) Existen productos que se comercializan basados en el cannabis. Si uno mira para qué se utiliza, encuentra una diversidad muy grande y la evidencia es heterogénea”. Tremendo apoyo a la propuesta del senador Galán.

En medio de todo este paquete de noticias que lucen positivas, sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Ley regula Constitución y decreto regula ley, según se enseña en las facultades de derecho en Colombia. Y a esa hora, cuando ya se piensa en las regulaciones específicas, cuando se tocan las fibras más finas de los comportamientos sociales, es cuando la improvisación se castiga más duro. Bien claro deben tener los actores involucrados cómo se aplicaría esta ley en la práctica: los medicamentos, y sus usos, y sus ventas, y sus prescripciones.

Enhorabuena, también, el debate que se armará en el Congreso de la República. Ahí sabremos con certeza cómo se divide la opinión al respecto. Y de ahí, si se hace de manera provechosa, saldrá una ley precisa. Bien sabemos que quien insistió en la existencia de ese inciso constitucional completo, que incluye medidas administrativas para tratar a los “adictos” o “consentimientos informados” por parte de ellos, fue el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. El debate, entonces, comprenderá las dos caras de la moneda. Bienvenido sea.

Bien grande es la mancha que ha puesto la prohibición de las drogas, y la consecuente guerra contra su consumo, a nivel mundial: generaciones y generaciones de individuos, los unos experimentando irresponsablemente con ellas, los otros criticando su existencia de manera desinformada.

La prohibición irrestricta en el consumo de una sustancia lleva a dos problemas principales: a los efectos secundarios en los consumidores, acaso más devastadores que los directos (el sida en las agujas de heroína, la cocaína de baja calidad que afecta más la salud, etc.), y el vacío institucional en el Estado a la hora de tratar los problemas de salud: tapar a todos los consumidores con la misma cobija, sin dejar un espacio importante a los matices más útiles: el consumidor problemático, el ocasional, el frecuente, el experimental.

Esos dos huecos en la información son los que trata de subsanar (con todas las limitaciones del caso) el uso terapéutico de la marihuana, algo sobre lo que hemos dado vueltas desde hace poco más de una década y que aún no ha podido ver la luz legal. No la constitucional (cosa importante), que sí: hace falta leer el artículo 49 de la Constitución para darse cuenta de que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”.

Léase bien la excepción que provee la norma constitucional. Ese es el boquete por el cual puede hacerse una política progresiva del uso del cannabis en el ámbito médico: para tratar a los pacientes con cáncer, para aliviar las dolencias de los que padecen artritis... No se trata de que fumen marihuana en la calle, al lado de los niños que juegan en el parque, no. Por favor no nos vayamos a los reduccionismos absurdos a la hora de criticar la medida.

Ya lo dijo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria: “En muchos aspectos, fumar marihuana es más seguro que consumir alcohol (...) esta no es una opinión del ministro sino una evidencia científica después de estudios exhaustivos (...) Existen productos que se comercializan basados en el cannabis. Si uno mira para qué se utiliza, encuentra una diversidad muy grande y la evidencia es heterogénea”. Tremendo apoyo a la propuesta del senador Galán.

En medio de todo este paquete de noticias que lucen positivas, sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Ley regula Constitución y decreto regula ley, según se enseña en las facultades de derecho en Colombia. Y a esa hora, cuando ya se piensa en las regulaciones específicas, cuando se tocan las fibras más finas de los comportamientos sociales, es cuando la improvisación se castiga más duro. Bien claro deben tener los actores involucrados cómo se aplicaría esta ley en la práctica: los medicamentos, y sus usos, y sus ventas, y sus prescripciones.

Enhorabuena, también, el debate que se armará en el Congreso de la República. Ahí sabremos con certeza cómo se divide la opinión al respecto. Y de ahí, si se hace de manera provechosa, saldrá una ley precisa. Bien sabemos que quien insistió en la existencia de ese inciso constitucional completo, que incluye medidas administrativas para tratar a los “adictos” o “consentimientos informados” por parte de ellos, fue el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. El debate, entonces, comprenderá las dos caras de la moneda. Bienvenido sea.