Medida necesaria, transición errada

La propuesta, que ya ha sido presentada en el pasado sin éxito, es sencilla: ¿por qué no lograr que los periodos de los gobiernos locales sean paralelos al del gobierno nacional? De esta manera, no ocurriría, por ejemplo, que un año se elijan Congreso y presidente, y hacia finales del año siguiente se elijan alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.

Hemos visto suficiente descoordinación entre autoridades locales y nacionales, bajo la estructura actual, con el consecuente entorpecimiento de los planes de gobierno locales que no encajan con los proyectos nacionales. Es momento de experimentar con soluciones estructurales.

Por eso, la reforma constitucional planteada, que pretende unificar los tiempos de los periodos es una excelente idea. Primero, porque como dijeron en la Federación Colombiana de Municipios y en la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, se “mejoraría la coordinación y articulación en la planeación económica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”.

Segundo, porque el cambio significaría que las elecciones para todas las entidades territoriales y órganos nacionales se harían el mismo día. Eso, nos parece, podría ayudar a combatir la abstención que caracteriza las elecciones. Además se ahorrarían recursos de la Registraduría, al concentrar el proceso de votaciones.

¿Por qué el escándalo, entonces? El proyecto de reforma, que ya fue aprobado en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, propone que, para lograr unificar los periodos, se alargue el mandato de los actuales alcaldes, gobernadores, concejales y diputados hasta el 2022. Originalmente, están planeadas elecciones para el año entrante, para esos cargos.

Nos parece un despropósito. ¿No estaría el Congreso legislando para beneficiar a funcionarios con nombres propios? ¿Acaso no hay otra manera de hacer la transición, que no implique modificar arbitrariamente las condiciones bajo las cuales los colombianos fueron a las urnas hace tres años?

Como lo dijo el procurador general, Fernando Carrillo, “los electores votaron por un periodo y ojalá ese periodo se respetara”. Esa es la esencia del problema. Cuando los colombianos fueron a elegir a sus actuales mandatarios, lo hicieron pensando en un tiempo establecido. La duración de los mandatos, por ejemplo, ha afectado cálculos de todo tipo, incluyendo de aquellos ciudadanos que han promovido revocatorias de mandatos, pero decidieron esperar a que terminara el periodo constitucional.

La solución es buscar un mecanismo de transición distinto, con reglas claras establecidas con anterioridad. Puede ser que en las próximas elecciones los ciudadanos sepan que van a elegir funcionarios por un periodo más largo; también sobre la mesa hay una propuesta de la Alianza Verde, que busca implementar la unificación a partir del 2028.

Lo que no se puede permitir es que el Congreso, cuando sea su capricho, cambie las reglas del partido cuando este está ya próximo a terminar.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

La propuesta, que ya ha sido presentada en el pasado sin éxito, es sencilla: ¿por qué no lograr que los periodos de los gobiernos locales sean paralelos al del gobierno nacional? De esta manera, no ocurriría, por ejemplo, que un año se elijan Congreso y presidente, y hacia finales del año siguiente se elijan alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.

Hemos visto suficiente descoordinación entre autoridades locales y nacionales, bajo la estructura actual, con el consecuente entorpecimiento de los planes de gobierno locales que no encajan con los proyectos nacionales. Es momento de experimentar con soluciones estructurales.

Por eso, la reforma constitucional planteada, que pretende unificar los tiempos de los periodos es una excelente idea. Primero, porque como dijeron en la Federación Colombiana de Municipios y en la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, se “mejoraría la coordinación y articulación en la planeación económica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”.

Segundo, porque el cambio significaría que las elecciones para todas las entidades territoriales y órganos nacionales se harían el mismo día. Eso, nos parece, podría ayudar a combatir la abstención que caracteriza las elecciones. Además se ahorrarían recursos de la Registraduría, al concentrar el proceso de votaciones.

¿Por qué el escándalo, entonces? El proyecto de reforma, que ya fue aprobado en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, propone que, para lograr unificar los periodos, se alargue el mandato de los actuales alcaldes, gobernadores, concejales y diputados hasta el 2022. Originalmente, están planeadas elecciones para el año entrante, para esos cargos.

Nos parece un despropósito. ¿No estaría el Congreso legislando para beneficiar a funcionarios con nombres propios? ¿Acaso no hay otra manera de hacer la transición, que no implique modificar arbitrariamente las condiciones bajo las cuales los colombianos fueron a las urnas hace tres años?

Como lo dijo el procurador general, Fernando Carrillo, “los electores votaron por un periodo y ojalá ese periodo se respetara”. Esa es la esencia del problema. Cuando los colombianos fueron a elegir a sus actuales mandatarios, lo hicieron pensando en un tiempo establecido. La duración de los mandatos, por ejemplo, ha afectado cálculos de todo tipo, incluyendo de aquellos ciudadanos que han promovido revocatorias de mandatos, pero decidieron esperar a que terminara el periodo constitucional.

La solución es buscar un mecanismo de transición distinto, con reglas claras establecidas con anterioridad. Puede ser que en las próximas elecciones los ciudadanos sepan que van a elegir funcionarios por un periodo más largo; también sobre la mesa hay una propuesta de la Alianza Verde, que busca implementar la unificación a partir del 2028.

Lo que no se puede permitir es que el Congreso, cuando sea su capricho, cambie las reglas del partido cuando este está ya próximo a terminar.

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