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La insistencia del presidente Gustavo Petro y el Ministerio del ramo en tramitar la reforma estructural al sistema de salud como una ley ordinaria le puede salir costoso no solo al plan del Gobierno, sino al país entero. Hacer un cambio tan profundo como el puesto sobre la mesa por la cartera que lidera Carolina Corcho es, en términos prácticos, regular sobre el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Por eso, estamos de acuerdo con los congresistas de distintos partidos (desde la oposición hasta del gobierno) que han pedido que se adopte el trámite de una ley estatutaria. Si no cambia el rumbo, la administración corre el riesgo de lograr un triunfo en el Congreso que luego sea derrotado en la Corte Constitucional por un vicio de forma. Sería una crisis institucional que deberíamos ahorrarnos.
El Gobierno insiste en que su reforma, que cambia de manera estructural el acceso de los colombianos al sistema de salud, es una ley ordinaria. En Twitter, el presidente Petro escribió que “la Ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma de la Ley 100. La Ley Estatutaria de la Salud ya existe y no deseamos reformarla”. Lo propio dijeron el presidente del Senado, Roy Barreras, y el de la Cámara, David Racero, ambos miembros del Pacto Histórico. Inti Asprilla, representante a la Cámara por la Alianza Verde, también defendió esta posición diciendo: “No es cierto que la reforma a la salud deba ser tramitada como ley estatutaria. Es una reforma al sistema, no al derecho a la salud. Un claro ejemplo de cómo se intenta torpedear el proceso de aprobación de las reformas tan solo comenzando”.
No estamos de acuerdo. Primero, asumir que quienes están pidiendo un trámite de ley estatutaria lo hacen para torpedear el avance de la reforma es una manera de estigmatizar el debate en el Congreso y, además, falla a la realidad: varios de los interesados en apoyar al Gobierno lo que quieren, precisamente, es que la reforma que se apruebe no sea luego tumbada en la Corte.
Por otro lado, el argumento del presidente Petro se queda corto. Si bien es cierto que la Ley 100 es ordinaria, esa norma se expidió mucho antes de que la Corte Constitucional considerara que la salud es un derecho fundamental. En sentencias posteriores, el alto tribunal ha dicho que cualquier modificación al sistema de salud no tiene que ser tramitado mediante ley estatutaria, pero sí cuando se toque el núcleo esencial del derecho. ¿Cómo es que esta ley, que se ha vendido como un cambio estructural y que, en efecto, modificaría de manera esencial la manera en que los colombianos accederían al sistema de salud, no está tocando el núcleo esencial del derecho?
Pero, además, el Gobierno no debería tenerle miedo al trámite estatutario. Qué gran oportunidad para construir un apoyo amplio y vehemente a su reforma, y que además tenga control constitucional previo, para que, en caso de que se apruebe, no haya traumatismos en el país. Es la manera más apropiada de hacer cambios tan importantes para las vidas de los colombianos.
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