Mensaje desde Pueblo Bello

“En Pueblo Bello cambiaron gente por ganado”. Un mes antes de la masacre, la guerrilla había robado 43 reses de la finca Las Tangas, en Córdoba, el mismo lugar donde se encontraron hace poco los restos de siete de los desaparecidos. Dónde están los otros 36 sigue siendo un misterio.

También lo es cómo pudieron recorrer inadvertidos más de 60 paramilitares y sus 43 víctimas el trayecto desde Pueblo Bello hasta esa finca de la muerte en Córdoba, habiendo como había Fuerza Pública tanto en la base militar de San Pedro de Urabá, Antioquia —a la que pertenecía el teniente Rincón Pulido— como en la estación de Policía de Valencia, Córdoba. Y sí, la justicia colombiana tiene a 23 personas judicializadas, 20 de ellas condenadas, varias de ellas aseguradas apenas el año pasado. Eso sí, ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido vinculado. Y sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2006 al Estado colombiano y le ordenó reparar a los familiares de las víctimas. Y sí, hubo un acto público de reconocimiento y disculpa por parte del Estado, y algunas otras de las órdenes de la Corte IDH —no todas, ni las más relevantes— se han cumplido parcialmente. Pero, como lo han denunciado esta semana los familiares, “vemos con preocupación los pocos resultados obtenidos en la búsqueda de nuestros desaparecidos y la ausencia de identificación de la totalidad de los responsables”.

Muy diciente, y acaso un mensaje contundente para las negociaciones en La Habana, que anuncian acuerdos prontos, que 25 años después los familiares pongan en sus reclamos énfasis en la verdad y en la justicia, más allá de las reparaciones simbólicas o económicas que algunos consideran suficientes para un proceso de sanación. En un país tan acostumbrado a la violencia, donde la muerte parecería haberse invisibilizado, tomado aires de normalidad, aquí están las víctimas diciéndonos directamente que por ese mismo camino no hay reconciliación posible. Que la memoria colectiva juega un rol central.

Suelen aparecer en la redes sociales las más insólitas comparaciones cuando se reacciona ante actos abominables. Que por qué tanta indignación por la muerte de periodistas y caricaturistas en Francia cuando aquí la muerte de periodistas pasa más bien inadvertida, se ha leído, por ejemplo, en estos días de solidaridad y levantamiento por lo ocurrido en Francia. Suenan ridículas, por lo general, y en mucho efectistas y fáciles esas comparaciones. Y sin embargo, algunas resultan ciertas y muestran la flaqueza de muchos de los cimientos sobre los que descansa una sociedad.

Frente a la masacre de 43 campesinos en Pueblo Bello hace 25 años, un 14 de enero, resulta automática la comparación con otros 43 desaparecidos, los estudiantes de Ayotzinapa en México. Y no solamente por la coincidencia en el número de víctimas. Más bien, por la reacción ciudadana que ha movilizado a la justicia mexicana y ha puesto a temblar a los más poderosos para identificar responsables y saber la verdad sobre lo que les sucedió a los estudiantes, que contrasta con la reacción de nuestra sociedad frente a esta y otras masacres durante tanto tiempo, lo cual explica muchas cosas de nuestro amortiguamiento —por no decir trivialidad— frente a la muerte y sus agentes. Justicia, verdad, reparación, garantía de no repetición y, sobre todo, memoria y respeto por la víctimas, así suene repetitivo, son el único camino sólido que puede sanar a una sociedad que ha vivido horrores. Una, o dos, o tres, sin las demás, no bastan.

“En Pueblo Bello cambiaron gente por ganado”. Un mes antes de la masacre, la guerrilla había robado 43 reses de la finca Las Tangas, en Córdoba, el mismo lugar donde se encontraron hace poco los restos de siete de los desaparecidos. Dónde están los otros 36 sigue siendo un misterio.

También lo es cómo pudieron recorrer inadvertidos más de 60 paramilitares y sus 43 víctimas el trayecto desde Pueblo Bello hasta esa finca de la muerte en Córdoba, habiendo como había Fuerza Pública tanto en la base militar de San Pedro de Urabá, Antioquia —a la que pertenecía el teniente Rincón Pulido— como en la estación de Policía de Valencia, Córdoba. Y sí, la justicia colombiana tiene a 23 personas judicializadas, 20 de ellas condenadas, varias de ellas aseguradas apenas el año pasado. Eso sí, ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido vinculado. Y sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2006 al Estado colombiano y le ordenó reparar a los familiares de las víctimas. Y sí, hubo un acto público de reconocimiento y disculpa por parte del Estado, y algunas otras de las órdenes de la Corte IDH —no todas, ni las más relevantes— se han cumplido parcialmente. Pero, como lo han denunciado esta semana los familiares, “vemos con preocupación los pocos resultados obtenidos en la búsqueda de nuestros desaparecidos y la ausencia de identificación de la totalidad de los responsables”.

Muy diciente, y acaso un mensaje contundente para las negociaciones en La Habana, que anuncian acuerdos prontos, que 25 años después los familiares pongan en sus reclamos énfasis en la verdad y en la justicia, más allá de las reparaciones simbólicas o económicas que algunos consideran suficientes para un proceso de sanación. En un país tan acostumbrado a la violencia, donde la muerte parecería haberse invisibilizado, tomado aires de normalidad, aquí están las víctimas diciéndonos directamente que por ese mismo camino no hay reconciliación posible. Que la memoria colectiva juega un rol central.

Suelen aparecer en la redes sociales las más insólitas comparaciones cuando se reacciona ante actos abominables. Que por qué tanta indignación por la muerte de periodistas y caricaturistas en Francia cuando aquí la muerte de periodistas pasa más bien inadvertida, se ha leído, por ejemplo, en estos días de solidaridad y levantamiento por lo ocurrido en Francia. Suenan ridículas, por lo general, y en mucho efectistas y fáciles esas comparaciones. Y sin embargo, algunas resultan ciertas y muestran la flaqueza de muchos de los cimientos sobre los que descansa una sociedad.

Frente a la masacre de 43 campesinos en Pueblo Bello hace 25 años, un 14 de enero, resulta automática la comparación con otros 43 desaparecidos, los estudiantes de Ayotzinapa en México. Y no solamente por la coincidencia en el número de víctimas. Más bien, por la reacción ciudadana que ha movilizado a la justicia mexicana y ha puesto a temblar a los más poderosos para identificar responsables y saber la verdad sobre lo que les sucedió a los estudiantes, que contrasta con la reacción de nuestra sociedad frente a esta y otras masacres durante tanto tiempo, lo cual explica muchas cosas de nuestro amortiguamiento —por no decir trivialidad— frente a la muerte y sus agentes. Justicia, verdad, reparación, garantía de no repetición y, sobre todo, memoria y respeto por la víctimas, así suene repetitivo, son el único camino sólido que puede sanar a una sociedad que ha vivido horrores. Una, o dos, o tres, sin las demás, no bastan.