Modificar la Ley de Garantías sería un desastre

El Gobierno de Iván Duque y sus aliados están haciendo todo mal con su iniciativa para desmantelar la Ley de Garantías, así sea parcialmente. Un debate que debería ser transparente, dado con tiempo y prudencia, de tal manera que no afecte la confianza de los colombianos en las elecciones que tenemos encima, se ha dado con tácticas poco éticas, como esconder una modificación a las restricciones de la ley en medio del proyecto de presupuesto general. No solo sería un desastre en este momento debilitar la Ley de Garantías, sino que se les estaría dando fuego retórico a quienes desean cuestionar la legitimidad del proceso electoral en curso. Por donde se le mire, es una catástrofe que debe ser atajada.

Todos los argumentos impulsados por el presidente Iván Duque para modificar la Ley de Garantías son frágiles. Desde Nueva York dijo que “en Colombia ya no hay reelección, al no haber reelección tenemos una circunstancia distinta”. También dijo, a propósito de la capacidad de ejecución de alcaldías y gobernaciones, que “si usted mira lo que sería limitar por seis meses su capacidad de firmar convenios y después lo que tendrían que enfrentar seis meses antes de su elección, esto quiere decir que perderían un año adicional a las afectaciones que han sufrido por la pandemia”. Finalmente, agregó que la manera de evitar la corrupción es con el “más claro escrutinio y seguimiento por parte de los organismos de control”.

Vamos uno por uno. En efecto, la reelección ya no existe en el país, pero los efectos de ese desajuste institucional siguen vigentes. Bienvenido el debate sobre cómo modificar la estructura del Estado para evitar los abusos de poder, pasando por el nombramiento de los entes de control y, sí, la conveniencia de la Ley de Garantías. Pero esa discusión tiene que darse con tiempo, de manera amplia y concertada, no a las carreras, en vísperas de elecciones, despertando todas las sospechas.

También es verdad que los alcaldes y gobernadores tuvieron que enfrentar la pandemia. Pero para eso, precisamente, fueron elegidos: para darle cara a cualquier situación que se presente y modificar los planes de manera adecuada. Ya vamos para dos años de pandemia, con elecciones programadas desde hace cuatro. Si los mandatarios no fueron capaces de ajustar sus presupuestos, la falla es de liderazgo político. ¿O acaso la cultura política en Colombia cambió y de repente no hay el riesgo de corrupción a punta de contratos estatales? ¿Puede el presidente decir, con la conciencia tranquila, que en todo el país se usarán esos recursos para la reactivación y no para favorecer a sectores políticos? ¿Acaso en el pasado los entes de control no se han quedado cortísimos para evitar intervenciones indebidas en el proceso electoral?

Les queda muy mal a un presidente con niveles de impopularidad históricos y a un partido de gobierno luchando erráticamente por su vida política ser los impulsores de la modificación de la Ley de Garantías. En 2015, el entonces senador Iván Duque escribió que “quieren acabar la Ley de Garantías para que la mermelada se irrigue de cara a las elecciones regionales. Sería la reforma antigarantías”. El Iván Duque de 2021 debería escucharlo.

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