Morir en el intento

Dejó una serie de cartas y chats a sus allegados más cercanos pidiendo excusas, dando algunas explicaciones, lamentando no poder vivir más en este mundo, manifestando que reprochaba el “acoso sexual” del que fue acusado, ofreciendo pruebas de que no existió. Sergio Urrego probablemente se sentía acorralado, o hastiado, o injustamente maltratado. “Esto ya no da más”, escribió en una carta. Luego se tiró de la terraza del Titán para dejar de existir a las tres horas por muerte cerebral. Fin de una vida. Sergio Urrego, hay que decirlo porque en este caso mucho importa, era abiertamente homosexual.

De acuerdo con lo que registró este diario el domingo pasado, el joven estudiante se suicidó por lo que parece ser una discriminación feroz y atrevida por parte de las directivas del Gimnasio Castillo Campestre, el colegio donde estudiaba desde hacía seis años y donde sostenía una relación sentimental con otro alumno del plantel.

La presión, a juicio de lo que Urrego dejó en una amplia documentación, se dio, justamente, por mantener esa relación pública. O, mejor, por las reacciones discriminatorias que se sucedieron a esta conducta: de los padres de su pareja, por un lado, y de la directora del colegio, por el otro, quien supuestamente no lo dejaba entrar a clases mientras no se adelantara una reunión con todos los involucrados.

A su turno, en W Radio, ella, Amanda Castillo, dijo ayer, luego de un prolongado silencio (con este periódico no quiso hablar), que no, que su colegio no discrimina, que no hay acoso, que “siempre respetamos la intimidad de los seres humanos y jamás hubo presión y discriminación por ser homosexual”. No, no y no.

A su turno, las autoridades se pronunciaron a primera hora: el Ministerio de Educación, en voz de su titular, Gina Parody, lamentó el hecho y anunció sanciones, investigaciones; Carlos Eduardo Valdés, del Instituto de Medicina Legal, dijo que en el cuerpo del joven no se encontraron rastros de alcohol o, dicho en su propio lenguaje, que “se realizaron estudios toxicológicos, los cuales arrojaron negativo”. Ahora todos piden acción, hechos contundentes, reacciones institucionales.

Todo eso, rápido y expreso: todo lo que faltó cuando el muchacho estaba vivo. Nada dijo, por ejemplo, la secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero, ante la queja que elevó la madre de Urrego el 1º de julio (¡el 1º de julio!) en contra del colegio por los supuestos cobros arbitrarios allí impuestos y por la discriminación que tuvo su hijo por haber manifestado un gusto, una preferencia. Nada dijeron, tampoco, los fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata de Engativá por la denuncia que existía de acoso sexual contra Urrego por parte de los padres de su compañero: a saber, un niño de 16 años que acosa sexualmente a otro de su misma edad. Un absurdo que merecía atención inmediata, algo afín al nombre de la entidad. No quisieron esclarecer la situación de lo que estaba ocurriendo ni se manifestaron en manera alguna.

Así las cosas, independientemente de lo que las autoridades (ahora sí) terminen por probar, lo que tenemos aquí es nada menos que el fracaso de nuestra sociedad. En mayúscula. La incapacidad de un joven de vivir a plenitud su sexualidad. El suicidio que llegó acaso como símbolo o como protesta o como desesperación y solución final. Dan igual a esta hora las interpretaciones. Acá nos encontramos inmersos en el capítulo grande de este país: promover un trato diferenciado a una persona, dependiendo de su condición. Sergio Urrego murió en el intento. Este país ha fracasado.

Dejó una serie de cartas y chats a sus allegados más cercanos pidiendo excusas, dando algunas explicaciones, lamentando no poder vivir más en este mundo, manifestando que reprochaba el “acoso sexual” del que fue acusado, ofreciendo pruebas de que no existió. Sergio Urrego probablemente se sentía acorralado, o hastiado, o injustamente maltratado. “Esto ya no da más”, escribió en una carta. Luego se tiró de la terraza del Titán para dejar de existir a las tres horas por muerte cerebral. Fin de una vida. Sergio Urrego, hay que decirlo porque en este caso mucho importa, era abiertamente homosexual.

De acuerdo con lo que registró este diario el domingo pasado, el joven estudiante se suicidó por lo que parece ser una discriminación feroz y atrevida por parte de las directivas del Gimnasio Castillo Campestre, el colegio donde estudiaba desde hacía seis años y donde sostenía una relación sentimental con otro alumno del plantel.

La presión, a juicio de lo que Urrego dejó en una amplia documentación, se dio, justamente, por mantener esa relación pública. O, mejor, por las reacciones discriminatorias que se sucedieron a esta conducta: de los padres de su pareja, por un lado, y de la directora del colegio, por el otro, quien supuestamente no lo dejaba entrar a clases mientras no se adelantara una reunión con todos los involucrados.

A su turno, en W Radio, ella, Amanda Castillo, dijo ayer, luego de un prolongado silencio (con este periódico no quiso hablar), que no, que su colegio no discrimina, que no hay acoso, que “siempre respetamos la intimidad de los seres humanos y jamás hubo presión y discriminación por ser homosexual”. No, no y no.

A su turno, las autoridades se pronunciaron a primera hora: el Ministerio de Educación, en voz de su titular, Gina Parody, lamentó el hecho y anunció sanciones, investigaciones; Carlos Eduardo Valdés, del Instituto de Medicina Legal, dijo que en el cuerpo del joven no se encontraron rastros de alcohol o, dicho en su propio lenguaje, que “se realizaron estudios toxicológicos, los cuales arrojaron negativo”. Ahora todos piden acción, hechos contundentes, reacciones institucionales.

Todo eso, rápido y expreso: todo lo que faltó cuando el muchacho estaba vivo. Nada dijo, por ejemplo, la secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero, ante la queja que elevó la madre de Urrego el 1º de julio (¡el 1º de julio!) en contra del colegio por los supuestos cobros arbitrarios allí impuestos y por la discriminación que tuvo su hijo por haber manifestado un gusto, una preferencia. Nada dijeron, tampoco, los fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata de Engativá por la denuncia que existía de acoso sexual contra Urrego por parte de los padres de su compañero: a saber, un niño de 16 años que acosa sexualmente a otro de su misma edad. Un absurdo que merecía atención inmediata, algo afín al nombre de la entidad. No quisieron esclarecer la situación de lo que estaba ocurriendo ni se manifestaron en manera alguna.

Así las cosas, independientemente de lo que las autoridades (ahora sí) terminen por probar, lo que tenemos aquí es nada menos que el fracaso de nuestra sociedad. En mayúscula. La incapacidad de un joven de vivir a plenitud su sexualidad. El suicidio que llegó acaso como símbolo o como protesta o como desesperación y solución final. Dan igual a esta hora las interpretaciones. Acá nos encontramos inmersos en el capítulo grande de este país: promover un trato diferenciado a una persona, dependiendo de su condición. Sergio Urrego murió en el intento. Este país ha fracasado.