Mujeres y conflicto

En este encuentro se reconoció por fin que ellas viven la guerra de una forma diferente y que la violencia sexual, la trata de blancas, la prostitución, el embarazo y la esterilización forzada son armas de guerra que infunden terror y dominio, y no meros daños colaterales de enfrentamientos de mayor escala. También se reconoció que no había políticas estatales serias para disminuir la violencia de género y que la representación de las mujeres en el poder, incluso en el mismo organismo de las Naciones Unidas, era minoritaria. Finalmente se aceptó que la perspectiva de las mujeres en los procesos de desarme y desmovilización era imprescindible y no un asunto opcional de ánimo inclusivo, como por largo tiempo se sostuvo.

Estos reconocimientos fueron recogidos en la Resolución 1325 del mismo mes, que significó metas concretas tanto para el organismo como para los países miembros. No obstante, los resultados diez años después son todavía insatisfactorios, incluso dentro de las Naciones Unidas, donde la participación de las mujeres en los altos cargos apenas alcanza el 30%. Por su reducida influencia no sorprende entonces que, por ejemplo, Unifem, uno de los principales organismos que se ocupan de la mujer, reciba alrededor de 45 millones de dólares anuales, mientras Unicef recibe 2 billones para ocuparse de los niños y el PNUD 4 billones para ocuparse de los gobiernos. La comparación, en principio insensata si se considera que las mujeres constituyen la mitad de la población mundial, demuestra la todavía precaria importancia que se le atribuye y el poco rechazo al maltrato de la mujer en el mundo.

En Colombia las cifras son escabrosas. Según Medicina Legal, durante 2008 se produjeron 18.300 informes de abusos sexuales a mujeres y se valoraron 1.572 probables víctimas de delito sexual al mes, esto es, dos cada hora. Para el mismo año se estimó un promedio de tres mujeres asesinadas por día, tasa que se mantuvo en 2009 y junto con ella los 12.142 casos de desplazamiento forzado y la lista de testimonios como el siguiente: “Era de noche. Llegaron dos hombres armados (…) se llevaron a mi esposo fuera de la casa (…) Uno de ellos me amenazó con matarme si no me dejaba. Me quitó la ropa, me tapó la boca y me forzó. Me violó. Luego me dijo que me vistiera. También dijo: Acá no pasó nada, las mujeres, al fin y al cabo, son para esto’”.

El panorama, sin embargo, no es del todo oscuro. Según Margarita Botero, directora de Unifem Colombia, la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia y leyes como la de tierras y la de víctimas representan un buen tiempo para la mujer. De aquí la importancia de la “Semana Mujeres, Liderazgo, Justicia, Paz y Seguridad”, de entrada libre, que tendrá inicio hoy y que busca identificar los retos y avances que en esta materia tiene la sociedad colombiana, con la participación del Gobierno, el Ministerio Público, las altas cortes, la academia y las víctimas. Es fundamental que se utilice este encuentro, en conmemoración a los diez años de la Resolución 1325, para volver a centrar los esfuerzos en los compromisos contraídos con las mujeres, en especial ahora que Colombia quiso estar en el Consejo de Seguridad. Mal le quedaría vanagloriarse de su pertenencia sin dar resultados en las materias que se reglamentan.

En este encuentro se reconoció por fin que ellas viven la guerra de una forma diferente y que la violencia sexual, la trata de blancas, la prostitución, el embarazo y la esterilización forzada son armas de guerra que infunden terror y dominio, y no meros daños colaterales de enfrentamientos de mayor escala. También se reconoció que no había políticas estatales serias para disminuir la violencia de género y que la representación de las mujeres en el poder, incluso en el mismo organismo de las Naciones Unidas, era minoritaria. Finalmente se aceptó que la perspectiva de las mujeres en los procesos de desarme y desmovilización era imprescindible y no un asunto opcional de ánimo inclusivo, como por largo tiempo se sostuvo.

Estos reconocimientos fueron recogidos en la Resolución 1325 del mismo mes, que significó metas concretas tanto para el organismo como para los países miembros. No obstante, los resultados diez años después son todavía insatisfactorios, incluso dentro de las Naciones Unidas, donde la participación de las mujeres en los altos cargos apenas alcanza el 30%. Por su reducida influencia no sorprende entonces que, por ejemplo, Unifem, uno de los principales organismos que se ocupan de la mujer, reciba alrededor de 45 millones de dólares anuales, mientras Unicef recibe 2 billones para ocuparse de los niños y el PNUD 4 billones para ocuparse de los gobiernos. La comparación, en principio insensata si se considera que las mujeres constituyen la mitad de la población mundial, demuestra la todavía precaria importancia que se le atribuye y el poco rechazo al maltrato de la mujer en el mundo.

En Colombia las cifras son escabrosas. Según Medicina Legal, durante 2008 se produjeron 18.300 informes de abusos sexuales a mujeres y se valoraron 1.572 probables víctimas de delito sexual al mes, esto es, dos cada hora. Para el mismo año se estimó un promedio de tres mujeres asesinadas por día, tasa que se mantuvo en 2009 y junto con ella los 12.142 casos de desplazamiento forzado y la lista de testimonios como el siguiente: “Era de noche. Llegaron dos hombres armados (…) se llevaron a mi esposo fuera de la casa (…) Uno de ellos me amenazó con matarme si no me dejaba. Me quitó la ropa, me tapó la boca y me forzó. Me violó. Luego me dijo que me vistiera. También dijo: Acá no pasó nada, las mujeres, al fin y al cabo, son para esto’”.

El panorama, sin embargo, no es del todo oscuro. Según Margarita Botero, directora de Unifem Colombia, la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia y leyes como la de tierras y la de víctimas representan un buen tiempo para la mujer. De aquí la importancia de la “Semana Mujeres, Liderazgo, Justicia, Paz y Seguridad”, de entrada libre, que tendrá inicio hoy y que busca identificar los retos y avances que en esta materia tiene la sociedad colombiana, con la participación del Gobierno, el Ministerio Público, las altas cortes, la academia y las víctimas. Es fundamental que se utilice este encuentro, en conmemoración a los diez años de la Resolución 1325, para volver a centrar los esfuerzos en los compromisos contraídos con las mujeres, en especial ahora que Colombia quiso estar en el Consejo de Seguridad. Mal le quedaría vanagloriarse de su pertenencia sin dar resultados en las materias que se reglamentan.