El desastre en la elección de alcalde para Santa Marta es una falla en la democracia y una muestra de cómo las lagunas jurídicas producen efectos reales perversos en la vida de las personas. Aunque 85.500 personas votaron a favor de la candidatura de Jorge Agudelo, el nuevo alcalde de la ciudad es Carlos Pinedo, quien ganó unos 200 votos menos que los del aparente ganador. Entender cómo ocurrió este problema implica pasar por la pugna entre Procuraduría y Presidencia sobre una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), ver los tropiezos de un proyecto político que se quiso construir a punta de encumbrar familiares, como le pasó a Fuerza Ciudadana, y estrellarse con decisiones de jueces en instancia de tutela que se contradicen entre sí y tardan demasiado en tomar sus decisiones. En el medio también queda el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que se robó los reflectores durante las pasadas elecciones. ¿Cómo se construye legitimidad en las urnas si los votos de las personas terminan siendo anulados?
En el concurso de culpas, la primera y tal vez más importante le corresponde al partido Fuerza Ciudadana. A pesar de estar advertidos sobre la inhabilidad de su candidata a la alcaldía de Santa Marta, insistieron en registrar a Carmen Patricia Caicedo, hermana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. No es extraño ese acto de arrogancia: el exgobernador del Magdalena les hizo trampa a sus electores renunciando anticipadamente a su cargo público para hacer campaña abierta y que su grupo permaneciera en el poder. Lo mismo pretendían hacer en la capital del Magdalena, pero Carmen Patricia Caicedo no podía ser candidata por su relación con el gobernador y porque otro de sus familiares fue ordenador de gasto en Santa Marta. Pasó, entonces, lo que estaba predicho: el CNE anuló la candidatura de Caicedo.
Sin embargo, el desastre apenas estaba comenzando. Aunque el plazo máximo para registrar candidatos era el 29 de septiembre, Fuerza Ciudadana inscribió a Jorge Agudelo a tan solo 17 días antes de las elecciones, el 12 de octubre. Es decir, se trató de una inscripción que nació para ser anulada, pero un juez en instancia de tutela dijo que sí era válida, lo que llevó al CNE a aprobarla. Por eso Agudelo apareció en el tarjetón y en el preconteo recibió los votos que lo nombraban como nuevo alcalde. Sin embargo, mientras se realizaba el escrutinio que de por sí estaba tenso por la poca diferencia en votos entre Agudelo y Pinedo, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta falló en segunda instancia la tutela de inscripción de Agudelo diciendo lo obvio: que las normas electorales deben respetase, algo que la campaña de Fuerza Ciudadana no hizo, y que esa inscripción quedaba anulada y sus votos se contarían como no marcados. La respuesta fue inmediata, pues mientras la Comisión Escrutadora nombró alcalde a Pinedo, hubo disturbios en Santa Marta y hasta el presidente Gustavo Petro escribió que “en Santa Marta se respeta el voto popular, así se disparen armas”.
No se les puede pedir a las personas que vayan a las urnas y sus votos no sean contados. Lo más justo sería repetir la elección con candidatos válidos, pero la realidad es que esto se estancará durante años en tribunales. La Corte Constitucional debe seleccionar esta tutela para sentar precedente y el Gobierno debe acelerar la reforma a la Procuraduría y al régimen de inhabilidades para que en cuatro años no estemos repitiendo esta historia.
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El desastre en la elección de alcalde para Santa Marta es una falla en la democracia y una muestra de cómo las lagunas jurídicas producen efectos reales perversos en la vida de las personas. Aunque 85.500 personas votaron a favor de la candidatura de Jorge Agudelo, el nuevo alcalde de la ciudad es Carlos Pinedo, quien ganó unos 200 votos menos que los del aparente ganador. Entender cómo ocurrió este problema implica pasar por la pugna entre Procuraduría y Presidencia sobre una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), ver los tropiezos de un proyecto político que se quiso construir a punta de encumbrar familiares, como le pasó a Fuerza Ciudadana, y estrellarse con decisiones de jueces en instancia de tutela que se contradicen entre sí y tardan demasiado en tomar sus decisiones. En el medio también queda el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que se robó los reflectores durante las pasadas elecciones. ¿Cómo se construye legitimidad en las urnas si los votos de las personas terminan siendo anulados?
En el concurso de culpas, la primera y tal vez más importante le corresponde al partido Fuerza Ciudadana. A pesar de estar advertidos sobre la inhabilidad de su candidata a la alcaldía de Santa Marta, insistieron en registrar a Carmen Patricia Caicedo, hermana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. No es extraño ese acto de arrogancia: el exgobernador del Magdalena les hizo trampa a sus electores renunciando anticipadamente a su cargo público para hacer campaña abierta y que su grupo permaneciera en el poder. Lo mismo pretendían hacer en la capital del Magdalena, pero Carmen Patricia Caicedo no podía ser candidata por su relación con el gobernador y porque otro de sus familiares fue ordenador de gasto en Santa Marta. Pasó, entonces, lo que estaba predicho: el CNE anuló la candidatura de Caicedo.
Sin embargo, el desastre apenas estaba comenzando. Aunque el plazo máximo para registrar candidatos era el 29 de septiembre, Fuerza Ciudadana inscribió a Jorge Agudelo a tan solo 17 días antes de las elecciones, el 12 de octubre. Es decir, se trató de una inscripción que nació para ser anulada, pero un juez en instancia de tutela dijo que sí era válida, lo que llevó al CNE a aprobarla. Por eso Agudelo apareció en el tarjetón y en el preconteo recibió los votos que lo nombraban como nuevo alcalde. Sin embargo, mientras se realizaba el escrutinio que de por sí estaba tenso por la poca diferencia en votos entre Agudelo y Pinedo, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta falló en segunda instancia la tutela de inscripción de Agudelo diciendo lo obvio: que las normas electorales deben respetase, algo que la campaña de Fuerza Ciudadana no hizo, y que esa inscripción quedaba anulada y sus votos se contarían como no marcados. La respuesta fue inmediata, pues mientras la Comisión Escrutadora nombró alcalde a Pinedo, hubo disturbios en Santa Marta y hasta el presidente Gustavo Petro escribió que “en Santa Marta se respeta el voto popular, así se disparen armas”.
No se les puede pedir a las personas que vayan a las urnas y sus votos no sean contados. Lo más justo sería repetir la elección con candidatos válidos, pero la realidad es que esto se estancará durante años en tribunales. La Corte Constitucional debe seleccionar esta tutela para sentar precedente y el Gobierno debe acelerar la reforma a la Procuraduría y al régimen de inhabilidades para que en cuatro años no estemos repitiendo esta historia.
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