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Lo que ocurrió en Puerto Leguízamo, Putumayo, necesita ser verificado con expertos independientes e idealmente con la presencia de algún organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o alguna oficina de la Organización para las Naciones Unidas (ONU). Mientras el Ejército Nacional y el ministro de Defensa, Diego Molano, insisten en que se trató de un operativo militar que dio con la muerte de 11 disidentes de las Farc, la comunidad ha denunciado que por lo menos siete de las personas muertas eran civiles que estaban en un bazar. Ante las dudas y el abismo que existe entre ambas interpretaciones posibles sobre la mesa, las autoridades deben apoyar una investigación autónoma que arroje respuestas cuanto antes.
Necesitamos saber qué pasó. El 28 de marzo, en un bazar en la vereda El Remanso, en el departamento del Putumayo, el Ejército realizó un operativo. Según la versión oficial, las 11 personas muertas pertenecían a las disidencias de las Farc. El Ministerio de Defensa divulgó un video confuso en el que se ven personas altamente armadas y uniformadas en el presunto lugar del bazar, pero no aclara mucho. Mientras tanto, sin embargo, organizaciones sociales de la zona insisten en que se trató de un posible “falso positivo”: personas sin relación con el conflicto presentadas como bajas en combate. Dada la historia reciente y no tan reciente de Colombia, esas acusaciones tienen que ser investigadas.
Al cierre de esta edición, los cuerpos de personas dentro de la comunidad han sido identificados como muertos en el operativo del Ejército. Por ejemplo, murieron Pablo Panduro Coquinche (autoridad indígena), Divier Hernández (presidente de la Junta de Acción Comunal) y su esposa, Ana María Sarria. Brayan Parra, joven de 16 años, también murió en el operativo. Hablando con Caracol Radio, su madre, Rosita Pianda, dijo: “En este momento pido justicia por mi hijo, que era menor de edad y mi hijo no tiene que ver nada de lo que lo acusan”. También en W Radio se conoció, el fin de semana, la invitación al bazar que la comunidad dice que estaba celebrando.
El Gobierno se ha mantenido en su versión. El ministro Molano dijo que el “operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros”. Es necesaria la pregunta: ¿por qué tanta diferencia entre la versión oficial y la denuncia por organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos?
La existencia de tantas dudas merece un cambio de tono por parte del Gobierno y la apertura del Ejército a permitir una verificación externa de lo ocurrido. Sabemos que la zona del operativo es de fuerte influencia de las disidencias de las Farc y de grupos del narcotráfico. Desde el 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido siete alertas tempranas sobre la violencia en ese territorio y no parece haber solución a la vista. Sin embargo, cuando la comunidad hace denuncias tan graves, es fundamental que sea escuchada y sobre todo que las respuestas dadas se hagan con toda la claridad posible.
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