Necesitamos saber qué ocurrió con Dimar Torres

Un desmovilizado de las Farc murió por una bala del Ejército Nacional y tanto el Ministerio de Defensa como la Fiscalía deben actuar con vehemencia y celeridad para esclarecer los hechos. Son muy preocupantes los testimonios de la comunidad de la zona, que responsabilizan a uniformados del Ejército colombiano, y aunque por supuesto es necesario esperar a que se esclarezcan los hechos, no hemos sentido en la reacción de las autoridades la contundencia que se esperaría ante un hecho de tal magnitud.

Dentro de todas las promesas que el Estado colombiano hizo en el Acuerdo de Paz de La Habana, hay una en particular que es, quizás, la esencial: la garantía dada a todos los exguerrilleros de que una vez abandonadas las armas y ya en la legalidad serán protegidos. Por eso, que un desmovilizado haya muerto en hechos que involucran a miembros de la fuerza pública es sumamente grave.

Los hechos ocurrieron en la vereda Campo Alegre, ubicada en Convención (Norte de Santander). Según testimonios de los habitantes de la zona, la comunidad escuchó disparos, encontró el cuerpo de Dimar Torres, excombatiente de las Farc, y lo custodió hasta que llegaron las autoridades. Ellos culpan al Ejército. El senador de la FARC Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada) lo explicó así: “El hecho fue perpetrado por una patrulla del Ejército; eso ya está plenamente establecido gracias a la reacción inmediata de los habitantes de esa vereda que increparon a la patrulla, la cual negó que lo tenían en su poder. Por tal motivo, estas personas penetraron al campamento donde estaban acantonados los uniformados y encontraron, primero, la fosa que se estaba cavando para enterrar y desaparecer a este compañero. Luego hallaron el cadáver en el predio donde está ubicado el Ejército”.

Esas son acusaciones muy preocupantes. Por supuesto, nada está probado y los uniformados tienen derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Sin embargo, son muestras de que la investigación tiene que resolverse lo más pronto posible.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le confirmó a Blu Radio que Torres murió por una bala del Ejército. La versión del militar involucrado en los hechos es que Torres intentó quitarle el fusil y, como dijo Botero, “en la refriega se disparó el fusil, esta persona quedó herida y posteriormente falleció”. También anunció que el CTI de la Fiscalía ya se encuentra realizando las pesquisas pertinentes. Por su parte, el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército, manifestó que “avanzamos en las investigaciones para que se esclarezca este lamentablemente suceso (...) son hechos que no se pueden presentar”.

El rechazo por parte del general es bien recibido, pero queda el sinsabor de que tanto el Ejército como el Ministerio de Defensa no le han dado la importancia adecuada a lo ocurrido. Tampoco en el debate público nacional se ha discutido lo suficiente este hecho gravísimo que puede poner en riesgo el Acuerdo de Paz y los futuros procesos de reinserción.

Si el Estado no les puede garantizar la seguridad a los desmovilizados, ¿cómo va a conseguir que tantas personas que aún hoy siguen armadas y al margen de la ley abandonen la violencia? Si se trató, en cambio, de una agresión contra los militares que fue respondida de manera proporcional, también necesitamos saberlo para que no se fomente la desconfianza en la comunidad. Necesitamos saber qué ocurrió.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.

Nota del director 2: Este texto fue editado después de publicado para modificar la alusión de "alias" a Julián Gallo, pues aunque no quiere decir nada diferente de "apodado" su uso en tiempos de guerra le impuso a esta palabra una fuerte carga semántica que no contribuye a "desarmar" el lenguaje.

Un desmovilizado de las Farc murió por una bala del Ejército Nacional y tanto el Ministerio de Defensa como la Fiscalía deben actuar con vehemencia y celeridad para esclarecer los hechos. Son muy preocupantes los testimonios de la comunidad de la zona, que responsabilizan a uniformados del Ejército colombiano, y aunque por supuesto es necesario esperar a que se esclarezcan los hechos, no hemos sentido en la reacción de las autoridades la contundencia que se esperaría ante un hecho de tal magnitud.

Dentro de todas las promesas que el Estado colombiano hizo en el Acuerdo de Paz de La Habana, hay una en particular que es, quizás, la esencial: la garantía dada a todos los exguerrilleros de que una vez abandonadas las armas y ya en la legalidad serán protegidos. Por eso, que un desmovilizado haya muerto en hechos que involucran a miembros de la fuerza pública es sumamente grave.

Los hechos ocurrieron en la vereda Campo Alegre, ubicada en Convención (Norte de Santander). Según testimonios de los habitantes de la zona, la comunidad escuchó disparos, encontró el cuerpo de Dimar Torres, excombatiente de las Farc, y lo custodió hasta que llegaron las autoridades. Ellos culpan al Ejército. El senador de la FARC Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada) lo explicó así: “El hecho fue perpetrado por una patrulla del Ejército; eso ya está plenamente establecido gracias a la reacción inmediata de los habitantes de esa vereda que increparon a la patrulla, la cual negó que lo tenían en su poder. Por tal motivo, estas personas penetraron al campamento donde estaban acantonados los uniformados y encontraron, primero, la fosa que se estaba cavando para enterrar y desaparecer a este compañero. Luego hallaron el cadáver en el predio donde está ubicado el Ejército”.

Esas son acusaciones muy preocupantes. Por supuesto, nada está probado y los uniformados tienen derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Sin embargo, son muestras de que la investigación tiene que resolverse lo más pronto posible.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le confirmó a Blu Radio que Torres murió por una bala del Ejército. La versión del militar involucrado en los hechos es que Torres intentó quitarle el fusil y, como dijo Botero, “en la refriega se disparó el fusil, esta persona quedó herida y posteriormente falleció”. También anunció que el CTI de la Fiscalía ya se encuentra realizando las pesquisas pertinentes. Por su parte, el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército, manifestó que “avanzamos en las investigaciones para que se esclarezca este lamentablemente suceso (...) son hechos que no se pueden presentar”.

El rechazo por parte del general es bien recibido, pero queda el sinsabor de que tanto el Ejército como el Ministerio de Defensa no le han dado la importancia adecuada a lo ocurrido. Tampoco en el debate público nacional se ha discutido lo suficiente este hecho gravísimo que puede poner en riesgo el Acuerdo de Paz y los futuros procesos de reinserción.

Si el Estado no les puede garantizar la seguridad a los desmovilizados, ¿cómo va a conseguir que tantas personas que aún hoy siguen armadas y al margen de la ley abandonen la violencia? Si se trató, en cambio, de una agresión contra los militares que fue respondida de manera proporcional, también necesitamos saberlo para que no se fomente la desconfianza en la comunidad. Necesitamos saber qué ocurrió.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

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Nota del director 2: Este texto fue editado después de publicado para modificar la alusión de "alias" a Julián Gallo, pues aunque no quiere decir nada diferente de "apodado" su uso en tiempos de guerra le impuso a esta palabra una fuerte carga semántica que no contribuye a "desarmar" el lenguaje.