Negociar es posible, pero sin intransigencias

Una semana cumplen los bloqueos a la vía Panamericana, en el suroccidente del país, como parte de una minga con la que miles de indígenas esperan que se reabra el diálogo con el Gobierno para discutir sobre acuerdos pactados con administraciones anteriores y que, por lo que se conoce, no se han cumplido.

Más allá de las graves afectaciones a la movilidad y la seguridad, la situación es mucho más honda y reviste una complejidad histórica. El malestar de los pueblos indígenas arrastra una deuda marcada por la desidia estatal y las promesas incumplidas por muchos gobiernos anteriores. A esto se suman exigencias sobre la partida presupuestal asignada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y otras preocupaciones, como el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, retomar el diálogo con el Eln, la defensa del medio ambiente, la prohibición del fracking, la adjudicación de tierras y el derecho a la consulta previa sobre proyectos extractivos en sus territorios.

Por su parte, el presidente Duque ha dicho que en el pasado se hicieron “acuerdos imposibles, acuerdos multimillonarios que el Estado firma sin tener la capacidad de cumplir”. Sin embargo, ha insistido también en que está dispuesto a “escuchar a las minorías, apelando al diálogo en el marco de la institucionalidad”. Tiene razón.

Lo más lógico y beneficioso para todas las partes es sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo. El Gobierno ha demostrado la disposición, ha abierto espacios y —más allá de que la minga haya exigido, no sin una buena dosis de intransigencia, la presencia obligada del presidente— anunció que esta semana enviará una nueva comisión al departamento del Cauca que se reunirá con los representantes de las comunidades.

En ese sentido, los líderes de la minga, que reúne a unos 20.000 indígenas de los departamentos del Cauca, Valle, Huila, Caldas y Antioquia, deben estar dispuestos a concertar y ser realistas en sus peticiones, más que enumerar una lista interminable de agravios y exigencias. Ya hay un punto de partida y, a diferencia de otras ocasiones, una propuesta concreta y nada despreciable de parte del Gobierno, que es la inclusión, por primera vez, de un capítulo indígena en el PND con la asignación de $10 billones para este cuatrienio.

El malestar es comprensible y las protestas no son gratuitas, pero las vías de hecho, como una medida de ejercer presión que afecta gravemente el bienestar general, no son el camino y podrían resultar contraproducentes para los propios intereses de la minga y de un acuerdo viable que no termine en promesas vacías lanzadas al aire para calmar los ánimos, como ha sucedido en el pasado.

Dicho esto, la protesta social y la defensa de los derechos son un acto político válido, dentro de los límites del respeto a los derechos de los demás, que no debe ser estigmatizado. Es lamentable que los enfrentamientos violentos entre la Fuerza Pública y los indígenas hayan resultado en un patrullero de la policía muerto el día de ayer. Cualquier acto de violencia debe ser rechazado tajantemente y hacemos un llamado a que la intervención de las autoridades se haga con todas las garantías, sin vulnerar la seguridad ni los derechos de las comunidades.

Es imperativo conjurar la crisis, pero no podemos perder de vista que este no es un simple problema de orden público: se trata de una necesidad social que por años ha sido desatendida. La única solución es poner sobre la mesa tanto exigencias como concesiones posibles para llegar a un acuerdo común que nos lleve a una solución pacífica.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Una semana cumplen los bloqueos a la vía Panamericana, en el suroccidente del país, como parte de una minga con la que miles de indígenas esperan que se reabra el diálogo con el Gobierno para discutir sobre acuerdos pactados con administraciones anteriores y que, por lo que se conoce, no se han cumplido.

Más allá de las graves afectaciones a la movilidad y la seguridad, la situación es mucho más honda y reviste una complejidad histórica. El malestar de los pueblos indígenas arrastra una deuda marcada por la desidia estatal y las promesas incumplidas por muchos gobiernos anteriores. A esto se suman exigencias sobre la partida presupuestal asignada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y otras preocupaciones, como el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, retomar el diálogo con el Eln, la defensa del medio ambiente, la prohibición del fracking, la adjudicación de tierras y el derecho a la consulta previa sobre proyectos extractivos en sus territorios.

Por su parte, el presidente Duque ha dicho que en el pasado se hicieron “acuerdos imposibles, acuerdos multimillonarios que el Estado firma sin tener la capacidad de cumplir”. Sin embargo, ha insistido también en que está dispuesto a “escuchar a las minorías, apelando al diálogo en el marco de la institucionalidad”. Tiene razón.

Lo más lógico y beneficioso para todas las partes es sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo. El Gobierno ha demostrado la disposición, ha abierto espacios y —más allá de que la minga haya exigido, no sin una buena dosis de intransigencia, la presencia obligada del presidente— anunció que esta semana enviará una nueva comisión al departamento del Cauca que se reunirá con los representantes de las comunidades.

En ese sentido, los líderes de la minga, que reúne a unos 20.000 indígenas de los departamentos del Cauca, Valle, Huila, Caldas y Antioquia, deben estar dispuestos a concertar y ser realistas en sus peticiones, más que enumerar una lista interminable de agravios y exigencias. Ya hay un punto de partida y, a diferencia de otras ocasiones, una propuesta concreta y nada despreciable de parte del Gobierno, que es la inclusión, por primera vez, de un capítulo indígena en el PND con la asignación de $10 billones para este cuatrienio.

El malestar es comprensible y las protestas no son gratuitas, pero las vías de hecho, como una medida de ejercer presión que afecta gravemente el bienestar general, no son el camino y podrían resultar contraproducentes para los propios intereses de la minga y de un acuerdo viable que no termine en promesas vacías lanzadas al aire para calmar los ánimos, como ha sucedido en el pasado.

Dicho esto, la protesta social y la defensa de los derechos son un acto político válido, dentro de los límites del respeto a los derechos de los demás, que no debe ser estigmatizado. Es lamentable que los enfrentamientos violentos entre la Fuerza Pública y los indígenas hayan resultado en un patrullero de la policía muerto el día de ayer. Cualquier acto de violencia debe ser rechazado tajantemente y hacemos un llamado a que la intervención de las autoridades se haga con todas las garantías, sin vulnerar la seguridad ni los derechos de las comunidades.

Es imperativo conjurar la crisis, pero no podemos perder de vista que este no es un simple problema de orden público: se trata de una necesidad social que por años ha sido desatendida. La única solución es poner sobre la mesa tanto exigencias como concesiones posibles para llegar a un acuerdo común que nos lleve a una solución pacífica.

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