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Nos abstuvimos de opinar al calor de los atropellados acontecimientos que provocó la discutida decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de otorgarle la garantía de no extradición al exguerrillero conocido como Jesús Santrich, hecho que provocó la renuncia irrevocable del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Y lo hicimos porque el estremecimiento institucional que estos hechos han generado lo primero que necesita es un poco de cabeza fría para dimensionar adecuadamente sus alcances.
Hoy, pasadas unas horas y aunque el oleaje sea todavía amenazante, queremos insistir en que no se actúe con apresuramientos. Por grave que se vea el panorama, contrario al desmoronamiento institucional que se pregona, lo que observamos es la operación de unas instituciones fuertes e independientes, por muy en desacuerdo que estén entre sí.
Sí, esta decisión de la JEP es discutible. Pero ella es la entidad diseñada para tomarla y tiene razones jurídicas de peso que la sustentan. Un concepto diferente tiene la Procuraduría General de la Nación, que ha anunciado ya que apelará la decisión, pues considera que existen pruebas suficientes de que los hechos por los que se investiga a Santrich sucedieron después de firmarse el Acuerdo de Paz y, en consecuencia, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia definir su extradición. ¿No es esta una prueba irrefutable del equilibrio de poderes funcionando por medio de las distintas instituciones?
Un camino bien diferente eligió el fiscal general de la Nación. Válido que, si no logró aportar las pruebas contundentes que aún hoy dice haber presentado, decida retirarse de su cargo. Encomiable, incluso, que si no estuvo de acuerdo con los compromisos que asumió el Estado con las Farc para su desmovilización, se retire porque no logró cambiar lo negociado. Pero que, en lugar de acatar las decisiones judiciales y obrar dentro del Estado de derecho que dice defender con su renuncia, haya escogido dar un manotazo sobre la mesa para dejar un manto de duda sobre la institucionalidad y sobre el Acuerdo de Paz, llamando incluso a una movilización ciudadana en su contra, no tiene presentación.
A todos, como a él, nos preocupa el poder perverso del narcotráfico en el país, pero achacarle el fracaso en esa lucha al proceso de paz resulta oportunista y malintencionado. Y dejar la idea de que el país quedó en manos de la criminalidad con su salida forzada es una exageración presuntuosa y desconsiderada con los representantes de la justicia colombiana, incluida la Fiscalía misma que representó durante todos estos años.
Con todo, frente al panorama de caos sin salida que surgió con el anuncio de su retiro, en sentido estricto no ha sucedido nada diferente que el paso al costado de un funcionario que perdió una dura batalla en la marcha natural de un sano equilibrio de poderes. Eso no es motivo para desestabilizar las instituciones ni decirle al país que hay que derrumbar la justicia transicional.
Nos repetimos: la JEP, creada a partir de un compromiso del Estado colombiano, tomó una decisión bajo las reglas acordadas por ese mismo Estado. Los colombianos pueden cuestionar el criterio empleado por los magistrados, pero el presupuesto básico es que la justicia se respeta. Querer sacar de contexto la decisión y sugerir que se trata de un golpe al Estado de derecho es, bueno, pura politiquería barata.
Sin apresuramientos, entonces. Ni catástrofe ni regeneración. Bien por el presidente Iván Duque al reiterar su respeto a la institucionalidad y por convocar a los líderes de todas las fuerzas políticas. Mal por quienes pescan en río revuelto para sugerir una constituyente que dé al traste con el Acuerdo de Paz. El momento está lleno de desafíos complejos, pero tenemos unas instituciones, imperfectas pero fuertes, trabajando dentro de los límites del Estado de derecho y eso, hoy en este mundo, no deja de ser un lujo que debemos proteger.
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