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Ningún camino debe llevar a la intervención militar en Venezuela. Aunque Donald Trump está utilizando su presidencia de Estados Unidos para amenazar al régimen de Nicolás Maduro con un golpe de Estado, Colombia y la comunidad de países no pueden aceptar ese tipo de despropósito en la región. La única salida es la presión diplomática.
Ayer, reunido con el presidente Iván Duque, Trump dijo que el régimen de Maduro “francamente podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso”. Se trata de un ligero ajuste a su discurso, pues ya no habla de enviar tropas estadounidenses, sino de ver con buenos ojos una rebelión en las fuerzas armadas venezolanas. Sin embargo, el presidente estadounidense dijo que no ha descartado del todo la opción militar.
Lo que para un mandatario de la personalidad de Trump puede tratarse de un escenario emocionante y sencillo, una guerra más en un país del que poco sabe y que está en una región que no ocupa el centro de sus preocupaciones, para los vecinos de Venezuela y para los venezolanos sería una catástrofe que hubiera ese tipo de intervención.
Una invasión se sabe cómo inicia, pero no cómo termina. ¿Estamos preparados para lidiar con una Venezuela convertida en un escenario equiparable al de Irak? ¿Y si el país vecino decide atacar a Colombia como retaliación por haber colaborado en la invasión? ¿Estamos dispuestos a otra guerra con repercusiones nefastas? ¿Queremos que la tragedia humanitaria se multiplique? ¿Estamos dispuestos a asumir los enormes costos sociales y económicos que implica un conflicto internacional? ¿Qué harán, además, los países aliados de Venezuela?
Por donde se le mire, la supuesta “opción militar” no es más que un ejercicio de arrogancia que no tiene en cuenta las necesidades de la región.
La posición adecuada —la única, en realidad— es la que ha venido adoptando el presidente Duque. En Nueva York, el mandatario colombiano dijo que “el mundo necesita que haya un verdadero y efectivo cerco diplomático para que pueda terminar esta dictadura y retornen las libertades y la democracia a Venezuela. Nuestro discurso no es belicista, pero sí hacemos un llamado a la comunidad internacional para que denuncie y aplique todas las sanciones que sean necesarias”. Es un alivio que el presidente se desmarque de las irresponsables declaraciones realizadas por su embajador en EE. UU., Francisco Santos.
La presión diplomática y una denuncia ante la Corte Penal Internacional son los únicos mecanismos legales con los que cuenta la comunidad internacional. Asfixiar al régimen hasta que se derrumbe.
Esa es, además, la posición que otros países de la región han adoptado. No en vano 11 países del Grupo de Lima, creado para denunciar el rompimiento institucional en Venezuela, rechazaron “cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar” y promovieron “una salida pacífica y negociada”.
Los crímenes de lesa humanidad en Venezuela son dolorosos y la situación es insostenible. El pueblo de ese país necesita un alivio. Pero la guerra no es la solución.
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