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La decisión de Karim Khan, fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), de abrir una investigación formal contra Venezuela por delitos de lesa humanidad era un paso esperado desde hace algún tiempo ante las abundantes evidencias existentes. Nicolás Maduro y sus cómplices en los desmanes cometidos por la dictadura venezolana deberán responder ante la máxima instancia mundial para este tipo de atropellos. Es el primer país de América Latina que vive una situación similar y lo que se decida será un ejemplo para la región sobre la tolerancia cero que debe prevalecer frente a estos hechos.
Es tan evidente lo que allí ha sucedido que Maduro, tan locuaz y desobligante ante decisiones que le son adversas, apenas afirmó: “El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase. No compartimos la decisión, pero la respetamos”. Los miles de personas que vienen sufriendo persecución, represión, tortura o exilio por parte de representantes de la dictadura o de los Colectivos —grupos paramilitares auspiciados por el régimen— pueden sentir que se ha dado un nuevo e importante paso que debería concluir con el juzgamiento del actual ocupante del Palacio de Miraflores. No puede ser de otra manera.
La represión indiscriminada que inició el régimen en 2017 contra quienes exigían el retorno a la democracia produjo más de 400 muertos, miles de detenidos y heridos, y muchedumbres que debieron salir al exilio para no ser encarceladas. En ese momento el secretario general de la OEA, Luis Almagro, convocó a un grupo de expertos internacionales ante los cuales rindieron testimonio, con pruebas, decenas de víctimas no solo para que fueran escuchadas sino para que se creara un expediente con todas las declaraciones, el cual fue entregado a Iván Duque, quien, tras asumir la Presidencia de Colombia, presentó formalmente una denuncia contra el régimen de Maduro ante la CPI que fue respaldada por otros gobernantes. La Corte decidió entonces abrir una investigación preliminar en 2018 para indagar lo que estaba sucediendo allí.
Luego, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, realizó sendas visitas al país vecino y, en septiembre del año anterior, presentó un informe de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos, en el cual se acusó a Maduro de crímenes de lesa humanidad al afirmar que “la Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”.
Con estos elementos de juicio, Fatou Bensouda, fiscal saliente de la CPI, dijo a finales del año pasado que había suficientes evidencias sobre la comisión de crímenes que deberían ser investigados y dejaba listo el caso para abrir la investigación preliminar. Su sucesor decidió esperar unos meses y en la visita llevada a cabo esta semana a Caracas determinó en un memorando conjunto, suscrito con el Gobierno, que en el examen preliminar sobre el proceso abierto en 2018 no se ha identificado a “ningún sospechoso ni ningún objetivo”. Explica, además, que la investigación que comenzará ahora tiene por objeto “determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”. De poco valieron los cambios cosméticos que Nicolás Maduro llevó a cabo a última hora, representados en algunas reformas judiciales y en la medida de excarcelación para unos pocos presos políticos, buscando retrasar este paso.
Se espera que, con la colaboración del régimen de Maduro, la CPI deberá determinar los eventuales crímenes de lesa humanidad que se cometieron desde 2017, así como su sistematicidad, pues, como dijo Khan, la anterior fue “una etapa de filtrado a medida que avanzamos hacia esta nueva etapa”. Es hora de encontrar responsables.
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