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Como si no fueran ya demasiado graves las penurias que padecen nuestros vecinos venezolanos, Nicolás Maduro decidió apagar el fuego hiperinflacionario que consume al país con más gasolina. El anuncio de una serie de medidas que buscan paliar el desastre económico en el que tiene sumido al país ha generado más escepticismo y dudas. Mientras Maduro sostiene que “este plan va a funcionar”, el Fondo Monetario Internacional pone la previsión inflacionaria este año en un millón por ciento.
Esta caótica situación, que no es más que la crónica de un desastre anunciado de tiempo atrás, ha generado la salida de más de dos millones y medio de ciudadanos del país vecino. La crisis humanitaria que se vive aquí en Colombia (así como en Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y Costa Rica) es consecuencia del manejo irresponsable de la economía por parte de un régimen que hace agua por todos lados. Todo indica que el mayor beneficiado con la avalancha de migrantes es el propio gobierno. Así logra disminuir la obligación de asegurar alimentos, medicinas, seguridad social y servicios públicos para todos ellos. De igual manera, son cientos de miles de personas que ya no se manifestarán en las calles contra la dictadura que maneja el país. Mientras tanto el chavismo, mediante el llamado “Carnet de la Patria” y de las cajas CLAP (de los Comités Locales de Administración y Producción), subvenciona y premia a quienes se mantienen fieles al gobierno.
A pesar de que Nicolás Maduro continúa afirmando que la causa de todos los males obedece a un plan orquestado por Estados Unidos, con apoyo de Colombia y la oligarquía local, por medio de una supuesta “guerra económica”, lo cierto es que el mal manejo de la bonanza petrolera que vivió el país le está pasando la cuenta de cobro. Una de las medidas para recuperar el apoyo de las clases populares fue elevar el salario mínimo 60 veces. Otra fue la de quitar cinco ceros a la moneda. En adelante, el bolívar soberano, que reemplaza al bolívar fuerte, parece destinado a garantizar una mínima estabilidad en el corto plazo. Para algunos economistas esto al menos les permitirá a las empresas llevar su contabilidad de manera más racional, pues con la hiperinflación actual los sistemas estaban colapsados.
De otro lado, Maduro anunció que si “ellos dolarizaron los precios, ahora yo petrolizo el salario”. Es decir que en adelante el salario mínimo se equiparará al valor del precio del petróleo, con el petro, la criptomoneda que adoptó el gobierno para paliar las sanciones de EE. UU. y la Unión Europea. El valor del petro está en US$60, unos 3.600 bolívares soberanos. Se esperaría así acabar con la emisión permanente de moneda debido a la inflación. Algunos economistas creen que la criptomoneda no genera confianza en el mercado por las propias debilidades que afronta desde su creación. A lo anterior se suma la caída de la producción petrolera en el país, lo que incrementa la incertidumbre.
En cuanto al aumento del salario mínimo, al pasar de tres millones a 180 millones —cerca de US$30 en el mercado negro—, la gran pregunta es cómo evitar el previsible efecto inflacionario en el costo de los diversos productos. En este caso de nuevo el remedio podría terminar siendo mucho más grave que la enfermedad. De otro lado, el gobierno anuncia que habrá un apretón en materia de gasto público, para lograr equilibrar la deficitaria balanza interna. Se cree que es otra promesa fallida, pues el sustento del régimen descansa en el asistencialismo y en mantener contentas a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, que son el real sustento de la dictadura.
Lo único cierto es que si el gobierno no ataca a fondo las verdaderas causas del problema, en pocos meses el resultado de los ajustes será negativo. Falta, además, la pospuesta implementación del aumento de la gasolina, que se convertirá en otro dolor de cabeza adicional para Maduro y su gobierno.
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