Los ataques al gobierno de Gustavo Petro por aprobar el Presupuesto General de la Nación (PGN) vía decreto son infundados. Se trata de una opción que otorga la Constitución Política cuando el Congreso hace lo que precisamente ocurrió: negarse a debatir la propuesta enviada desde la Casa de Nariño. No es un precedente ideal, pues se presta para jugadas políticas cuando la administración de turno no quiera sentarse a dialogar con los legisladores, pero tampoco es el abuso de poder que algunos miembros de la oposición han sugerido. La verdadera pregunta para el presidente y su equipo de ministros es cómo pretenden obtener suficiente apoyo para la necesaria Ley de Financiamiento ahora que hay tanta hostilidad en el Congreso.
Es cierto que estamos en una situación sin precedentes en la historia constitucional moderna en Colombia, pero eso no significa que las normas no nos digan qué hacer. El PGN es quizá la pieza de legislación más importante que se aprueba año tras año. Una vez, Elizabeth Warren, senadora estadounidense, resumió la importancia de este tipo de leyes en una frase clarísima: “Muéstrame tu presupuesto y te mostraré tus principios”. Es verdad. Toda la retórica del mundo se queda corta si el Estado no tiene las herramientas para aterrizarla en la realidad. Sin recursos no hay cambio, por utilizar un término que aplica a la administración actual. Por eso, año tras año, tanto el Congreso como el presidente de turno se sientan a discutir sobre qué es lo posible, para qué hay dinero y, casi tan importante, para qué no lo hay.
Por tratarse de un tema tan importante, la Constitución pide que el PGN salga de un diálogo entre Congreso y Gobierno. Tiene sentido. Pero nuestra carta política también previó que, en caso de que la rama Legislativa decida no dar el debate, el presidente pueda expedir la norma mediante decreto. La razón de ser es que, en últimas, el mandatario de turno es la cabeza de la rama Ejecutiva y tiene la potestad de ordenar el gasto.
¿Expedir el presupuesto por decreto es un acto muy democrático? No. Empero, tampoco es lo que ha dicho la oposición. David Luna, senador de Cambio Radical, dijo que “ahora se avecina una dictadura fiscal”. Ese tipo de lenguaje es irresponsable. ¿Utilizar una herramienta constitucional no es, precisamente, respetar las instituciones? Que al Congreso no le guste es una cosa, pero al tildar cualquier acto presidencial de “dictadura” les falta el respeto a los colombianos y ahonda la polarización.
Ahora, lo innegable sí es que el Gobierno logró aprobar el presupuesto a su antojo sin tener que dialogar con el Congreso. Eso despierta preocupación, pues había críticas razonables a lo planteado. Por ejemplo, el hecho de insistir en un monto desfinanciado que hace necesaria una nueva Ley de Financiamiento. Sobre eso último, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que confía “en una actitud de diálogo y búsqueda de consenso en el debate de la Ley de Financiamiento”. No sabemos qué tan realista sea, después de que se saltaron a los congresistas con el PGN. El problema es que con las finanzas del país no se puede jugar. Es necesario que los diálogos empiecen de manera inmediata y el trámite de la nueva ley sea transparente. El acuerdo nacional no puede ser una promesa que se quede solo en palabras.
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