No es hora de callar ni de seguir agrediendo a Jineth Bedoya
El Estado Colombiano continúa su fracaso ante el terrible caso de Jineth Bedoya al buscar sabotear su proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). La estrategia adoptada ayer por el equipo que representa a Colombia de buscar la recusación de seis de los siete magistrados argumentando falta de garantías procesales, que estuvo acompañada de una salida del recinto, es una agresión más que ha tenido que soportar la valiente periodista. En vez de aprovechar la oportunidad para reconocer errores y ofrecer promesas de reparación, la posición oficial opta por la terquedad. Es un contraste notable con el testimonio de Bedoya, quien ha utilizado su propia experiencia para adelantar múltiples investigaciones que han denunciado las pésimas condiciones dentro de la cárcel La Modelo, así como de la violencia ejercida contra las periodistas en este país.
Se trata de un simbolismo nefasto que el Estado colombiano se retire de una audiencia donde es juzgado por no asumir las responsabilidades que le corresponden. En el año 2000, Bedoya fue a la cárcel La Modelo en medio de su trabajo periodístico. De allí se la llevaron tres hombres identificados como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la retuvieron durante más de 16 horas y cometieron actos de violencia sexual y tortura en su contra.
La pregunta es cómo es posible que eso ocurra en una institución que está bajo control directo y vigilancia del Inpec, una entidad del Estado. ¿Acaso no sabían del riesgo real e inminente que representaba la cárcel? Peor aún, ¿son los rastros que ha ido dejando el proceso sobre participación de agentes del Estado en este crimen lo que ha impedido que el proceso avance más, como lo dejó entrever Jineth en su testimonio ayer? Esas son las preguntas que está entrando a resolver la CorteIDH. Y esa es la respuesta que el Estado colombiano busca obstaculizar con sus recursos jurídicos.
Se trató de una agresión sin precedentes. Como escribió en su cuenta de Twitter Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), “nunca en la historia un Estado se había levantado de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. No solo eso: ¿de verdad la mejor estrategia de defensa ante los crímenes cometidos es intentar sabotear todo el proceso?
Mientras tanto, Bedoya daba clase de contundencia, resiliencia y valentía. Unos días antes de la audiencia, había dicho que “es un momento muy importante para la prensa colombiana. No solo es el caso de una periodista que fue víctima de todos los tipos de violencia, sino la oportunidad para exponer las dificultades que hemos tenido que enfrentar los periodistas para ejercer en Colombia”.
Ayer, frente a los magistrados, la periodista contó cómo “a los autores materiales hemos llegado no por el Estado, sino por nuestras investigaciones periodísticas. Hay tres condenas, pero de los autores intelectuales no hay investigación, aunque están identificados”. También agregó que “la violencia sexual nos quiebra en mil pedazos, pero indudablemente para mí sería reparador clausurar la cárcel La Modelo, donde sistemáticamente se cometen todos los tipos de violaciones a los derechos humanos”. Por eso, utilizando el nombre de la campaña que empezó, no es hora de callar sobre los crímenes ocurridos. El Estado colombiano debería entender esto.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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El Estado Colombiano continúa su fracaso ante el terrible caso de Jineth Bedoya al buscar sabotear su proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). La estrategia adoptada ayer por el equipo que representa a Colombia de buscar la recusación de seis de los siete magistrados argumentando falta de garantías procesales, que estuvo acompañada de una salida del recinto, es una agresión más que ha tenido que soportar la valiente periodista. En vez de aprovechar la oportunidad para reconocer errores y ofrecer promesas de reparación, la posición oficial opta por la terquedad. Es un contraste notable con el testimonio de Bedoya, quien ha utilizado su propia experiencia para adelantar múltiples investigaciones que han denunciado las pésimas condiciones dentro de la cárcel La Modelo, así como de la violencia ejercida contra las periodistas en este país.
Se trata de un simbolismo nefasto que el Estado colombiano se retire de una audiencia donde es juzgado por no asumir las responsabilidades que le corresponden. En el año 2000, Bedoya fue a la cárcel La Modelo en medio de su trabajo periodístico. De allí se la llevaron tres hombres identificados como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la retuvieron durante más de 16 horas y cometieron actos de violencia sexual y tortura en su contra.
La pregunta es cómo es posible que eso ocurra en una institución que está bajo control directo y vigilancia del Inpec, una entidad del Estado. ¿Acaso no sabían del riesgo real e inminente que representaba la cárcel? Peor aún, ¿son los rastros que ha ido dejando el proceso sobre participación de agentes del Estado en este crimen lo que ha impedido que el proceso avance más, como lo dejó entrever Jineth en su testimonio ayer? Esas son las preguntas que está entrando a resolver la CorteIDH. Y esa es la respuesta que el Estado colombiano busca obstaculizar con sus recursos jurídicos.
Se trató de una agresión sin precedentes. Como escribió en su cuenta de Twitter Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), “nunca en la historia un Estado se había levantado de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. No solo eso: ¿de verdad la mejor estrategia de defensa ante los crímenes cometidos es intentar sabotear todo el proceso?
Mientras tanto, Bedoya daba clase de contundencia, resiliencia y valentía. Unos días antes de la audiencia, había dicho que “es un momento muy importante para la prensa colombiana. No solo es el caso de una periodista que fue víctima de todos los tipos de violencia, sino la oportunidad para exponer las dificultades que hemos tenido que enfrentar los periodistas para ejercer en Colombia”.
Ayer, frente a los magistrados, la periodista contó cómo “a los autores materiales hemos llegado no por el Estado, sino por nuestras investigaciones periodísticas. Hay tres condenas, pero de los autores intelectuales no hay investigación, aunque están identificados”. También agregó que “la violencia sexual nos quiebra en mil pedazos, pero indudablemente para mí sería reparador clausurar la cárcel La Modelo, donde sistemáticamente se cometen todos los tipos de violaciones a los derechos humanos”. Por eso, utilizando el nombre de la campaña que empezó, no es hora de callar sobre los crímenes ocurridos. El Estado colombiano debería entender esto.
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