Lo que está ocurriendo con medios y periodistas de Barranquilla muestra no solo el recrudecimiento de la violencia en esa ciudad, sino el temible aumento del poderío de los grupos al margen de la ley. La intimidación a quienes tienen como trabajo denunciar los abusos de poder y los delitos cometidos por los criminales lleva a la autocensura y puede terminar en tragedia. Es una historia que conocemos muy bien en el país. Nos unimos al llamado de intervención urgente de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía y la Fiscalía para garantizar la seguridad de todos los periodistas que han recibido intimidaciones. Esto no puede volver a ocurrir.
El terror llegó a su punto más alto este lunes, cuando seis hombres armados entraron a las oficinas del periódico El Heraldo de esa ciudad. Una vez allí, exigieron hablar con la directora del medio, Érika Fontalvo, y estaban pidiendo que publicaran una entrevista, realizada por ellos mismos, en la que Digno Palomino, su líder, quería unirse a las negociaciones de la paz total. Terrible mensaje ese de querer imponer por las armas un contenido en un medio que goza de total autonomía editorial. Terrorífico, además, que se sientan capaces, ante la inacción de las autoridades, de llegar a las redacciones a dar órdenes, sin temor alguno a represalia o justicia.
Lo curioso es que peticiones similares ya se habían presentado. La semana pasada, según reporta la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “un miembro del grupo Los Costeños llamó a la redacción de El Heraldo y exigió que se entrevistara a su líder, alias el Castor”. No solo es una solicitud a este periódico: a Zona Cero, medio digital, lo amenazaron con ponerle bombas en sus oficinas. En un video grabado por el Negro Ober, cabecilla de Los Rastrojos Costeños, les exige a El Heraldo, Zona Cero e Impacto News, otro medio digital, que le hagan una entrevista.
Como bien dijo la FLIP, “estas agresiones y la instrumentalización de los medios ponen en peligro la vida de los periodistas. Los casos dejan en evidencia la alta capacidad de daño que tienen estos grupos ilegales”. Más allá de eso, es un mensaje de fuerza a toda la sociedad barranquillera: los grupos armados al margen de la ley se sienten capaces de hacer lo que se les antoje, de aterrorizar a quienes quieran, y consideran que pueden quedar en la impunidad. Es una mala noticia para los esfuerzos de paz total y también para la legitimidad de las autoridades.
Ayer, la Policía ya estaba resguardando las oficinas de El Heraldo y la Fiscalía anunció el envío desde Bogotá de un equipo especial de investigadores. Son medidas bienvenidas, pero que se quedan cortas ante la magnitud de lo ocurrido. No solo por los periodistas, que recibieron una amenaza clara, sino por Barranquilla, que ha visto seis masacres en los últimos diez meses. Otra ciudad que está a merced de los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y donde la apuesta de seguridad, tanto local como nacional, no ha dado frutos.
No hay libertad de prensa sin seguridad. El periodismo no se debería ejercer bajo la amenaza de las armas. Solidaridad con nuestros colegas amenazados.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Lo que está ocurriendo con medios y periodistas de Barranquilla muestra no solo el recrudecimiento de la violencia en esa ciudad, sino el temible aumento del poderío de los grupos al margen de la ley. La intimidación a quienes tienen como trabajo denunciar los abusos de poder y los delitos cometidos por los criminales lleva a la autocensura y puede terminar en tragedia. Es una historia que conocemos muy bien en el país. Nos unimos al llamado de intervención urgente de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía y la Fiscalía para garantizar la seguridad de todos los periodistas que han recibido intimidaciones. Esto no puede volver a ocurrir.
El terror llegó a su punto más alto este lunes, cuando seis hombres armados entraron a las oficinas del periódico El Heraldo de esa ciudad. Una vez allí, exigieron hablar con la directora del medio, Érika Fontalvo, y estaban pidiendo que publicaran una entrevista, realizada por ellos mismos, en la que Digno Palomino, su líder, quería unirse a las negociaciones de la paz total. Terrible mensaje ese de querer imponer por las armas un contenido en un medio que goza de total autonomía editorial. Terrorífico, además, que se sientan capaces, ante la inacción de las autoridades, de llegar a las redacciones a dar órdenes, sin temor alguno a represalia o justicia.
Lo curioso es que peticiones similares ya se habían presentado. La semana pasada, según reporta la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “un miembro del grupo Los Costeños llamó a la redacción de El Heraldo y exigió que se entrevistara a su líder, alias el Castor”. No solo es una solicitud a este periódico: a Zona Cero, medio digital, lo amenazaron con ponerle bombas en sus oficinas. En un video grabado por el Negro Ober, cabecilla de Los Rastrojos Costeños, les exige a El Heraldo, Zona Cero e Impacto News, otro medio digital, que le hagan una entrevista.
Como bien dijo la FLIP, “estas agresiones y la instrumentalización de los medios ponen en peligro la vida de los periodistas. Los casos dejan en evidencia la alta capacidad de daño que tienen estos grupos ilegales”. Más allá de eso, es un mensaje de fuerza a toda la sociedad barranquillera: los grupos armados al margen de la ley se sienten capaces de hacer lo que se les antoje, de aterrorizar a quienes quieran, y consideran que pueden quedar en la impunidad. Es una mala noticia para los esfuerzos de paz total y también para la legitimidad de las autoridades.
Ayer, la Policía ya estaba resguardando las oficinas de El Heraldo y la Fiscalía anunció el envío desde Bogotá de un equipo especial de investigadores. Son medidas bienvenidas, pero que se quedan cortas ante la magnitud de lo ocurrido. No solo por los periodistas, que recibieron una amenaza clara, sino por Barranquilla, que ha visto seis masacres en los últimos diez meses. Otra ciudad que está a merced de los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y donde la apuesta de seguridad, tanto local como nacional, no ha dado frutos.
No hay libertad de prensa sin seguridad. El periodismo no se debería ejercer bajo la amenaza de las armas. Solidaridad con nuestros colegas amenazados.
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