No hay que criminalizar la pandemia

La Fiscalía sigue sumando torpezas. Ante unos hechos, sin duda reprochables y que merecen sanción disciplinaria, como los que cometieron la senadora Angélica Lozano y la alcaldesa Claudia López en violación de la cuarentena, un fiscal general —cuya legitimidad por su cercanía al presidente ha sido cuestionada— decide abrir una indagación penal. No solo es un acto que envía un preocupante mensaje político, sino que demuestra que el populismo punitivo está en la raíz de la estrategia del ente investigador.

Las cárceles del país están hacinadas, cada vez con más contagios, y el sistema penal se encuentra colapsado por la virtualidad y lo difícil que ha sido tramitar las excarcelaciones, además de los atrasos históricos que tiene. En ese contexto, la mejor idea del fiscal general, Francisco Barbosa, para castigar una violación a la cuarentena, es saturar aún más el sistema con una indagación contra la alcaldesa de Bogotá. Es una actuación que se enmarca en medio de los miedos en todo el mundo sobre la criminalización de la pandemia, un actuar con visos autoritarios y que resulta, ante todo, ineficaz.

¿Qué gana la sociedad utilizando el sistema penal para castigar a quienes cometan infracciones a la cuarentena? ¿Cuál es el propósito, saturar más a los fiscales, a los jueces y someterlos a un proceso en medio de la crisis? ¿Con qué final, ir a la cárcel hacinada donde no se han podido controlar los contagios? ¿Qué aprende la sociedad? ¿Qué aprende el infractor? ¿Qué bien jurídico se protege que no podía, por ejemplo, defenderse mediante multas y sanciones? ¿Por qué el Estado siente la necesidad de amenazar a sus ciudadanos con la temible acción penal?

Como contó hace poco El Espectador, la criminalización de la epidemia del VIH causó efectos perversos indeseados. Scott Skinner-Thompson, docente de la Universidad de Colorado, explicó que recurrir al derecho penal hace que se oculte el panorama real de la enfermedad. También se estigmatiza a los portadores del virus, lo que es caldo de cultivo para que se profundice la desinformación y se haga más difícil el acceso a salud para las personas enfermas. ¿Esa es la política criminal que se quiere impulsar desde la Fiscalía?

No hacemos una apología al comportamiento de la alcaldesa y de la senadora. Romper las reglas de la cuarentena para salir al mismo tiempo a hacer mercado y pasear un perro es inaceptable. Es, además, decepcionante que algo así protagonicen líderes tan visibles para la ciudadanía, pues su ejemplo fomenta futuros desacatos. Por eso, una sanción es necesaria. ¿Pero una investigación penal? ¿Para qué?

Esos tipos de exageraciones en la Fiscalía siguen afectando su imagen. La cercanía del fiscal Barbosa con Presidencia ha enmarañado ciertas investigaciones, como la de la “ñeñepolítica”, en la que ya le hemos sugerido que se declare impedido. Ahora parecería entrar a terciar justo cuando la alcaldesa ha tenido diferencias con el Palacio de Nariño. Son torpezas que enlodan la situación cuando el país necesita unión para enfrentar esta crisis. Todo por creer que la cárcel es la solución a todos los problemas.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

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La Fiscalía sigue sumando torpezas. Ante unos hechos, sin duda reprochables y que merecen sanción disciplinaria, como los que cometieron la senadora Angélica Lozano y la alcaldesa Claudia López en violación de la cuarentena, un fiscal general —cuya legitimidad por su cercanía al presidente ha sido cuestionada— decide abrir una indagación penal. No solo es un acto que envía un preocupante mensaje político, sino que demuestra que el populismo punitivo está en la raíz de la estrategia del ente investigador.

Las cárceles del país están hacinadas, cada vez con más contagios, y el sistema penal se encuentra colapsado por la virtualidad y lo difícil que ha sido tramitar las excarcelaciones, además de los atrasos históricos que tiene. En ese contexto, la mejor idea del fiscal general, Francisco Barbosa, para castigar una violación a la cuarentena, es saturar aún más el sistema con una indagación contra la alcaldesa de Bogotá. Es una actuación que se enmarca en medio de los miedos en todo el mundo sobre la criminalización de la pandemia, un actuar con visos autoritarios y que resulta, ante todo, ineficaz.

¿Qué gana la sociedad utilizando el sistema penal para castigar a quienes cometan infracciones a la cuarentena? ¿Cuál es el propósito, saturar más a los fiscales, a los jueces y someterlos a un proceso en medio de la crisis? ¿Con qué final, ir a la cárcel hacinada donde no se han podido controlar los contagios? ¿Qué aprende la sociedad? ¿Qué aprende el infractor? ¿Qué bien jurídico se protege que no podía, por ejemplo, defenderse mediante multas y sanciones? ¿Por qué el Estado siente la necesidad de amenazar a sus ciudadanos con la temible acción penal?

Como contó hace poco El Espectador, la criminalización de la epidemia del VIH causó efectos perversos indeseados. Scott Skinner-Thompson, docente de la Universidad de Colorado, explicó que recurrir al derecho penal hace que se oculte el panorama real de la enfermedad. También se estigmatiza a los portadores del virus, lo que es caldo de cultivo para que se profundice la desinformación y se haga más difícil el acceso a salud para las personas enfermas. ¿Esa es la política criminal que se quiere impulsar desde la Fiscalía?

No hacemos una apología al comportamiento de la alcaldesa y de la senadora. Romper las reglas de la cuarentena para salir al mismo tiempo a hacer mercado y pasear un perro es inaceptable. Es, además, decepcionante que algo así protagonicen líderes tan visibles para la ciudadanía, pues su ejemplo fomenta futuros desacatos. Por eso, una sanción es necesaria. ¿Pero una investigación penal? ¿Para qué?

Esos tipos de exageraciones en la Fiscalía siguen afectando su imagen. La cercanía del fiscal Barbosa con Presidencia ha enmarañado ciertas investigaciones, como la de la “ñeñepolítica”, en la que ya le hemos sugerido que se declare impedido. Ahora parecería entrar a terciar justo cuando la alcaldesa ha tenido diferencias con el Palacio de Nariño. Son torpezas que enlodan la situación cuando el país necesita unión para enfrentar esta crisis. Todo por creer que la cárcel es la solución a todos los problemas.

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