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La Ley de Financiamiento (también presentada como “ley de crecimiento económico”) que se está tramitando en el Congreso no es el espacio adecuado para dar los debates que surgieron a partir del paro nacional. Este proyecto, que se está promoviendo por la sentencia de la Corte Constitucional que encontró inexequible su trámite previo, no debe modificarse a las carreras, ni usarse como mecanismo de chantaje contra la administración de Iván Duque.
Es cierto que dentro de los reclamos que se han expresado en las calles hay aspectos que tienen que ver con el régimen tributario en Colombia. Eso tiene que discutirse, no nos cabe duda. Pero reabrir el debate en esta Ley de Financiamiento, que ya había sido aprobada con mayorías suficientes en el Congreso, es fomentar la inestabilidad nacional.
Ya estamos viendo a congresistas de los partidos independientes y en oposición decir que no tramitarán la Ley de Financiamiento a menos que el Gobierno ceda en ciertas pretensiones. En otras palabras, están obstaculizando una norma esencial, sobre la que ya se había decidido, para manipular a la administración. Esa no es la forma de obtener los cambios que necesita Colombia.
La Ley de Financiamiento fue tumbada por la Corte Constitucional por fallas de procedimiento. El alto tribunal, sin embargo, la dejó vigente hasta finales de este año para no causar inseguridad jurídica ni alterar el funcionamiento del Estado y de la economía del país. Lo lógico, entonces, era que el Gobierno la presentara de nuevo y que el Congreso la aprobara sin caer en los vicios de trámite que la invalidaron. Las expectativas de los inversionistas y de los colombianos para el 2020 ya se hicieron con base en esa ley tributaria, ¿qué justificación hay, a estas alturas del partido, para cambiarla?
Una reforma tributaria no puede discutirse de afán y a las patadas. La improvisación, en el pasado, le ha salido cara a Colombia. Aprobar la Ley de Financiamiento que ya se discutió y estudió —y cuyos efectos ya se han calibrado— es lo responsable; empezar a colgarle adendas y causas múltiples, cuando el año se está acabando, es abrir la puerta a incertidumbres nocivas o a populismo barato sin sustento técnico adecuado.
El Gobierno mismo aprovechó la nueva presentación de la Ley de Financiamiento para revivir algunas medidas que responden a reclamos populares. La devolución del IVA a los estratos más bajos, la reducción de los aportes a salud de las pensiones de un salario mínimo, los tres días sin IVA y la exención de renta para empleo juvenil es lo que esta administración entiende como fomentar la igualdad social. ¿Es suficiente? Por supuesto que no, pero es que, de nuevo, este no es el espacio, ni el momento, para modificaciones profundas.
Es probable que si el diálogo nacional llega a buen puerto, las conclusiones de este ameriten una nueva reforma tributaria. En ese momento deberá presentarse y discutirse, con el tiempo debido. Que se trate de asuntos urgentes no justifica que se obstaculice el funcionamiento del Estado. Los congresistas que están aprovechando el momento para hacer política les hacen daño a todos los colombianos.
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