La frustración de los transportadores colombianos se tomó el país. El día de ayer, y hasta el cierre de esta edición, se reportaban, según el general José Luis Ramírez, jefe nacional del Servicio de Policía, “81 actividades de manifestación pública en el país, de esos son 29 bloqueos permanentes, 37 intermitentes, 14 concentraciones y una movilización en 55 municipios del país, con un aproximado de 2.300 personas y 537 vehículos”. Todos apuntaban a lo mismo: una subida que consideran injusta de los precios del combustible diésel, así como la sensación de que el Gobierno Nacional no los ha escuchado y que sus condiciones de trabajo se vienen deteriorando. Aunque es necesario encontrar maneras de dignificar un sector esencial para Colombia, el desmonte del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) es una medida dolorosa, pero urgente.
Es comprensible la queja de los transportadores. Se trata de un gremio asfixiado, afectado aún por la pandemia, acorralado por la inflación altísima que ha tenido durante estos años el país y amenazado por la falta de infraestructura en las vías y seguridad en sus trayectos. Ahora, el aumento del precio del acpm, que fue de $1.904 por galón, en promedio, implica un costo adicional considerable. Según Darío Londoño, representante del servicio especial de transporte, antes se podía llenar el tanque con $160.000, pero ahora se gastan entre $220.000 y $240.000 semanales. Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, dijo que “si tomamos los valores Sicetac y aplicamos el reciente aumento del diésel, las rutas de transporte van a tener un incremento cercano al 8 %, lo que va a encarecer la tarea de los exportadores e importadores”. Esto puede repercutir en varios sectores de la sociedad y, sí, implica un incremento de precios en toda la cadena productiva nacional.
Sin embargo, los transportadores han pedido congelar el alza del diésel, lo que es insostenible. Solo con el aumento que acaba de entrar a regir, este año el Gobierno Nacional se ahorrará $1,6 billones. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, en promedio el Gobierno se gasta $1 billón cada mes solo subsidiando el acpm. Como el precio no se ha modificado desde el 1° de enero de 2020, eso representa $56 billones de los recursos de todos los colombianos quemados en el FEPC solo para el diésel. En 2022, por citar un año de alza de los precios del combustible, cada galón de acpm que se vendió en el país implicó un subsidio de $10.451. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo puso así en una publicación de X: “El subsidio que le estamos dando al diésel lo podríamos usar, en el acumulado del año, para entregarles un subsidio a todas las familias vulnerables de Colombia equivalente a más de $500.000 por persona”.
Es ilustrativo verlo de esa manera: siempre que se subsidia un área de la economía, se desfinancia otra. En épocas de recursos escasos, con miras a una transición energética, no tiene sentido gastar una reforma tributaria al año en mantener el diésel a bajos precios. Eso no significa abandonar a los transportadores, que merecen acompañamiento estatal e incentivos de modernización de flotas, así como la implementación de peajes electrónicos y mejores medidas de seguridad. Empero, el precio de la gasolina tiene que ser realista. Eso implica un reajuste duro en los próximos dos años, pero que es por el bienestar del país.
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