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El informe de la Comisión de la Verdad fue recibido con hostilidad por parte de un sector de la clase política colombiana. Era de esperarse, pues incluso en un editorial predijimos que ese es el reto de hacer memoria en caliente, pero no deja de ser lamentable. Especialmente porque entre el discurso del padre Francisco de Roux, director de la Comisión, y las recomendaciones de política pública que se hicieron, hay una hoja de ruta que, con suficiente apoyo político, puede materializarse y ayudar a construir un país más incluyente. Si quisiéramos hacer un acto de reparación a las víctimas del conflicto armado, haríamos bien en dejar de discutir sobre el documento para mejor implementar lo propuesto. Esperamos que el gobierno entrante, del presidente electo, Gustavo Petro, cumpla con acciones su manifestación de buena voluntad dada el martes pasado.
Más allá de los testimonios recogidos, que sin duda son el aporte más potente y doloroso del trabajo juicioso de la Comisión de la Verdad, con el informe llegaron una serie de recomendaciones que deben implementarse. Que no ocurra lo que tantas veces pasa en Colombia: convocar agrupaciones de expertos para proponer soluciones que después son ignoradas.
Son varias las propuestas de la Comisión de la Verdad. En cuanto al narcotráfico, “la Comisión concluyó que es tiempo de avanzar en un compromiso frente a la superación definitiva del prohibicionismo”. Para aterrizar lo pactado en La Habana se propone crear un Ministerio para la Paz y la Reconciliación. También reformar el mecanismo de elección del fiscal general, para garantizar su independencia “sobre la base de los criterios de mérito y reconocimiento de la trayectoria profesional, igualdad de género, publicidad y transparencia”. Con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas, se recomienda limitar la extradición, algo en lo que el mismo presidente electo ha dicho estar de acuerdo, pero necesita la colaboración de Estados Unidos. Otras medidas son tener un Museo de Memoria independiente y autónomo, cumplir los puntos sobre el agro del Acuerdo para revertir las tasas de concentración de la tierra, hacer una reforma política y que el Estado respalde la protesta pacífica de manera vehemente.
Lo interesante es que todas las medidas propuestas o son parte del Acuerdo de La Habana, o son conclusiones lógicas de lo que ocurre al analizar el conflicto armado y sus raíces. Se trata, al mismo tiempo, de reformas ambiciosas y ejecutables, siempre y cuando en el Congreso y en la Presidencia haya receptividad. Después de entrevistar a más de 30.000 personas y hacer un trabajo de recolección de la información titánico, no podemos desaprovechar esta oportunidad histórica.
No en vano la Comisión lanzó el informe con el lema de “Hay futuro si hay verdad”. Ahora que contamos con una visión integral del conflicto y del pasado reciente, el reto que nos queda es inventarnos la Colombia del futuro. No dejemos sobre la mesa las recomendaciones.
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