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Mientras los líderes políticos siguen aprovechando la crisis migratoria de venezolanos para culparlos de los problemas que enfrentan las ciudades del país, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) llegó a una conclusión que debería tener eco en todas las entidades territoriales: “Decir que la población migrante venezolana está afectando estructuralmente el nivel de la tasa de desempleo es (una posibilidad) bastante remota en este momento”.
La frase fue pronunciada por Juan Daniel Oviedo, director del DANE, al presentar los resultados de las mediciones de desempleo en la población migrante. Es mucho más adecuado, dijo el funcionario, caracterizar a esta población y “mejorar sus niveles de empleabilidad para que contribuyan a la mejora de la tasa de desempleo”. En otras palabras, seguir estigmatizándolos, como han intentado hacer muchos aspirantes a cargos de elección popular, no hace más que empeorar el problema.
El Gobierno Nacional ha dado un ejemplo que debería ser seguido por todas las entidades territoriales. La situación de Venezuela no se va a solucionar pronto y hablar de cerrar fronteras y marginar a los migrantes, además de ser una postura cruel e inhumana, es una estrategia ineficiente para enfrentar el problema.
Los migrantes van a seguir llegando y las ciudades deben incluirlos en sus planes de choque. Por eso, es importante saber que la tasa de desempleo de la población venezolana que migró recientemente a Colombia fue de 19,2 %, nueve puntos por encima de la tasa de desempleo nacional del último año (10,2 %). Hay que tener especial cuidado en Bogotá, donde la tasa de desempleo de migrantes sube al 21,7 %, y en Cúcuta, donde llega a un 24,9 %, una ciudad en la que, desde hace varios años, se vive una crisis económica que ningún gobierno nacional ni local ha logrado dominar.
Ya sabemos cómo funciona la xenofobia. Ante la falta de empleo, la respuesta fácil es culpar al recién llegado. Pero las cifras cuentan otra historia. Por eso, hay que insistir en los proyectos de integración, no sólo para que los migrantes puedan entrar a la economía formal (lo que a largo plazo beneficiará a toda la sociedad colombiana), sino para que la discriminación en su contra no genere problemas de salud mental y física.
Esta semana se anunció que los niños de venezolanos que estén bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) podrán acceder a los servicios de salud pública de Bucaramanga. Es un buen primer paso, más en una ciudad donde abundan los discursos antimigración, pero debemos ir más allá. Mientras más rápido normalicemos la situación de los migrantes, mejor. Podemos pasar a otros debates más importantes sobre cómo crear sostenibilidad para todos los ciudadanos del país. Las oportunidades son la clave para un futuro sin violencia; el rechazo es el germen de una crisis social.
Seguimos ante un reto histórico y la pregunta, en plena época electoral, sigue sin respuesta: ¿vamos a estar a la altura?
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