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Pese a todo lo que han tenido que sufrir niños, niñas y adolescentes por culpa de una educación virtual sin las suficientes herramientas para materializarse, siguen en Colombia los obstáculos al regreso a las clases presenciales. Ahora fue una jueza de la República, del Juzgado 15 Civil del Circuito de Oralidad de Cali, quien decidió suspender el retorno a la presencialidad de los colegios públicos de la capital del Valle del Cauca. Con eso se afectan más de 165.000 estudiantes, sus familias y se diluye un debate ya saldado.
La decisión de la jueza es en respuesta a una tutela interpuesta por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev). Siguiendo la misma actitud obstaculizadora que defendió durante meses la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el Sutev se opuso al regreso a clases que estaba pactado de manera progresiva a partir del 26 de julio. Los argumentos es que sienten que no hay medidas de bioseguridad en los colegios oficiales, que la distancia de un metro entre cada pupitre no es suficiente y que hay un riesgo para los estudiantes. En decisión preliminar, la jueza estuvo de acuerdo con esa posición y ordenó suspender provisionalmente el retorno a las aulas.
No podemos compartir los argumentos de esta oposición. Un pacto necesario que el Gobierno Nacional cumplió fue la vacunación de casi todos los educadores en el país. Con ese proceso terminado y sumando la evidencia científica sobre la bajísima presencia de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes, no hay razones para seguir bloqueando el regreso a las clases presenciales. Hacerlo es causar aún más daños en una pandemia que ha sido particularmente lesiva para los estudiantes y sus familias.
La tutela presentada por el Sutev es un ataque a los niños, niñas y adolescentes. Las cifras lo demuestran: vienen sufriendo un grave deterioro en su salud mental, así como en sus procesos educativos, por el encierro. Además, la ausencia de colegios genera una carga particularmente pesada para madres y padres cabeza de hogar que tienen que abandonar sus trabajos por cuidar a sus hijos. Eso sin contar que, como dijo el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis Mejía, “necesitamos la presencialidad porque muchos niños no tienen la forma de obtener sus clases y contenidos académicos”. En un país con un profundo abismo de desigualdad, el Sutev está convirtiéndose en cómplice de esa brecha. Y ahora la justicia colombiana también.
El temor es que esta tutela sirva de precedente en otros lugares del país. Ya hay iniciativas similares en Tuluá y Palmira. Pero como dijo Lenis Mejía: “Es un error fatal que un fallo acelerado e insensato paralice temporalmente el regreso presencial bioseguro a clases. Las brechas educativas hay que cerrarlas, no ampliarlas”.
Dentro de tantos debates que hay en el país, la educación presencial no debería ser uno. Si seguimos dándole largas al asunto, sufren niñas, niños y adolescentes. ¿Es eso lo que buscamos conseguir con tanto bloqueo?
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