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Empezó mal la propuesta de protocolo para regular la protesta social en el país. Síntoma de las divisiones profundas que hay en el tema, el documento presentado por el Gobierno Nacional, y que fue rechazado por la Alcaldía de Bogotá, parece construido para un mundo sin manifestaciones, donde los ciudadanos no tengan libertad de expresión y la Policía se mande sola. Hay posibilidades de que lo reparen en los 60 días que se pidieron de extensión para llegar a un acuerdo, pero que ese sea el punto de partida es decepcionante después de lo que hemos visto en Colombia en el último mes.
Dentro de las directrices que envió la Corte Suprema de Justicia en su sentencia sobre las manifestaciones sociales se encuentra la tarea de garantizar la protesta pacífica. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entonces, había dado un plazo que no se cumplió para que el Gobierno presentara un protocolo que regulara la manera en que se pueden presentar manifestaciones.
Las críticas de la Alcaldía de Bogotá son más que válidas. El proyecto de protocolo pretende, por ejemplo, que el uso del Esmad sea determinado por la Policía y no por las autoridades civiles. También quiere obligar a quienes salgan a marchar a pagar una póliza de seguro que cubra los posibles daños que se presenten durante las marchas, en caso de que haya desmanes. También plantea prohibir el uso de capuchas o cualquier mecanismo que dificulte que las personas sean identificadas.
Cada una de esas medidas parece sacada del manual de un Estado autoritario. Como dijo en Blu Radio la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la norma de exigir un seguro equivale a decirle al ciudadano: “Si usted quiere hablar y manifestarse en la calle, presuponemos que usted es un vándalo peligroso y entonces nos debe dar una póliza para garantizar los daños que usted hará”.
No solo eso, añadimos. ¿Por qué se presupone que quien convoca la marcha tiene la capacidad de controlar a todas las personas que decidan vincularse a ella? ¿Acaso no se entiende que las movilizaciones sociales suelen ser acéfalas, a veces improvisadas y, en todo caso, plurales? ¿Y si se infiltran miembros del Eln para causar desmanes, como ha ocurrido, por qué deben pagar los protestantes pacíficos? Finalmente, ¿desde cuándo en Colombia solo tienen derecho a protestar aquellas personas con la capacidad económica de pagar una póliza de ese estilo, que sería carísima por su naturaleza?
Permitir que sea la Policía la que defina el momento de utilizar el Escuadrón Móvil Antidisturbios, además, es no entender las raíces de la desconfianza de los ciudadanos y las preocupaciones de las cortes. Lo que necesitamos es más poder de las autoridades civiles, más pesos y contrapesos, más control y no que se deje una decisión tan importante al juicio de quienes están en la línea de fuego.
Finalmente, las capuchas y taparse la cara forman parte de la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad. Se presupone la inocencia de las personas que, por cualquier razón, salen así a marchar. Si cometen un crimen, por supuesto que la Policía puede intervenir. Pero es muy raro que el Estado busque protocolizar cómo deben vestirse quienes se manifiestan. El derecho a la privacidad, también, no debe suspenderse en medio de las movilizaciones pacíficas.
Hay mucho trabajo por hacer. Insistimos en que la reforma debe ser profunda y empezar por un reconocimiento de culpas en la Policía. De lo contrario, seguiremos dando vueltas en círculo, y con el fantasma del autoritarismo a nuestra espalda.
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