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Según reportes, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, perteneciente a la región del Catatumbo, personas armadas entraron a un billar y abrieron fuego contra los presentes. Siete personas murieron en el lugar y otras dos fallecieron cuando estaban recibiendo cuidados médicos; las autoridades reportan la existencia de dos heridos más.
Aunque al momento del cierre de esta edición no se ha confirmado la identidad de todas las víctimas, ya sabemos que por lo menos había dos exmilicianos de las Farc que estaban en el proceso de reintegración y un líder comunitario.
Los hechos, terribles y lamentables, invitan a formular una pregunta: ¿cómo es posible que estas situaciones atroces sigan ocurriendo en el país?
El Catatumbo siempre ha estado en alerta. La zona ha sido el reto constante de los gobiernos y su fracaso más estruendoso: sin importar los esfuerzos, la violencia y el narcotráfico persisten, mientras la ausencia del Estado se siente todos los días. Este año ya habíamos discutido un paro armado en la región, producto de los enfrentamientos entre bandas criminales, carteles del narcotráfico y las guerrillas del Eln y el Epl.
Sin embargo, después de la masacre, las dos guerrillas fueron rápidas en repudiar los hechos. “Nuestra organización guerrillera no tiene nada que ver con ese atentado”, dijo el Epl en un comunicado. “Expresamos nuestra condena pública y categórica ante la masacre cometida en el municipio de El Tarra”, escribió el Eln desde La Habana. Si no fueron ellos, ¿quién?
Sería irresponsable especular sobre responsabilidades, pero lo claro es que las autoridades deben explicarle al país cuanto antes quién cometió la masacre y qué fines tenía. Además, si se trató de un intento por silenciar procesos de liderazgo comunitario, el gobierno debe encontrar la manera de respaldarlos.
Tanto el presidente en funciones, Juan Manuel Santos, como el electo, Iván Duque, repudiaron los hechos y pidieron dar con los responsables de manera expedita. Ojalá así sea y, por supuesto, son bienvenidos los esfuerzos de la Policía, el Ejército y la Fiscalía por esclarecer los hechos. Pero tristemente nos toca repetir lo obvio: no será suficiente.
El Catatumbo lleva demasiado tiempo pidiendo a gritos soluciones integrales y sostenibles, presencia estatal más allá de las armas y una manera de emanciparse de la influencia perversa del narcotráfico y el contrabando.
Por eso, desarmar a las guerrillas de la zona y someter a las bandas criminales a la justicia debe ser una obsesión del gobierno entrante, pero también crear planes de inversión social que les dé a los pobladores de esta región la oportunidad de imaginar un futuro sin violencia. Se vale soñar con que esta sea la última vez que escribamos sobre masacres de este estilo, pero para cumplir ese deseo hay que actuar de manera contundente.
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