La Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACEP) encendió una alarma urgente en Colombia. En un comunicado publicado esta semana, dijo que “considerando el desabastecimiento de medicamentos vitales para tratamientos en temas de salud mental, y que la suspensión de los mismos acarrea una gravedad en los pacientes”, insta “que se resuelva tal situación, evitando así los riesgos y la afectación de los servicios de salud mental en el país”. Aunque de manera técnica no se puede hablar de desabastecimiento, como contó El Espectador en una investigación a partir del anuncio, sí hay varios medicamentos esenciales que están en riesgo y las redes sociales albergan denuncias de pacientes que no han podido conseguirlos en distintas ciudades del país. El problema viene de antes, tiene distintas aristas y se une a una crisis global que lleva a mucho sufrimiento.
Colombia no está sola. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reconoció hace 18 meses que en ese país hay un desabastecimiento de adderall, el tratamiento más común para personas por trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Justo esta semana, la misma FDA tuvo que aceptar que no solo continúa el desabastecimiento, sino que otros medicamentos, incluyendo la ritalina, están escaseando. La razón que se da en el país del norte es un aumento en la demanda y fallas en el proceso de fabricación. Algo similar ocurre en nuestro país.
Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), hay alertas sobre oferta de la risperidona, la quetiapina, el alprazolam, la escitalopram, la olanzapina, el metilfenidato y la desvenlafaxina. Estos medicamentos se utilizan para la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la ansiedad y la depresión. Justo ayer el Invima reconoció públicamente que el problema es más general, pues la insulina, el acetaminofén, la amoxicilina y otros medicamentos están en riesgo de desabastecimiento. Todo esto lleva a lo mismo: pacientes que sufren.
En el caso de los tratamientos de salud mental, la escasez es particularmente problemática por dos factores: el primero tiene que ver con el hecho de que estos medicamentos, si se dejan de tomar de manera repentina, producen recaídas o el empeoramiento de situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. El segundo es que una de las principales razones para que los tratamientos en salud mental fracasen es la falta de adherencia a los medicamentos. Por el prejuicio y otras razones, los pacientes psiquiátricos tienen incentivos para no seguir las recomendaciones de sus médicos y no tomar los medicamentos. Enfrentarse a una escasez es crear un obstáculo adicional que los lleva a abandonar el tratamiento por completo.
La solución no es tan sencilla. Aunque la solicitud de la ACEP va dirigida al Gobierno, y sin duda hay responsabilidad desde el Ministerio de Salud, el problema es global. El Invima ha tenido dificultades para recibir información oportuna por parte de las farmacéuticas y todo el sistema tiene retos de comunicación. Necesitamos, eso sí, un liderazgo más claro del Estado. Los pacientes no pueden quedar desprotegidos.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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La Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACEP) encendió una alarma urgente en Colombia. En un comunicado publicado esta semana, dijo que “considerando el desabastecimiento de medicamentos vitales para tratamientos en temas de salud mental, y que la suspensión de los mismos acarrea una gravedad en los pacientes”, insta “que se resuelva tal situación, evitando así los riesgos y la afectación de los servicios de salud mental en el país”. Aunque de manera técnica no se puede hablar de desabastecimiento, como contó El Espectador en una investigación a partir del anuncio, sí hay varios medicamentos esenciales que están en riesgo y las redes sociales albergan denuncias de pacientes que no han podido conseguirlos en distintas ciudades del país. El problema viene de antes, tiene distintas aristas y se une a una crisis global que lleva a mucho sufrimiento.
Colombia no está sola. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reconoció hace 18 meses que en ese país hay un desabastecimiento de adderall, el tratamiento más común para personas por trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Justo esta semana, la misma FDA tuvo que aceptar que no solo continúa el desabastecimiento, sino que otros medicamentos, incluyendo la ritalina, están escaseando. La razón que se da en el país del norte es un aumento en la demanda y fallas en el proceso de fabricación. Algo similar ocurre en nuestro país.
Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), hay alertas sobre oferta de la risperidona, la quetiapina, el alprazolam, la escitalopram, la olanzapina, el metilfenidato y la desvenlafaxina. Estos medicamentos se utilizan para la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la ansiedad y la depresión. Justo ayer el Invima reconoció públicamente que el problema es más general, pues la insulina, el acetaminofén, la amoxicilina y otros medicamentos están en riesgo de desabastecimiento. Todo esto lleva a lo mismo: pacientes que sufren.
En el caso de los tratamientos de salud mental, la escasez es particularmente problemática por dos factores: el primero tiene que ver con el hecho de que estos medicamentos, si se dejan de tomar de manera repentina, producen recaídas o el empeoramiento de situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. El segundo es que una de las principales razones para que los tratamientos en salud mental fracasen es la falta de adherencia a los medicamentos. Por el prejuicio y otras razones, los pacientes psiquiátricos tienen incentivos para no seguir las recomendaciones de sus médicos y no tomar los medicamentos. Enfrentarse a una escasez es crear un obstáculo adicional que los lleva a abandonar el tratamiento por completo.
La solución no es tan sencilla. Aunque la solicitud de la ACEP va dirigida al Gobierno, y sin duda hay responsabilidad desde el Ministerio de Salud, el problema es global. El Invima ha tenido dificultades para recibir información oportuna por parte de las farmacéuticas y todo el sistema tiene retos de comunicación. Necesitamos, eso sí, un liderazgo más claro del Estado. Los pacientes no pueden quedar desprotegidos.
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