No queremos otro genocidio

Esta historia ya la vivimos. Ni siquiera tenemos que remontarnos al genocidio contra la Unión Patriótica (UP) a finales de la década de los años 80. Basta ver las noticias de este año: poco a poco, pero con la temible persistencia de quienes son incapaces de entender el discurso político sin las armas, están asesinando y atemorizando a dirigentes de la izquierda. El Gobierno Nacional, aunque con un compromiso más evidente con la protección de estas personas, parece impotente, y varios políticos están cayendo en la perversa estigmatización y en los discursos que buscan desviar la atención sobre las causas de estos ataques.

Las cifras permiten sacudirse la idea de que se trata de casos aislados: este año van 70 homicidios, 279 amenazas y 28 atentados contra dirigentes sociales. Treinta de esos asesinatos fueron después del cese bilateral del fuego entre el Gobierno y las Farc. No podemos, como pretenden algunos, asumir que son meras coincidencias de un país históricamente violento. En lugares donde los paramilitares que no se desmovilizaron y los narcotraficantes todavía ejercen su control, las voces que se atreven a pensar distinto y a hacerles oposición a las burocracias corruptas están siendo perseguidas para silenciarlas.

El ejemplo más reciente de esta situación ocurrió el fin de semana pasado, con el asesinato de tres miembros de Marcha Patriótica y atentados contra otros tres dirigentes populares. No son, entonces, para menos los reclamos de personas como Aída Avella, presidenta de la UP, que le piden al país que centre su atención sobre esta situación para encontrar la manera de detener la tragedia. Las Farc, en una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos, dijeron que “un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos”, y le pidieron al mandatario que empiece la implementación del mecanismo de protección de dirigentes pactado en La Habana.

En respuesta, el presidente convocó esta semana a una reunión de la Comisión de Alto Nivel de DD. HH. para evaluar la situación, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció la designación de 21 investigadores para resolver los casos de asesinatos, agresiones y amenazas. Guillermo Rivera, viceministro del Interior, dijo en RCN Radio que “más del 90 % de los casos ya tienen noticia criminal y estamos haciendo el seguimiento semana a semana de esas investigaciones”, y argumentó que hay motivos para creer que los perpretadores hacen parte de estructuras criminales interesadas en sabotear los procesos de restitución de tierras. El director de la Policía, general Jorge Nieto, pidió no hacer generalizaciones antes de que terminen las investigaciones.

Si bien el llamado a la prudencia es entendible, las autoridades deben entender el nerviosismo entre los políticos de la izquierda que están oyendo los ecos de una historia sangrienta que debe ser superada. No ayudan, en ese sentido, declaraciones como las del alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, quien desestima los reclamos de los dirigentes comunitarios y en otras ocasiones los ha estigmatizado. El país necesita superar los viejos prejuicios que equiparan a la contraparte política con la violencia.

Esperamos que el Gobierno pueda, por lo menos, garantizar la protección de los dirigentes amenazados, y que todos los líderes políticos del país entiendan que debemos empezar a cambiar el lenguaje y a rechazar con vehemencia todo acto de violencia, si de verdad queremos que Colombia tenga la oportunidad de reinventarse.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Esta historia ya la vivimos. Ni siquiera tenemos que remontarnos al genocidio contra la Unión Patriótica (UP) a finales de la década de los años 80. Basta ver las noticias de este año: poco a poco, pero con la temible persistencia de quienes son incapaces de entender el discurso político sin las armas, están asesinando y atemorizando a dirigentes de la izquierda. El Gobierno Nacional, aunque con un compromiso más evidente con la protección de estas personas, parece impotente, y varios políticos están cayendo en la perversa estigmatización y en los discursos que buscan desviar la atención sobre las causas de estos ataques.

Las cifras permiten sacudirse la idea de que se trata de casos aislados: este año van 70 homicidios, 279 amenazas y 28 atentados contra dirigentes sociales. Treinta de esos asesinatos fueron después del cese bilateral del fuego entre el Gobierno y las Farc. No podemos, como pretenden algunos, asumir que son meras coincidencias de un país históricamente violento. En lugares donde los paramilitares que no se desmovilizaron y los narcotraficantes todavía ejercen su control, las voces que se atreven a pensar distinto y a hacerles oposición a las burocracias corruptas están siendo perseguidas para silenciarlas.

El ejemplo más reciente de esta situación ocurrió el fin de semana pasado, con el asesinato de tres miembros de Marcha Patriótica y atentados contra otros tres dirigentes populares. No son, entonces, para menos los reclamos de personas como Aída Avella, presidenta de la UP, que le piden al país que centre su atención sobre esta situación para encontrar la manera de detener la tragedia. Las Farc, en una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos, dijeron que “un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos”, y le pidieron al mandatario que empiece la implementación del mecanismo de protección de dirigentes pactado en La Habana.

En respuesta, el presidente convocó esta semana a una reunión de la Comisión de Alto Nivel de DD. HH. para evaluar la situación, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció la designación de 21 investigadores para resolver los casos de asesinatos, agresiones y amenazas. Guillermo Rivera, viceministro del Interior, dijo en RCN Radio que “más del 90 % de los casos ya tienen noticia criminal y estamos haciendo el seguimiento semana a semana de esas investigaciones”, y argumentó que hay motivos para creer que los perpretadores hacen parte de estructuras criminales interesadas en sabotear los procesos de restitución de tierras. El director de la Policía, general Jorge Nieto, pidió no hacer generalizaciones antes de que terminen las investigaciones.

Si bien el llamado a la prudencia es entendible, las autoridades deben entender el nerviosismo entre los políticos de la izquierda que están oyendo los ecos de una historia sangrienta que debe ser superada. No ayudan, en ese sentido, declaraciones como las del alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, quien desestima los reclamos de los dirigentes comunitarios y en otras ocasiones los ha estigmatizado. El país necesita superar los viejos prejuicios que equiparan a la contraparte política con la violencia.

Esperamos que el Gobierno pueda, por lo menos, garantizar la protección de los dirigentes amenazados, y que todos los líderes políticos del país entiendan que debemos empezar a cambiar el lenguaje y a rechazar con vehemencia todo acto de violencia, si de verdad queremos que Colombia tenga la oportunidad de reinventarse.

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