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Hay buenas señales desde el Ministerio de Salud, pero sigue siendo necesario recibirlas con cautela. Nos referimos al anuncio hecho por el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre cómo la nueva propuesta de reforma a la salud llega respaldada por un acuerdo con las principales entidades promotoras de salud (EPS) del país. Es un cambio de tono y de estrategia, de la combatividad de la exministra de Salud, Carolina Corcho, a los esfuerzos del actual ministro de la cartera, Guillermo Jaramillo, por tender puentes. Si esto va acompañado de respeto por los congresistas una vez inicie el trámite, y se logra involucrar a otros sectores importantes como los pacientes, los profesionales de la salud y varios líderes de pensamiento en el tema, el proyecto insignia del Gobierno podría tener nueva vida.
Es difícil encontrar coherencia en el gobierno de Gustavo Petro en términos de su estrategia política. Lo demostró la reforma pensional esta semana: inmediatamente después de anotarse un enorme triunfo legislativo gracias a la concertación, el mandatario realizó una alocución a la nación en la que pedía modificar uno de los puntos esenciales en los que la Casa de Nariño había cedido. Por eso hay voces que insisten en la desconfianza. Ahora que la reforma a la salud, derrotada en el Congreso, regresa con un articulado más breve, más claro y respaldado por las EPS, regresamos a una pregunta: ¿es real el cambio de actitud del Ministerio de Salud?
Dijo el presidente Petro, al anunciar el pacto con las EPS, que “esto refleja una transformación concertada”. Es cierto que ocurrió algo que no habíamos visto en el año y medio de su administración. Tanto la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) como la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento y/o Gestión de la Salud (Gestarsalud), junto a Nueva EPS, Sura, Salud Total y Compensar, señalaron haber acordado su transformación en gestoras de salud. Eso implica un apoyo al giro directo de los recursos por parte del Gobierno Nacional, así como una modificación profunda de cómo ha venido funcionando el sistema. Se trata, entonces, de un avance en el corazón de la reforma y un triunfo para el Gobierno.
Sin embargo, quedan muchos interrogantes. Las críticas a la reforma no provenían solo de las EPS ni se concentraban exclusivamente en su rol dentro del sistema. Hay preocupaciones por la sostenibilidad financiera, la calidad de los servicios, la no interrupción de los tratamientos de alto impacto, la ausencia de medidas para solucionar el déficit de especialistas, las pésimas condiciones laborales de los profesionales de la salud y el temor general a perder lo construido después de décadas de jurisprudencia de la Corte Constitucional. Tampoco se olvida rápido que ese acuerdo de la EPS se consiguió luego de ignorarlas durante un año y apretarlas con intervenciones administrativas.
Cuando los congresistas expresen sus dudas, ¿volverá el presidente a estigmatizarlos y a decir que están comprados? ¿El Gobierno abrirá mecanismos de diálogo con otros actores, incluyendo a los exministros y académicos expertos en el sector salud? ¿O la idea de concertación se reduce a negociaciones al menudeo y con garrote para poder aprobar la versión original de la reforma? Ojalá que las buenas señales perduren y el trámite en el Congreso no vuelva a romper al país.
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