La entrega de Bernardo Moreno a la justicia esta semana trae de nuevo preguntas sin responder sobre uno de los escándalos de corrupción más importantes durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. El otrora director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por haber pagado con cuotas burocráticas el favor político de Yidis Medina, quien fue un voto determinante para permitir la que se convertiría en la reelección del entonces presidente Uribe. Con el inicio del pago de su condena, queda el país en una incoherencia jurídica: exservidores públicos en la cárcel por delitos para favorecer a un mandatario en hechos que no llevaron a la responsabilidad de ese mismo mandatario.
La Corte Suprema de Justicia fue clara en darle la razón a la Sala Especial de Primera Instancia de ese mismo tribunal. Según los magistrados, Moreno, utilizando su rol en el DAPRE, fue una pieza esencial para la “consumación de algunos de los compromisos adquiridos por quienes intervinieron” en la compra del voto de la excongresista Yidis Medina. Por estos mismos hechos el exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, fue condenado en abril de 2015 a 80 meses de prisión, mientras que el exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, cumple una condena similar.
Para la Sala Especial de Primera Instancia, “es evidente que la gestión de Moreno Villegas constituye la culminación del objetivo del entonces gobierno nacional para cumplir las promesas hechas a Medina Padilla, con motivo del apoyo que dio al proyecto de reelección presidencial inmediata, pues como integrante de la administración se beneficiaba con un segundo periodo presidencial como en efecto ocurrió”. Es decir, que mientras los exministros de Interior y de Protección Social se encargaban de ofrecer las prebendas a cambio del voto, el Dapre se aseguraba de que los cargos fueran distribuidos, lo que terminó viciando todo el proceso de aprobación de la reelección.
Se trata, entonces, de una alta traición a la Constitución, a los colombianos y a las expectativas de comportamiento de cualquier servidor público. Moreno se convierte en el funcionario de más alto perfil de un caso en el que, sin embargo, permanece la pregunta esencial: ¿por qué hay condenas para favorecer la reelección pero no hubo responsabilidad política por parte del beneficiado, el expresidente Uribe?
El mandatario y sus subalternos siempre han mantenido que todo se trató de una persecución judicial. A sol de hoy, el argumento es que no hubo tal favorecimiento, que la reelección se obtuvo sin ningún tipo de malos comportamientos y que la Corte entabló una indebida “quema de brujas” contra personas probas. Sin embargo, han cambiado los magistrados, han pasado casi dos décadas, y los procesos fueron confirmados por el alto tribunal. No debe pasar desapercibido que quien escribió la última condena confirmatoria contra Moreno fue el magistrado Gerson Chaverra, actual presidente de la Corte, y quien llegó al tribunal en el 2020. Es decir, que ojos frescos judiciales han visto las pruebas y han llegado a la misma conclusión.
Queda, entonces, un gran lunar sobre la reelección del expresidente Uribe y sobre esa etapa de la historia colombiana. ¿Tendremos, algún día, respuestas?
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