Otras elecciones bajo el yugo de grupos al margen de la ley
Mientras celebramos que el cese al fuego con el Estado Mayor Central va a permitir más seguridad en las elecciones en ciertos lugares, hay otras regiones del país que están pidiendo protección. El gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, lleva meses denunciando que el Clan del Golfo (o AGC) tiene secuestradas las campañas en varios municipios del departamento y ahora dice que la situación empeoró. Desde candidatos que han sido víctimas de intento de homicidio hasta otros que son llevados a la fuerza a reunirse con los líderes paramilitares a una semana de las elecciones, el Estado falló en crear las condiciones necesarias para la democracia libre en esa zona.
En testimonio a El Tiempo, el gobernador Espinosa pinta un panorama terrible: “Aquí hay unos municipios donde llaman a los aspirantes y a quienes no van les ordenan parar la campaña y los hacen subir a la montaña para hablar con los jefes del Clan del Golfo”. A pesar de que la Misión de Observación Electoral (MOE) inicialmente prendió las alarmas sobre ocho municipios por extorsiones de los grupos paramilitares, el gobernador dice que la situación se ha extendido a 17 municipios, entre ellos los de la subregión de los Montes de María. Un candidato a la Alcaldía de Morra fue víctima de un atentado con arma de fuego, así como en Tolú una candidata a la Alcaldía de ese municipio.
La situación de Sucre trae los ecos dolorosos del conflicto armado y muestra las promesas fallidas de los procesos de desmovilización. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, “en los 16 municipios de Sucre y Bolívar que conforman esta región del Caribe colombiano, conocida como Montes de María, entre 1985 y 2017 se registraron 3.197 asesinatos selectivos, 117 masacres, 1.385 personas desaparecidas y 657 víctimas de violencia sexual (la mayoría de ellas mujeres)”. A pesar de los esfuerzos durante años de sus poblaciones por construir memoria y procesos colectivos que les permitan pasar la página del horror, estamos viendo, con frustración, que la violencia se reinscribió y las autoridades están atadas de manos. No podemos hablar de democracia sólida cuando los candidatos tienen que pasar a rendirles cuentas a los alzados en armas ni cuando hay territorios enteros del país donde el miedo es la norma.
El daño ya está hecho. Los meses de campaña se llevaron a cabo bajo la sombra ineludible de los grupos al margen de la ley y de poco sirvieron las denuncias del gobernador, de la MOE y de la misma Registraduría. Lo mínimo es que las fuerzas armadas puedan garantizar unas votaciones sin actos de violencia, pero enfrentar la intimidación requiere soluciones de raíz y de largo plazo. Ante el fracaso de los acercamientos con el Clan del Golfo, ¿cuál es la respuesta del Gobierno a esta crisis? ¿Cómo vamos a evitar que sigamos teniendo elecciones secuestradas?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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En testimonio a El Tiempo, el gobernador Espinosa pinta un panorama terrible: “Aquí hay unos municipios donde llaman a los aspirantes y a quienes no van les ordenan parar la campaña y los hacen subir a la montaña para hablar con los jefes del Clan del Golfo”. A pesar de que la Misión de Observación Electoral (MOE) inicialmente prendió las alarmas sobre ocho municipios por extorsiones de los grupos paramilitares, el gobernador dice que la situación se ha extendido a 17 municipios, entre ellos los de la subregión de los Montes de María. Un candidato a la Alcaldía de Morra fue víctima de un atentado con arma de fuego, así como en Tolú una candidata a la Alcaldía de ese municipio.
La situación de Sucre trae los ecos dolorosos del conflicto armado y muestra las promesas fallidas de los procesos de desmovilización. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, “en los 16 municipios de Sucre y Bolívar que conforman esta región del Caribe colombiano, conocida como Montes de María, entre 1985 y 2017 se registraron 3.197 asesinatos selectivos, 117 masacres, 1.385 personas desaparecidas y 657 víctimas de violencia sexual (la mayoría de ellas mujeres)”. A pesar de los esfuerzos durante años de sus poblaciones por construir memoria y procesos colectivos que les permitan pasar la página del horror, estamos viendo, con frustración, que la violencia se reinscribió y las autoridades están atadas de manos. No podemos hablar de democracia sólida cuando los candidatos tienen que pasar a rendirles cuentas a los alzados en armas ni cuando hay territorios enteros del país donde el miedo es la norma.
El daño ya está hecho. Los meses de campaña se llevaron a cabo bajo la sombra ineludible de los grupos al margen de la ley y de poco sirvieron las denuncias del gobernador, de la MOE y de la misma Registraduría. Lo mínimo es que las fuerzas armadas puedan garantizar unas votaciones sin actos de violencia, pero enfrentar la intimidación requiere soluciones de raíz y de largo plazo. Ante el fracaso de los acercamientos con el Clan del Golfo, ¿cuál es la respuesta del Gobierno a esta crisis? ¿Cómo vamos a evitar que sigamos teniendo elecciones secuestradas?
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