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Terminó de estallar Ecuador. Después de que el año pasado hubo un paro indígena y campesino que terminó con la muerte de por lo menos seis personas, el presidente de ese país, Guillermo Lasso, decidió dar un golpe contra la institucionalidad, cerrar el Congreso, gobernar por decreto durante seis meses y convocar a elecciones generales. Aunque amparado en un artículo de la Constitución que hizo aprobar el populista Rafael Correa en 2008, el raciocinio detrás de su actuar es endeble. El mandatario habla de conmoción interior cuando la realidad es que no logró construir mayorías en la Rama Legislativa y se enfrentaba a un juicio de destitución con altas probabilidades de perder. Otro país de la región entra en crisis democrática y se aumenta la posibilidad de que vuelva el correísmo a la Presidencia.
Según el artículo 148 de la Constitución de Ecuador, el presidente tiene la potestad de invocar una medida conocida como “muerte cruzada”. Mediante un decreto, el mandatario puede cerrar la Asamblea Nacional y convocar a elecciones tanto presidenciales como legislativas. Los motivos para hacerlo es que los asambleístas se hayan “arrogado funciones que no le competen constitucionalmente”, “o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”. Esa última razón fue la invocada por el presidente Lasso, quien ha enfrentado tres intentos de destitución, y dijo que “resulta inaceptable que el gobierno cumpla con su agenda de cuatro años en apenas 12 meses”. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, afirmó que la decisión del mandatario era constitucional, señalando un apoyo a la disolución de la Asamblea Nacional, y que “el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia”.
Pese a la aparente legalidad, la actuación de Lasso es un claro golpe a las instituciones. El artículo de la Constitución invocado fue puesto allí bajo el liderazgo de Correa, quien fue un presidente con sus propias ambiciones autoritarias y profunda desconfianza de la división de poderes. Que ahora lo utilice un mandatario que hizo campaña bajo la defensa de la democracia y presentándose como la oposición a los métodos correístas es irónico. No había conmoción interior en el país, solo crisis política generada por un presidente débil que no logró obtener mayorías en el Legislativo. Por fortuna, es necesario convocar a elecciones y todos los decretos-ley de estos seis meses serán revisados por la Corte Constitucional, pero la situación hace dudar de la estabilidad democrática del país vecino.
El expresidente y prófugo de la justicia Rafael Correa aseguró que “es la GRAN oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria”. Por su parte, Lasso aseveró que las elecciones son una oportunidad para que los ecuatorianos decidan sobre su futuro. El país, entonces, continúa en la dicotomía entre el correísmo y su oposición. Lo claro es que la polarización e inestabilidad seguirán quizá con la amenaza de nuevas protestas. ¿Podrá sobrevivir la democracia ecuatoriana?
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