Patear el tablero

El nuevo baño de realidad que ha dado la Corte Internacional de La Haya a Colombia ayer, al declarar que es competente no solamente para atender la demanda por el alegado incumplimiento de su fallo de 2012, cosa que se daba por descontada, sino también para definir las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental en el Caribe, cosa que no se imaginaban siquiera nuestros defensores que pudiera suceder, ha producido una respuesta de parte del Gobierno colombiano que resulta preocupante. Al decidir que desconoce la jurisdicción de esa Corte, ha decidido el Gobierno privilegiar la política interna sobre el ordenamiento jurídico internacional, justo como respuesta a una decisión desfavorable. Eso tiene sus implicaciones.

Lo primero es que esa apariencia que se ha querido lanzar para la tribuna desde el Gobierno asumiendo que los riesgos son menores, que ya otros países han desconocido la jurisdicción de la Corte o no han cumplido sus fallos, soslaya el enorme peligro que resulta de no asumir una defensa en procesos que no se terminan acá sino que apenas van a comenzar y seguirán sin contraparte. La Corte ayer lo único que dijo fue que sí era competente para iniciar esos procesos. Y el desconocimiento de Colombia en nada cambia su curso.

Frente al supuesto incumplimiento del fallo del 2012 que otorgó a Nicaragua posesión sobre una amplia porción de mar alrededor de nuestro archipiélago en el Caribe —que vale repetir que jamás fue nuestro, así en los mapas escolares lo contáramos como propio—, el camino no parece diferente del que se ha debido seguir desde aquel fallo: la necesidad de sentarse con Nicaragua a acordar un tratado que lo haga viable y que tenga en cuenta la realidad de las poblaciones allí presentes, algo que, en principio al menos, Nicaragua también considera necesario. Pero ya van casi cuatro años de ese fallo y nada se ha hecho para avanzar en esa negociación. En este asunto, desconocer la jurisdicción de La Haya, en realidad, ni quita ni pone.

Caso diferente es que al entrar en el fondo de la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental el proceso siga sin defensa de parte de Colombia. Esta es una pretensión muy ambiciosa que además afecta a varios países de la región con quienes era presumible que se pudiera diseñar una defensa conjunta poderosa. Pero además, la decisión de declararse competente la Corte en este caso no fue unánime, ni siquiera por mayoría, sino un empate que dirimió la mecánica interna de la Corte, con aceptación de muchos de los argumentos de Colombia -algunos de los cuales destacó el presidente Santos en su segunda alocución ayer-, lo que indica no solamente que la decisión no fue una "injuria" sin bases jurídicas sino que existían soportes suficientes para ganar la batalla en el fondo ante un juez que no estaba para nada convencido. Nuestro gobierno, sin embargo, ha preferido patear el tablero a seguir jugando con las reglas que aceptó al iniciar la partida.

Lo cual genera inquietudes aún más complicadas. ¿Con qué cara Colombia se presenta ante el Consejo de Seguridad de la ONU para solicitar apoyo en el proceso de paz, declara que la ONU es el mejor garante de la verificación de los acuerdos, pero a la vez dice que sus tribunales, o uno central al menos, son incompetentes para decidir con apego a las leyes internacionales? ¿Con qué cara vamos a acudir a tribunales internacionales para diversos temas, si los vamos deslegitimando según se porten con nosotros? ¿O vamos a hacer un listado de tribunales confiables y tribunales no confiables, según el juicio de Colombia, para ver a cuáles acudimos y a cuáles no? Más aún, ¿con qué grado de credibilidad llegará a firmar un acuerdo de paz un gobierno que solamente cumple y acata lo que le conviene? De locos.

Seguramente que esta decisión de patear el tablero le sirve al Gobierno para su manejo inmediato frente a una opinión adversa, y no solamente en este tema. En el largo plazo, empero, ha decidido tomar un riesgo temerario que años después puede resultar muy doloroso para el país no solo como un miembro no confiable de la comunidad internacional sino, además, en la propia defensa del territorio.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

El nuevo baño de realidad que ha dado la Corte Internacional de La Haya a Colombia ayer, al declarar que es competente no solamente para atender la demanda por el alegado incumplimiento de su fallo de 2012, cosa que se daba por descontada, sino también para definir las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental en el Caribe, cosa que no se imaginaban siquiera nuestros defensores que pudiera suceder, ha producido una respuesta de parte del Gobierno colombiano que resulta preocupante. Al decidir que desconoce la jurisdicción de esa Corte, ha decidido el Gobierno privilegiar la política interna sobre el ordenamiento jurídico internacional, justo como respuesta a una decisión desfavorable. Eso tiene sus implicaciones.

Lo primero es que esa apariencia que se ha querido lanzar para la tribuna desde el Gobierno asumiendo que los riesgos son menores, que ya otros países han desconocido la jurisdicción de la Corte o no han cumplido sus fallos, soslaya el enorme peligro que resulta de no asumir una defensa en procesos que no se terminan acá sino que apenas van a comenzar y seguirán sin contraparte. La Corte ayer lo único que dijo fue que sí era competente para iniciar esos procesos. Y el desconocimiento de Colombia en nada cambia su curso.

Frente al supuesto incumplimiento del fallo del 2012 que otorgó a Nicaragua posesión sobre una amplia porción de mar alrededor de nuestro archipiélago en el Caribe —que vale repetir que jamás fue nuestro, así en los mapas escolares lo contáramos como propio—, el camino no parece diferente del que se ha debido seguir desde aquel fallo: la necesidad de sentarse con Nicaragua a acordar un tratado que lo haga viable y que tenga en cuenta la realidad de las poblaciones allí presentes, algo que, en principio al menos, Nicaragua también considera necesario. Pero ya van casi cuatro años de ese fallo y nada se ha hecho para avanzar en esa negociación. En este asunto, desconocer la jurisdicción de La Haya, en realidad, ni quita ni pone.

Caso diferente es que al entrar en el fondo de la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental el proceso siga sin defensa de parte de Colombia. Esta es una pretensión muy ambiciosa que además afecta a varios países de la región con quienes era presumible que se pudiera diseñar una defensa conjunta poderosa. Pero además, la decisión de declararse competente la Corte en este caso no fue unánime, ni siquiera por mayoría, sino un empate que dirimió la mecánica interna de la Corte, con aceptación de muchos de los argumentos de Colombia -algunos de los cuales destacó el presidente Santos en su segunda alocución ayer-, lo que indica no solamente que la decisión no fue una "injuria" sin bases jurídicas sino que existían soportes suficientes para ganar la batalla en el fondo ante un juez que no estaba para nada convencido. Nuestro gobierno, sin embargo, ha preferido patear el tablero a seguir jugando con las reglas que aceptó al iniciar la partida.

Lo cual genera inquietudes aún más complicadas. ¿Con qué cara Colombia se presenta ante el Consejo de Seguridad de la ONU para solicitar apoyo en el proceso de paz, declara que la ONU es el mejor garante de la verificación de los acuerdos, pero a la vez dice que sus tribunales, o uno central al menos, son incompetentes para decidir con apego a las leyes internacionales? ¿Con qué cara vamos a acudir a tribunales internacionales para diversos temas, si los vamos deslegitimando según se porten con nosotros? ¿O vamos a hacer un listado de tribunales confiables y tribunales no confiables, según el juicio de Colombia, para ver a cuáles acudimos y a cuáles no? Más aún, ¿con qué grado de credibilidad llegará a firmar un acuerdo de paz un gobierno que solamente cumple y acata lo que le conviene? De locos.

Seguramente que esta decisión de patear el tablero le sirve al Gobierno para su manejo inmediato frente a una opinión adversa, y no solamente en este tema. En el largo plazo, empero, ha decidido tomar un riesgo temerario que años después puede resultar muy doloroso para el país no solo como un miembro no confiable de la comunidad internacional sino, además, en la propia defensa del territorio.

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