Ya resulta evidente que Pegasus llegó a Colombia. La información compartida por la revista digital Raya, RTVC y el mismo presidente de la República muestra cómo aviones volaron desde Bogotá a Tel Aviv y habrían transportado a miembros de NSO, la empresa que vende este malware espía a gobiernos de todo el mundo. Más allá de las dudas sobre los saltos que hace el mandatario en sus acusaciones, lo innegable es que las fechas coinciden con la información conocida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Todo lleva a una pregunta: ¿dónde está la Fiscalía General de la Nación y por qué no ha tomado la vocería en tan graves acusaciones?
Según la investigación, confirmada ahora por el presidente Petro, los vuelos se realizaron el 26 de junio y el 18 de septiembre de 2021. Allí habría volado Ron Gonen, director de seguridad global de NSO Group; Moshé Zahar y Yehuda Lahab, director de negocios de la misma empresa. Para añadir a las sospechas, W Radio reveló que ambos aviones fueron recibidos en los hangares de la Policía Nacional. Según el presidente, en cada uno de esos viajes se habrían llevado los US$11 millones en efectivo para pagar Pegasus. Y el mandatario fue más allá, refiriéndose al director Gonen: “Ha cometido un delito en Colombia porque no es posible que ningún ciudadano, nacional o extranjero, porte dinero en efectivo tal como US$5 millones. Eso se llama lavado de activos”.
En medio del ruido, es necesario tener en cuenta qué sabemos y qué no. Al unir la información de la UIAF con los datos de los vuelos, se vuelve aún más plausible la confirmación de que en Colombia se compró Pegasus. Más que eso no sabemos, pues ninguna de las instituciones involucradas, como el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, han podido dar cuenta de dónde se encuentra el sistema ni quién lo ha operado. Todas las denuncias han sido remitidas a la Fiscalía y la Procuraduría, que hasta ahora no han dado avances. Eso tiene que cambiar. Es fundamental que, en el menor tiempo posible, el ente investigador le cuente al país qué ha encontrado y quiénes son los responsables. No podemos vivir en medio de especulaciones.
¿De dónde salió el dinero, quién lo tramitó en Colombia, cómo se negoció con los miembros de NSO Group y cómo se permitió el intercambio? ¿Por qué los aviones llegaron a la pista de la Policía Nacional? ¿Por qué los funcionarios del gobierno pasado, incluyendo el presidente de la República, Iván Duque, niegan la compra? Incluso si todo ocurrió a sus espaldas, ¿no debería, en todo caso, haber responsabilidad? Y, por supuesto, la que es quizás la pregunta más importante: ¿cómo se ha usado Pegasus en el país? ¿Se sigue usando? ¿Cómo es posible que ocurra una compra tan lesiva para los derechos constitucionales de los colombianos y solo nos enteremos hasta ahora, a punta de retazos?
No se puede minimizar la gravedad de lo que está sobre la mesa. Pegasus permite realizar un sofisticado espionaje sin respetar las normas y sin fácil detección. Si se usó contra personas en nuestro país, es una traición a la Constitución y una violación a las normas de inteligencia. Es urgente que conozcamos las respuestas a todas las preguntas planteadas.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
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Según la investigación, confirmada ahora por el presidente Petro, los vuelos se realizaron el 26 de junio y el 18 de septiembre de 2021. Allí habría volado Ron Gonen, director de seguridad global de NSO Group; Moshé Zahar y Yehuda Lahab, director de negocios de la misma empresa. Para añadir a las sospechas, W Radio reveló que ambos aviones fueron recibidos en los hangares de la Policía Nacional. Según el presidente, en cada uno de esos viajes se habrían llevado los US$11 millones en efectivo para pagar Pegasus. Y el mandatario fue más allá, refiriéndose al director Gonen: “Ha cometido un delito en Colombia porque no es posible que ningún ciudadano, nacional o extranjero, porte dinero en efectivo tal como US$5 millones. Eso se llama lavado de activos”.
En medio del ruido, es necesario tener en cuenta qué sabemos y qué no. Al unir la información de la UIAF con los datos de los vuelos, se vuelve aún más plausible la confirmación de que en Colombia se compró Pegasus. Más que eso no sabemos, pues ninguna de las instituciones involucradas, como el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, han podido dar cuenta de dónde se encuentra el sistema ni quién lo ha operado. Todas las denuncias han sido remitidas a la Fiscalía y la Procuraduría, que hasta ahora no han dado avances. Eso tiene que cambiar. Es fundamental que, en el menor tiempo posible, el ente investigador le cuente al país qué ha encontrado y quiénes son los responsables. No podemos vivir en medio de especulaciones.
¿De dónde salió el dinero, quién lo tramitó en Colombia, cómo se negoció con los miembros de NSO Group y cómo se permitió el intercambio? ¿Por qué los aviones llegaron a la pista de la Policía Nacional? ¿Por qué los funcionarios del gobierno pasado, incluyendo el presidente de la República, Iván Duque, niegan la compra? Incluso si todo ocurrió a sus espaldas, ¿no debería, en todo caso, haber responsabilidad? Y, por supuesto, la que es quizás la pregunta más importante: ¿cómo se ha usado Pegasus en el país? ¿Se sigue usando? ¿Cómo es posible que ocurra una compra tan lesiva para los derechos constitucionales de los colombianos y solo nos enteremos hasta ahora, a punta de retazos?
No se puede minimizar la gravedad de lo que está sobre la mesa. Pegasus permite realizar un sofisticado espionaje sin respetar las normas y sin fácil detección. Si se usó contra personas en nuestro país, es una traición a la Constitución y una violación a las normas de inteligencia. Es urgente que conozcamos las respuestas a todas las preguntas planteadas.
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