Persecución contra Vicky Dávila

Vuelve el terror a sacar su peor rostro para intentar silenciar a una periodista. En esta ocasión se trata de Vicky Dávila, colega de La F.m. con una trayectoria reconocida en el periodismo colombiano, quien denunció que su familia, su equipo de trabajo y ella misma han sido sujetos de seguimientos e interceptaciones ilegales a sus comunicaciones privadas. Lo más grave: parece que esto es una retaliación por las denuncias que ella realizó sobre corrupción en la Policía Nacional. Los ecos de lo que ocurrió con el DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe son suficientes para helarle la sangre a cualquiera. Exigimos respuestas y pronto.

En ese sentido, alivia la pronta reacción de la Fiscalía. El fiscal Eduardo Montealegre Lynett anunció la apertura de una investigación y no descartó citar a los altos oficiales de la Policía a declarar por los hechos. Las palabras del jefe del ente acusador deben ser recordadas por todos los funcionarios del Estado: “las amenazas contra un periodista, como consecuencia de su oficio, trascienden el simple ámbito de un hostigamiento contra la persona y constituyen por sí mismas una afectación contra el sistema democrático”.

En octubre, Vicky Dávila y su equipo de La F.m. dieron a conocer unas grabaciones en donde el coronel Reinaldo Gómez es presionado desde la Secretaría General de la Policía Nacional para que cambie unas declaraciones donde había acusado al director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, de acosarlo. También dijo que falsificaron un documento donde supuestamente se retractaba de lo dicho.

El escándalo estalló con acusaciones de parte y parte. Tres oficiales fueron retirados de sus cargos y se anunció una investigación interna en la Policía. Actualmente, la Procuraduría está investigando al general Palomino y el país está esperando saber qué sucedió realmente.

En cualquier caso, lo que está claro, como suele suceder en los casos de amenazas, es que la labor periodística bien hecha incomoda a las personas con poder cuyo único recurso, al sentirse descubiertos, es la fuerza perversa del miedo. Si algo, esto demuestra que el equipo de La F.m. estaba haciendo bien su trabajo.

Por supuesto, no puede afirmarseque el general Palomino sea responsable de lo ocurrido. También son bienvenidas sus declaraciones sobre el caso, al afirmar que “la Policía no solamente rechaza cualquier intromisión, sino que al mismo tiempo expresa total solidaridad y disposición para que la capacidad institucional de orden investigativo esté en coordinación con la Fiscalía, puesta al servicio de estas investigaciones, con la contundencia y capacidad institucional de que disponemos”. Así es como deben responder las autoridades.

Pero todo lo anterior no calma la justificada preocupación que esto produce. Si las amenazas de las personas al margen de la ley asustan, es más grave cuando el motivo de lo ocurrido parece ser una investigación que involucra a una entidad pública. Por eso fueron tan perversos los hechos ocurridos con el DAS: jamás el Estado puede traicionar su mandato constitucional de proteger a todos los ciudadanos y defender sus derechos fundamentales, entre ellos el de la libre expresión y difusión de la información. Si son las autoridades quienes persiguen a los ciudadanos, éstos se quedan sin donde acudir.

Expresamos nuestro apoyo y solidaridad con Vicky Dávila y su equipo. Ojalá pronto sepamos quién busca silenciarlos.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

Vuelve el terror a sacar su peor rostro para intentar silenciar a una periodista. En esta ocasión se trata de Vicky Dávila, colega de La F.m. con una trayectoria reconocida en el periodismo colombiano, quien denunció que su familia, su equipo de trabajo y ella misma han sido sujetos de seguimientos e interceptaciones ilegales a sus comunicaciones privadas. Lo más grave: parece que esto es una retaliación por las denuncias que ella realizó sobre corrupción en la Policía Nacional. Los ecos de lo que ocurrió con el DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe son suficientes para helarle la sangre a cualquiera. Exigimos respuestas y pronto.

En ese sentido, alivia la pronta reacción de la Fiscalía. El fiscal Eduardo Montealegre Lynett anunció la apertura de una investigación y no descartó citar a los altos oficiales de la Policía a declarar por los hechos. Las palabras del jefe del ente acusador deben ser recordadas por todos los funcionarios del Estado: “las amenazas contra un periodista, como consecuencia de su oficio, trascienden el simple ámbito de un hostigamiento contra la persona y constituyen por sí mismas una afectación contra el sistema democrático”.

En octubre, Vicky Dávila y su equipo de La F.m. dieron a conocer unas grabaciones en donde el coronel Reinaldo Gómez es presionado desde la Secretaría General de la Policía Nacional para que cambie unas declaraciones donde había acusado al director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, de acosarlo. También dijo que falsificaron un documento donde supuestamente se retractaba de lo dicho.

El escándalo estalló con acusaciones de parte y parte. Tres oficiales fueron retirados de sus cargos y se anunció una investigación interna en la Policía. Actualmente, la Procuraduría está investigando al general Palomino y el país está esperando saber qué sucedió realmente.

En cualquier caso, lo que está claro, como suele suceder en los casos de amenazas, es que la labor periodística bien hecha incomoda a las personas con poder cuyo único recurso, al sentirse descubiertos, es la fuerza perversa del miedo. Si algo, esto demuestra que el equipo de La F.m. estaba haciendo bien su trabajo.

Por supuesto, no puede afirmarseque el general Palomino sea responsable de lo ocurrido. También son bienvenidas sus declaraciones sobre el caso, al afirmar que “la Policía no solamente rechaza cualquier intromisión, sino que al mismo tiempo expresa total solidaridad y disposición para que la capacidad institucional de orden investigativo esté en coordinación con la Fiscalía, puesta al servicio de estas investigaciones, con la contundencia y capacidad institucional de que disponemos”. Así es como deben responder las autoridades.

Pero todo lo anterior no calma la justificada preocupación que esto produce. Si las amenazas de las personas al margen de la ley asustan, es más grave cuando el motivo de lo ocurrido parece ser una investigación que involucra a una entidad pública. Por eso fueron tan perversos los hechos ocurridos con el DAS: jamás el Estado puede traicionar su mandato constitucional de proteger a todos los ciudadanos y defender sus derechos fundamentales, entre ellos el de la libre expresión y difusión de la información. Si son las autoridades quienes persiguen a los ciudadanos, éstos se quedan sin donde acudir.

Expresamos nuestro apoyo y solidaridad con Vicky Dávila y su equipo. Ojalá pronto sepamos quién busca silenciarlos.

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