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En medio de las promesas de una paz total, seguimos bañados en noticias de guerra. Al cerrar esta edición, se acababa de reportar el asesinato del soldado Stiven Maicol Peñalosa, de 20 años, en Belén de Bajirá (Chocó). Sus asesinos, el Clan del Golfo, también sufrieron bajas, entre ellas Enoc Valencia, alias Cherry, máximo líder de la subestructura Carlos Vásquez en el Urabá antioqueño y quien dirigía el “plan pistola” que se está llevando a cabo en Antioquia. El terror no ha cesado: las bandas criminales quieren verse poderosas frente al presidente electo, Gustavo Petro, y las autoridades siguen persiguiendo a los criminales. ¿Será entonces válido hablar de sometimiento con los grupos armados al margen de la ley? ¿Y llegarán a buen puerto las señales de paz que envía el Eln?
El panorama que hereda el gobierno Petro no es sencillo. Hay que entender que estamos ante dos conflictos con características esencialmente distintas. El Clan del Golfo no tiene motivación política, por más que lo haya intentado hacer parecer en sus comunicaciones recientes. Se trata de una organización criminal que no ha parado de crecer a punta de sangre y fuego, impulsada no en menor medida por sus negocios con el narcotráfico. Aunque ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alias Otoniel dijo que el Clan del Golfo sigue con voluntad de diálogo, esas intenciones son difíciles de aterrizar por varias razones: el Clan opera de manera descentralizada, a punta de subcontratistas, y tiene diferentes prioridades en los varios lugares del país que ocupa. No estamos, y esto es clave entenderlo, ante un ejército organizado con objetivos políticos claros; es más bien una sofisticada banda criminal que causa mucho daño y a menudo doblega las capacidades del Estado.
Entonces, un desarme es fundamental. Por supuesto que lo es. Pero la Ley de Sometimiento de Grupos Armados Organizados (Ley 1908 de 2018) se quedó corta; hoy el Clan no cuenta con un liderazgo claro y cualquier diálogo arranca con un Estado atado de manos. No se les puede ofrecer curules políticas, por ejemplo, por tratarse de simples criminales. Una amnistía amplia tampoco está sobre la mesa. Lo que sí puede negociarse son reducciones de penas y, con la connivencia de Estados Unidos, más flexibilidad en las extradiciones. Lo dicho: le tocará hilar muy fino al equipo de Gustavo Petro y aun así es fundamental que lo haga. No queremos más “planes pistola” ni paros armados. La violencia irracional debe ser parte del pasado.
Por otro lado está el Eln, guerrilla que a menudo ha mostrado su intransigente terquedad. Empezar el gobierno pasado con un atentado a la Escuela General Santander, que dejó 23 personas muertas, fue muestra de una crueldad que persiste. Sus líderes, atrapados en La Habana desde el rompimiento de los últimos diálogos, en ocasiones han mostrado no tener control de los frentes que siguen operando en Colombia. Sin embargo, este proceso parece más “fácil” por varias razones: ya se había avanzado de forma considerable durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se puede construir sobre el Acuerdo de Paz con las Farc siempre y cuando las peticiones del Eln sean razonables, y hay la promesa de un cese bilateral del fuego que ojalá será interpretado como una señal de urgencia para llevar a buen puerto las negociaciones.
Queremos la paz. Queremos apostarle a la paz. Queremos el sometimiento de los criminales y la reincorporación de los combatientes. Cuatro años pueden ser suficientes para seguir cambiando por completo el rostro de Colombia. Pese a las dificultades, hay que insistir.
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