¿Podrá la JEP sanar a Colombia?

Abrió las puertas la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá (carrera 7ª Nº 63-44). Este acto, que llega después de retrasos inaceptables, y que está supeditado al hecho de que todavía no está la reglamentación completa que permitirá el funcionamiento de la justicia transicional, es no obstante histórico. A partir de ayer, ese experimento de justicia que pretende ser un modelo para Colombia y el mundo está buscando a las víctimas del conflicto, recibiendo a los exguerrilleros y elaborando informes que serán una pieza esencial en el proceso de reconciliación de Colombia. Todos sus funcionarios cargan encima el enorme peso de un país desconfiado, un Gobierno desinflado y una paz que no mueve masas políticas, y por eso mismo sobre ellos recae una responsabilidad monumental.

La apertura se realizó con la entrega de un primer informe, en el que se contó que 6.094 personas que pertenecieron a las Farc han suscrito actas, 3.666 para libertad condicionada y 2.428 para su reincorporación política, social y económica. También hay 1.792 miembros de la Fuerza Pública y 24 personas distintas que han pedido entrar a la JEP. Como explicó Mirtha Linares, este “es el punto de partida para encontrar toda la información necesaria para garantizar este tipo de justicia restaurativa”. En los próximos meses la JEP recibirá informes por parte de la Fiscalía, Procuraduría, justicia penal militar y organizaciones de víctimas de derechos humanos.

No es un paso menor. Aunque la JEP todavía está atada de manos y pies, pues no ha expedido su reglamento interno y, peor aún, el Congreso no ha tramitado la ley que establezca el procedimiento a emplear por la jurisdicción transicional, ya empieza la dispendiosa y necesaria tarea de recolectar la información.

Además, tener un espacio físico en donde los colombianos puedan ir a resolver sus inquietudes es materializar, por fin, esa promesa de la justicia transicional. Puede que tardemos por lo menos un año más en el comienzo de los primeros juicios, pero la JEP es una realidad innegable y con un rostro visible.

Ese último componente es fundamental, pues los debates polarizados alrededor de los Acuerdos de Paz de La Habana se han enfilado contra la idea de una justicia inquisitorial. Los oponentes a lo pactado han dicho que la JEP es una conspiración de la izquierda global para perseguir a los colombianos de bien, traicionar a las víctimas y bañar en impunidad a la exguerrilla de las Farc. Eso, a partir de una lectura de las normativas que se han aprobado, es evidentemente falso; pero en este caso la mejor herramienta para desvirtuar ese discurso serán los hechos que se produzcan en la JEP.

Por eso, los magistrados y funcionarios tienen el peso enorme de dar muestra de su independencia, transparencia, rigurosidad y compromiso con un proceso de justicia transicional que llene el país de verdad y reparación, y que sea implacable con las penas que sí puede imponer, aunque no sean severas por lo pactado en el Acuerdo. El primer compromiso de la JEP es con las víctimas, a las cuales les debe ofrecer representación jurídica y la entrada a unos procesos ejemplares; el segundo, con todo el país, al cual le debe demostrar que en Colombia sí tenemos cómo ejercer justicia de manera idónea, sin sesgos políticos y con criterios éticos claros.

Si lo anterior suena a discurso aspiracional, es porque lo que está en juego, literalmente, es la capacidad de sanar las heridas de un país plagado de resentimientos. Esa es la tarea histórica de la JEP. Qué bueno que ya empezaron a trabajar para cumplirla.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

Abrió las puertas la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá (carrera 7ª Nº 63-44). Este acto, que llega después de retrasos inaceptables, y que está supeditado al hecho de que todavía no está la reglamentación completa que permitirá el funcionamiento de la justicia transicional, es no obstante histórico. A partir de ayer, ese experimento de justicia que pretende ser un modelo para Colombia y el mundo está buscando a las víctimas del conflicto, recibiendo a los exguerrilleros y elaborando informes que serán una pieza esencial en el proceso de reconciliación de Colombia. Todos sus funcionarios cargan encima el enorme peso de un país desconfiado, un Gobierno desinflado y una paz que no mueve masas políticas, y por eso mismo sobre ellos recae una responsabilidad monumental.

La apertura se realizó con la entrega de un primer informe, en el que se contó que 6.094 personas que pertenecieron a las Farc han suscrito actas, 3.666 para libertad condicionada y 2.428 para su reincorporación política, social y económica. También hay 1.792 miembros de la Fuerza Pública y 24 personas distintas que han pedido entrar a la JEP. Como explicó Mirtha Linares, este “es el punto de partida para encontrar toda la información necesaria para garantizar este tipo de justicia restaurativa”. En los próximos meses la JEP recibirá informes por parte de la Fiscalía, Procuraduría, justicia penal militar y organizaciones de víctimas de derechos humanos.

No es un paso menor. Aunque la JEP todavía está atada de manos y pies, pues no ha expedido su reglamento interno y, peor aún, el Congreso no ha tramitado la ley que establezca el procedimiento a emplear por la jurisdicción transicional, ya empieza la dispendiosa y necesaria tarea de recolectar la información.

Además, tener un espacio físico en donde los colombianos puedan ir a resolver sus inquietudes es materializar, por fin, esa promesa de la justicia transicional. Puede que tardemos por lo menos un año más en el comienzo de los primeros juicios, pero la JEP es una realidad innegable y con un rostro visible.

Ese último componente es fundamental, pues los debates polarizados alrededor de los Acuerdos de Paz de La Habana se han enfilado contra la idea de una justicia inquisitorial. Los oponentes a lo pactado han dicho que la JEP es una conspiración de la izquierda global para perseguir a los colombianos de bien, traicionar a las víctimas y bañar en impunidad a la exguerrilla de las Farc. Eso, a partir de una lectura de las normativas que se han aprobado, es evidentemente falso; pero en este caso la mejor herramienta para desvirtuar ese discurso serán los hechos que se produzcan en la JEP.

Por eso, los magistrados y funcionarios tienen el peso enorme de dar muestra de su independencia, transparencia, rigurosidad y compromiso con un proceso de justicia transicional que llene el país de verdad y reparación, y que sea implacable con las penas que sí puede imponer, aunque no sean severas por lo pactado en el Acuerdo. El primer compromiso de la JEP es con las víctimas, a las cuales les debe ofrecer representación jurídica y la entrada a unos procesos ejemplares; el segundo, con todo el país, al cual le debe demostrar que en Colombia sí tenemos cómo ejercer justicia de manera idónea, sin sesgos políticos y con criterios éticos claros.

Si lo anterior suena a discurso aspiracional, es porque lo que está en juego, literalmente, es la capacidad de sanar las heridas de un país plagado de resentimientos. Esa es la tarea histórica de la JEP. Qué bueno que ya empezaron a trabajar para cumplirla.

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