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Está de moda convocar referendos. En ausencia de diálogos constructivos, de planes a largo plazo y de grandeza en nuestros líderes políticos, han proliferado las propuestas de convocar a las personas a las urnas, de nuevo emberracadas, para alterar la institucionalidad. En realidad, parecen más actos grandilocuentes con la pretensión de impulsar apuestas políticas individuales que preocupaciones sinceras y productivas por el bienestar de Colombia. Curiosamente, lo vimos en dos rincones aparentemente opuestos: desde el expresidente Álvaro Uribe Vélez hasta el senador Roy Barreras.
La obsesión del expresidente Uribe y su partido por deteriorar y torpedear el sistema de justicia transicional nunca ha sido disimulada. Pese a que los mecanismos de verdad, justicia y reparación han venido dando buenos resultados, que anuncian decisiones importantes en los próximos años y la construcción de relatos necesarios para Colombia, el líder natural del Centro Democrático insiste en la estigmatización. “Debemos insistir en la derogatoria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en la reforma de los Acuerdos de La Habana”, dijo. Esto, mientras la senadora que lo reemplazó en su curul, Milla Romero, presentaba un proyecto para eliminar la JEP. En declaraciones dijo que el “sistema le cuesta $300.000 millones a los colombianos y ha fallado en su objetivo”.
No tiene razón de ser ese golpe incesante al trabajo de la justicia transicional. Ya, a estas alturas, se siente como un capricho. Gracias al trabajo de la JEP se encontraron fosas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por integrantes del Ejército, se han adelantado macrocasos que pronto empezarán a dar resultados e incluso hay una nueva versión sobre varios magnicidios que navegaron por años en la impunidad en manos de la justicia ordinaria. Lo único que no le gusta al uribismo es que se trata del pilar del Acuerdo de Paz, que nunca han apoyado. Pero ni con las objeciones presidenciales, ni con su presencia en el Congreso han logrado echar para atrás lo que a esta hora es un compromiso del Estado colombiano, con independencia de quien esté en la Casa de Nariño.
Es la perversión de los mecanismos de participación popular. En el proceso se logra el resultado esperado: destrozar la reputación de la justicia transicional. Perdemos todos.
En la otra orilla, el senador Roy Barreras anunció esta semana que rompió con el Partido de la U y lanzó la propuesta de una revocatoria presidencial. Bien parece un estratégico aprovechamiento de la baja popularidad del presidente Duque para lanzar una propuesta extrema, llamar la atención sobre su nuevo proyecto político y así comenzar con algún impulso. Es, a todas luces, una propuesta irresponsable.
¿Qué motivos hay para revocar al presidente? ¿Acaso no ha sido coherente con las promesas de campaña? ¿Acaso no sabían a quién estaban eligiendo? Las revocatorias están pensadas por incumplimientos graves de la hoja de ruta propuesta a los colombianos. Además, son procesos largos, desgastantes y que, sí, ayudan a la radicalización y al golpe a las instituciones.
¿Qué ganamos con tantos globos en el aire? El país, sus instituciones y sus planes a largo plazo, nada. ¿Los promotores? ¿Réditos electorales, quizás, a casi dos años de las próximas elecciones legislativas y presidenciales? En vez de estar buscando patear la mesa con juegos de política pequeña, ¿no sería más productivo desarrollar propuestas constructivas para presentarlas a los colombianos? El “todo o nada” de los referendos propuestos es seguir en una lógica que nos tiene condenados a un Estado estancado. ¡Pongámonos serios!
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