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Al Congreso le encanta darse palmaditas en la espalda cuando siente que hizo algo bien. El último caso fue la llamada “ley Natalia Ponce”, aprobada en cuarto debate en el Senado el pasado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tipifica los ataques con ácido como un delito autónomo y establece una pena máxima de 50 años (cuando apliquen los agravantes) para quien sea condenado. Sin embargo, más allá del ruido mediático y del merecido homenaje a Natalia Ponce de León y las víctimas de este tipo de actos, esta iniciativa es una muestra más de un Estado que soluciona todo a punta de populismo punitivo y, así, se lava las manos de las responsabilidades que tiene para luchar en serio contra la violencia de género.
Aunque es razonable querer tipificar los ataques con ácido como algo más que una simple lesión personal, la reacción a este tema sigue los mismos patrones de siempre: hay un problema de raíces profundas y complejas que, ante la impotencia del Estado, se intenta resolver subiendo las penas. El resultado es el mismo, poco cambia, los crímenes siguen ocurriendo, no se ataca la fuente del asunto, la política criminal se vuelve errática e incoherente y los congresistas duermen tranquilos creyendo que hicieron algo por el país. Lo dijo mejor Ponce de León en una entrevista a El Espectador: “El proyecto de ley busca subir unas penas, pero eso de qué sirve si no cogen a nadie”. Exacto.
Lo descorazonador de este asunto es que las autoridades se lavan las manos una vez aprueban este tipo de leyes, pero los problemas, que necesitan atención urgente, quedan en segundo plano. También lo dijo Ponce de León: “No sé cuántos casos como estos llevamos en Colombia, pero casi todos están en la impunidad y los agresores siguen por ahí sueltos. El Estado no ha hecho el más mínimo esfuerzo de buscarlos. Cuando a mí me atacaron el 27 de marzo de 2014, se ofrecieron $75 millones por encontrar a Jonathan Vega y lo encontraron en ocho días. ¿Por qué conmigo sí lo hacen y con el resto no?”. Esa actitud oportunista es prueba de un Estado que se mueve motivado por la atención mediática, mas no por el interés de llevar a cabo lo necesario para atender el flagelo.
¿De qué problema, precisamente, estamos hablando? En los últimos diez años, unas 900 personas han sido atacadas con ácido y el 98,8 % de los casos están impunes. Cifras inaceptables. Y lo mismo se puede decir sobre todas las distintas formas de violencia contra la mujer: la falta de denuncia, la incompetencia de las autoridades encargadas de perseguir los delitos y el desconocimiento que las mujeres tienen de sus derechos forman un caldo de cultivo para que los crímenes se sigan cometiendo.
Esta es la idea que ojalá entiendan los funcionarios con la capacidad de hacer verdaderos cambios: se ha demostrado que las penas altas no influyen en la decisión de los criminales de cometer delitos. ¿Saben qué sí motiva a que sigan delinquiendo? Saber que no van a tener que responder por sus actos.
Queremos terminar volviendo nuevamente a las palabras de Ponce de León. Su reclamo al Estado es el mismo que respaldamos. Cuando le preguntamos qué les pide al Gobierno y al fiscal, su respuesta fue clara: “Que nos proteja. Que en serio nos defienda. Que encuentre a la gente que hace esto”. La eficiencia en el caso de ella, donde los agentes estatales se movieron con rapidez, demuestra que sí tenemos la capacidad de perseguir estos crímenes y hacer justicia. Cuando todas las víctimas reciban un tratamiento similar y se sientan protegidas, ese día sí les daremos palmaditas en la espalda a todos los responsables. No antes.
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