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La reforma pensional se ha convertido en un lugar común para las promesas imposibles de los gobiernos. Presidente tras presidente, llegaban a la Casa de Nariño y anunciaban que, ahora sí, el país iba a enfrentar la bomba de tiempo en que se convirtió el sistema de pensiones. Se prometía modificar el régimen de subsidios a las megapensiones, que desangran las finanzas de todos por beneficiar a unos pocos, y atender el problema demográfico de una población que tiende a envejecer. Sin embargo, nada ocurría. Los proyectos se estancaban en el Congreso, en medio de la falta de voluntad política.
Ese contexto es fundamental para entender el triunfo del presidente Gustavo Petro y su ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. La reforma pensional aprobada el pasado viernes por la Cámara de Representantes, que ahora pasa a sanción presidencial, es la modificación más profunda que se le ha hecho al sistema de seguridad social en por lo menos tres décadas. Como dijo la ministra Ramírez, con esto se logra blindar el sistema por los próximos 40 años, se destraba una discusión que parecía estancada a perpetuidad y se crea un alivio necesario para los colombianos de la tercera edad más vulnerables. Es, debemos agregar, un testimonio de lo que puede conseguir un gobierno reformista que no se atrinchera en su propio dogmatismo.
Esta no es la reforma que querían el presidente y la ministra Ramírez en principio. Eso es evidente. Si de ideología se tratara, la reforma pensional aprobada hubiese marchitado por completo a los fondos privados de pensiones. Eso mismo lo aceptó la jefa de la cartera de Trabajo. Pero —esto nos parece lo más importante— tanto Ramírez como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, comprendieron que para lograr aprobar una reforma tantas veces negada en el pasado necesitaban construir una alianza amplia, que involucrara concesiones. Lo lograron y el texto aprobado es un avance histórico, como lo catalogó el presidente Petro, que además les da impulso a las otras reformas del Gobierno si la Casa de Nariño aprende las lecciones correctas de lo ocurrido.
Son varios los puntos claves de esta reforma. Colpensiones y los fondos privados dejan de competir. Hasta 2,3 salarios mínimos, las cotizaciones irán al fondo público; a partir de allí, irán al privado. El Gobierno quería un umbral de cuatro salarios mínimos, como bien lo dijo el presidente en una alocución que despistó hasta a los miembros de su propio equipo, pero eso, en un país donde el 83 % de los trabajadores actuales ganan menos de dos salarios mínimos, hubiese significado la aniquilación de facto de los fondos privados. Los partidos políticos moderados condicionaron su apoyo a un acuerdo más razonable y lo consiguieron. Con esto empieza a solucionarse el desangre de Colpensiones y el problema de los subsidios a las megapensiones.
El otro punto importantísimo es la mejora del programa Colombia Mayor: pasa de $80.000 mensuales a $223.000 para dos millones y medio de adultos mayores beneficiarios. En un país donde la vejez y la pobreza van de la mano, es un acto de profunda humanidad.
Esta reforma no corrige todos los problemas estructurales: tanto el Gobierno como la oposición lo reconocen. Pero después de años de estancamiento, le da un respiro al sistema y muestra que en el país sí se pueden llevar a cabo debates serios y complejos. Eso es motivo de celebración.
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