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En septiembre del año pasado, Luis Humberto Martínez, gerente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), expresó su preocupación porque Venezuela no es un país libre de enfermedades que afectan al sector agropecuario. En el marco del proceso de vacunación del ganado colombiano, el país vecino se veía como un peligro de contaminación. Si estábamos advertidos, ¿por qué entonces ahora estamos presenciando un preocupante brote de fiebre aftosa?
En 2009, cuando Colombia fue finalmente declarada libre de la fiebre aftosa por vacunación, se vio como un triunfo después de un esfuerzo titánico. Desde entonces, el trabajo ha sido constante para mantener al país libre de esa enfermedad. Según Fedegán, se han requerido en total unos $700.000 millones de inversión en vacunación.
Sin embargo, a finales de junio se detectó un foco de fiebre aftosa (el primero en estos ocho años), en una finca del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Según explicó el ICA en ese momento, “de 136 animales que posee el predio, siete presentaron lesiones vesiculares que dieron resultado positivo a fiebre aftosa”. En rueda de prensa, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo que el foco “está ubicado únicamente en Tame”, por lo que era posible contenerlo y, además, invitó a pensar que es producto del contrabando desde el país vecino.
Las malas noticias no acabarían ahí. Se supo ahora que en Yacopí, en Cundinamarca, se identificó un brote de fiebre aftosa, que afectó a 134 animales ubicados en ocho predios de esa zona. Ante la situación y con las cancelaciones de varios países de importación de carne colombiana, se decretó una cuarentena.
Son muchas las preguntas que surgen. Volvemos a insistir con la que empezamos este texto: si ya estábamos advertidos y Venezuela era un foco de preocupación, ¿cómo es posible que se presente este brote? ¿Por qué se minimizó el riesgo cuando se ubicó la primera aparición de la fiebre?
El Ministerio de Agricultura tendrá que poder explicarle al país, con certeza, si en efecto fue el contrabando el causante del problema. Dicho eso, ahí no se detienen los cuestionamientos que deben plantearse. ¿Cómo es posible que pase ganado de contrabando en una zona que es de alta vigilancia? Además, la dificultad de definir si se trató de ganado de contrabando, ¿no es motivo para cuestionar la debilidad de mecanismos de trazabilidad de los animales para saber de dónde vienen y por cuáles controles han pasado?
El decomiso de animales, aparentemente procedentes de Venezuela, en Paipa (Boyacá) abre el interrogante de si existen controles suficientes para evitar que bovinos de un país tan riesgoso lleguen tan lejos como el centro de Colombia.
La pregunta no debe quedarse sólo en los controles al tránsito, sino también para la vigilancia de los puntos de venta: ¿tiene el Estado la capacidad institucional para hacer las visitas y verificaciones eficientes en los lugares del país donde se comercializa la carne? Cada tanto hay reportes de visitas, pero hace falta una rendición de cuentas más transparente.
En justicia, el Ministerio de Agricultura ha demostrado tener la voluntad de evitar que el problema empeore. Esperamos que sus medidas estén a tiempo. También hacemos un llamado a los gremios de ganaderos, desunidos por razones políticas, a que vean más allá de las diferencias y formen un frente común ante un reto que puede ser nefasto para el futuro del país. Se debe controlar el brote, identificar cuáles fueron las fallas y poder garantizar que algo así no vuelva a ocurrir.
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