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Después de años, décadas incluso, de ideas repetitivas sobre la guerra contra las drogas, el Ministerio de Justicia empezó a socializar un borrador del decreto que regula la posesión y el uso de cultivos de hoja de coca, cannabis y amapola. Se trata de la materialización de la Política Nacional de Drogas 2023-2033 anunciada a principios de año y, ante todo, un viraje notable en la aproximación del Estado a las comunidades cocaleras. Aunque es importante aclarar que no se trata de una legalización de la cocaína, sí deja a un lado la equivocada prohibición de la hoja de coca para sus múltiples usos legales y, sobre todo, abre la puerta para que las zonas más afectadas por el conflicto tengan opciones reales de desarrollo económico.
Después de que El Espectador tuvo acceso al borrador del decreto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le dijo a este diario que “de lo que se trata es de comenzar a tener unas medidas procedentes para que el tránsito de la economía de la cocaína y la economía cocalera a economías lícitas también tenga lugar en esa materia”. Habló, por ejemplo, de cosméticos, fertilizantes, plásticos, pinturas y comestibles. Esto bajo la existencia de una clase media cocalera en zonas de alto impacto del conflicto donde los procesos de sustitución se han estancado con la realidad económica: si no hay alternativas legales, la ilegalidad siempre triunfa.
El fondo del asunto es un cambio de paradigma importante. El Estado colombiano siempre se aproximó a las comunidades cocaleras con cierta desconfianza. La persecución judicial ha sido implacable y ha llenado las cárceles del país con las personas más vulnerables en toda la cadena de producción. Mientras tanto, por más fuertes que hayan sido los procesos de erradicación, el narcotráfico ha seguido a sus anchas. Por eso es tan importante dividir la estrategia en lo que el Gobierno ha llamado “oxígeno y asfixia”. La asfixia es para las bandas del narcotráfico y sus cabezas, el oxígeno es para las comunidades que necesiten proyectos que les den alternativas claras de sostenimiento. El problema es que a pesar de las múltiples promesas de llevar proyectos productivos, no se le ha dado seguimiento ni se ha consolidado un modelo viable.
Ahora, la regulación de la hoja de coca reconoce su utilidad más allá de la cocaína. Les da a las comunidades la capacidad de entrar al mercado colombiano mientras el mundo sigue girando hacia la regulación. El poder contra el estigma es importante: no más “mata que mata”, sino la celebración de un cultivo que tiene muchos usos. En el decreto del Ministerio de Justicia se pide que el proyecto que obtenga la licencia sea presentado por comunidades étnicas, campesinas y organizaciones sociales de base en los territorios, y que tenga impacto en zonas de afectación por el conflicto armado o el narcotráfico.
Es fundamental, sin embargo, que con las licencias venga el acompañamiento del Estado, tanto en vigilancia como en apoyo de los proyectos. De lo contrario, las buenas intenciones se pueden convertir en otro espacio de influencia de la ilegalidad. Mientras la lucha por un cambio de política de drogas global da frutos, en buena hora Colombia está probando alternativas.
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