Álvaro Hernán Prada tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, pero la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la competencia en su caso debe invitar a reflexiones dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE). Mientras el exrepresentante a la Cámara y ahora magistrado del CNE lidera una investigación importantísima para el país que involucra al presidente de la República, Gustavo Petro, la CSJ ha señalado la presencia de indicios sobre una red que implicaría a Prada y que buscaba torcer testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Prada insiste en su inocencia y ha insinuado que todo se trata de una conspiración. “Durante más de tres años, el senador [Iván Cepeda] recorrió establecimientos carcelarios para entrar en contacto con delincuentes peligrosos. Entre las cosas más absurdas de este proceso está la forma como me involucran en el mismo”, dijo Prada en su momento. Por eso, pidió que se anulara lo adelantado, pues su renuncia al Congreso, en su opinión, debió representar la pérdida de competencia por parte de la CSJ. Sin embargo, el alto tribunal dijo que tiene argumentos para mantener la investigación. Eso quiere decir que el proceso queda en firme y avanza, lo que complica el trabajo de Prada como magistrado del CNE.
Hay tres aspectos importantes para entender este caso. El primero es que, al mencionar a Iván Cepeda, Prada busca una revictimización, pues este proceso surgió precisamente por una falsa denuncia contra el senador del Pacto Histórico. En las investigaciones hay indicios de que lo que aconteció fue manipulación de testigos para enlodar a Cepeda. En marzo, el Consejo de Estado mantuvo en firme la suspensión por 34 meses del ejercicio del derecho a Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe en ese caso, quien también tiene un proceso penal en su contra por estos hechos. La semana pasada empezaron las audiencias de acusación contra el exmandatario Uribe. En ese entramado se enmarca la presunta participación de Prada.
El segundo aspecto es que la Corte Suprema viene sentando precedentes importantes de cuándo pierde competencia sobre los aforados. Dado que se volvió costumbre que, al ser investigados, los congresistas renuncien al cargo para cambiar de juez natural, el alto tribunal ha tenido que considerar si su posición como legisladores era relevante. En el caso de Prada, la conclusión de los magistrados es que sí fue influyente. “El comportamiento tuvo lugar en un contexto preelectoral, de tal suerte que, si se considera la posición política reconocida al acusado en el departamento del Huila, tanto como presidente del Centro Democrático y representante a la Cámara, no resulta aceptable afirmar o sugerir siquiera que la conducta investigada es ajena a sus funciones”, escribió el alto tribunal. Por eso, mantiene competencia.
El tercer aspecto es que las maromas jurídicas han buscado entorpecer que avance el caso. Con la decisión reciente de la Corte, por fin podremos empezar a conocer las pruebas. De nuevo, Prada tiene presunción de inocencia; lo único que merece el país es que haya un debido proceso y se llegue a respuestas con transparencia. Mientras tanto, su rol en el CNE queda cuestionado, más aún con el precedente que sentaron hace poco en torno a la investigación del presidente Petro. No puede aplicarse justicia mientras hay tantas preguntas sobre quienes la ejercen.
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Álvaro Hernán Prada tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, pero la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la competencia en su caso debe invitar a reflexiones dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE). Mientras el exrepresentante a la Cámara y ahora magistrado del CNE lidera una investigación importantísima para el país que involucra al presidente de la República, Gustavo Petro, la CSJ ha señalado la presencia de indicios sobre una red que implicaría a Prada y que buscaba torcer testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Prada insiste en su inocencia y ha insinuado que todo se trata de una conspiración. “Durante más de tres años, el senador [Iván Cepeda] recorrió establecimientos carcelarios para entrar en contacto con delincuentes peligrosos. Entre las cosas más absurdas de este proceso está la forma como me involucran en el mismo”, dijo Prada en su momento. Por eso, pidió que se anulara lo adelantado, pues su renuncia al Congreso, en su opinión, debió representar la pérdida de competencia por parte de la CSJ. Sin embargo, el alto tribunal dijo que tiene argumentos para mantener la investigación. Eso quiere decir que el proceso queda en firme y avanza, lo que complica el trabajo de Prada como magistrado del CNE.
Hay tres aspectos importantes para entender este caso. El primero es que, al mencionar a Iván Cepeda, Prada busca una revictimización, pues este proceso surgió precisamente por una falsa denuncia contra el senador del Pacto Histórico. En las investigaciones hay indicios de que lo que aconteció fue manipulación de testigos para enlodar a Cepeda. En marzo, el Consejo de Estado mantuvo en firme la suspensión por 34 meses del ejercicio del derecho a Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe en ese caso, quien también tiene un proceso penal en su contra por estos hechos. La semana pasada empezaron las audiencias de acusación contra el exmandatario Uribe. En ese entramado se enmarca la presunta participación de Prada.
El segundo aspecto es que la Corte Suprema viene sentando precedentes importantes de cuándo pierde competencia sobre los aforados. Dado que se volvió costumbre que, al ser investigados, los congresistas renuncien al cargo para cambiar de juez natural, el alto tribunal ha tenido que considerar si su posición como legisladores era relevante. En el caso de Prada, la conclusión de los magistrados es que sí fue influyente. “El comportamiento tuvo lugar en un contexto preelectoral, de tal suerte que, si se considera la posición política reconocida al acusado en el departamento del Huila, tanto como presidente del Centro Democrático y representante a la Cámara, no resulta aceptable afirmar o sugerir siquiera que la conducta investigada es ajena a sus funciones”, escribió el alto tribunal. Por eso, mantiene competencia.
El tercer aspecto es que las maromas jurídicas han buscado entorpecer que avance el caso. Con la decisión reciente de la Corte, por fin podremos empezar a conocer las pruebas. De nuevo, Prada tiene presunción de inocencia; lo único que merece el país es que haya un debido proceso y se llegue a respuestas con transparencia. Mientras tanto, su rol en el CNE queda cuestionado, más aún con el precedente que sentaron hace poco en torno a la investigación del presidente Petro. No puede aplicarse justicia mientras hay tantas preguntas sobre quienes la ejercen.
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