Las denuncias que ha hecho el alto gobierno sobre la compra irregular del software Pegasus son gravísimas. A lo que ya había dado a conocer el presidente de la República, se suman ahora las declaraciones de Jorge Lemus, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El problema es que tanto en la alocución presidencial como en lo comentado por Lemus, no se han aportado pruebas. Lo que es muy extraño, pues por lo menos el documento compartido por el presidente parece ser verídico. La Fiscalía no ha dado todavía avances y la misma Policía niega la compra. En el proceso, nuestro país es sancionado por haber revelado información confidencial. ¿No había otra manera, más efectiva y con resultados tangibles, para que la Casa de Nariño manejara esta denuncia? ¿Nadie, en últimas, rendirá cuentas por lo ocurrido?
Los métodos empleados por el presidente Petro para realizar esta denuncia son cuestionables: no solo publicó información confidencial sin darle contexto al país, sino que lo hizo en medio del paro camionero, lo que ayudó a fomentar la confusión. Sin embargo, tiene razón el mandatario en pedir que se le dé importancia a lo que viene reclamando. Si, en efecto, ha ocurrido lo que dice el alto gobierno, nos encontramos ante una traición a los derechos constitucionales.
En esa misma línea fue la declaración del director Lemus, dada a Revista Raya y RTVC. “Ellos lo compraron para eso, ellos sabían que iban a cometer ese delito, sabían que estaban haciendo cosas que van en contra de los derechos humanos; y por eso, tenían que hacer como se dice coloquialmente, por debajo de la mesa”, explicó. Es extraño, sin embargo, que hace apenas una semana Lemus decía que no había rastro de la compra. ¿Cómo llegamos tan rápido a las certezas de malos manejos? ¿Por qué se habla tan abiertamente de un posible lavado de activos, pero no se le comparten al país las evidencias?
Por todo esto, Colombia fue suspendida de tener acceso a Egmont Secure Web (ESW), que es la red segura utilizada 177 Estados para intercambiar información relacionada con el lavado de dinero, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo. Es una sanción preocupante, pues deja al país sin herramientas esenciales para luchar contra los grupos criminales. El motivo es la falta de independencia de la Unidad de Inteligencia Financiera frente a la Presidencia de la República, lo que rompe la confianza de un organismo diseñado para operar de manera clasificada. La respuesta del presidente Petro fue esto es “el costo de la verdad”, pero queda el sinsabor de que se trata más del manejo irresponsable de la información.
Insistimos: las denuncias sobre Pegasus son muy graves, pero la manera en que la Casa de Nariño ha manejado el tema, más allá de dar réditos políticos, nos aleja de comprender qué pasó. Las acusaciones temerarias distraen. Colombia necesita saber si durante el gobierno anterior se compró un mecanismo para espiar ilegalmente a los ciudadanos y si, en efecto, fue usado. Hay un indicio serio en el documento publicado por Presidencia, pero hasta ahora no hemos tenido más información. Las declaraciones públicas deben empezar a ir acompañadas de pruebas.
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Las denuncias que ha hecho el alto gobierno sobre la compra irregular del software Pegasus son gravísimas. A lo que ya había dado a conocer el presidente de la República, se suman ahora las declaraciones de Jorge Lemus, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El problema es que tanto en la alocución presidencial como en lo comentado por Lemus, no se han aportado pruebas. Lo que es muy extraño, pues por lo menos el documento compartido por el presidente parece ser verídico. La Fiscalía no ha dado todavía avances y la misma Policía niega la compra. En el proceso, nuestro país es sancionado por haber revelado información confidencial. ¿No había otra manera, más efectiva y con resultados tangibles, para que la Casa de Nariño manejara esta denuncia? ¿Nadie, en últimas, rendirá cuentas por lo ocurrido?
Los métodos empleados por el presidente Petro para realizar esta denuncia son cuestionables: no solo publicó información confidencial sin darle contexto al país, sino que lo hizo en medio del paro camionero, lo que ayudó a fomentar la confusión. Sin embargo, tiene razón el mandatario en pedir que se le dé importancia a lo que viene reclamando. Si, en efecto, ha ocurrido lo que dice el alto gobierno, nos encontramos ante una traición a los derechos constitucionales.
En esa misma línea fue la declaración del director Lemus, dada a Revista Raya y RTVC. “Ellos lo compraron para eso, ellos sabían que iban a cometer ese delito, sabían que estaban haciendo cosas que van en contra de los derechos humanos; y por eso, tenían que hacer como se dice coloquialmente, por debajo de la mesa”, explicó. Es extraño, sin embargo, que hace apenas una semana Lemus decía que no había rastro de la compra. ¿Cómo llegamos tan rápido a las certezas de malos manejos? ¿Por qué se habla tan abiertamente de un posible lavado de activos, pero no se le comparten al país las evidencias?
Por todo esto, Colombia fue suspendida de tener acceso a Egmont Secure Web (ESW), que es la red segura utilizada 177 Estados para intercambiar información relacionada con el lavado de dinero, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo. Es una sanción preocupante, pues deja al país sin herramientas esenciales para luchar contra los grupos criminales. El motivo es la falta de independencia de la Unidad de Inteligencia Financiera frente a la Presidencia de la República, lo que rompe la confianza de un organismo diseñado para operar de manera clasificada. La respuesta del presidente Petro fue esto es “el costo de la verdad”, pero queda el sinsabor de que se trata más del manejo irresponsable de la información.
Insistimos: las denuncias sobre Pegasus son muy graves, pero la manera en que la Casa de Nariño ha manejado el tema, más allá de dar réditos políticos, nos aleja de comprender qué pasó. Las acusaciones temerarias distraen. Colombia necesita saber si durante el gobierno anterior se compró un mecanismo para espiar ilegalmente a los ciudadanos y si, en efecto, fue usado. Hay un indicio serio en el documento publicado por Presidencia, pero hasta ahora no hemos tenido más información. Las declaraciones públicas deben empezar a ir acompañadas de pruebas.
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