Presiones a la salud

Tantos, de hecho, que en los últimos seis años el sistema de salud del país ha pagado cerca de $400.000 millones, una cifra a todas luces astronómica, especialmente como carga para un sistema anémico de recursos. Por eso, el Ministerio de Salud está considerando liberar la patente que Novartis, una empresa de Suiza, tiene sobre el medicamento. Esa idea, por supuesto, no se recibió con buenos ojos en el país europeo.

El punto de vista suizo es entendible: Novartis comercializa el imatinib en todo el mundo y eso le representa un mercado de US$4.700 millones. En 2012, después de un concepto negativo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Consejo de Estado ordenó que se le otorgara la patente en Colombia. Bajo ese contexto, hace unos meses llegaron dos cartas al Ministerio de Salud, una firmada por Livia Leu, secretaria de Estado para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza, y otra enviada por René La Barré, presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Suiza. En síntesis, ambas misivas le piden al Gobierno no afectar el comercio con Suiza y no violar el derecho a la patente al declararla de interés público.

El hecho causó justa indignación. Varias organizaciones nacionales e internacionales enviaron una carta a altos funcionarios suizos rechazando la injerencia en la decisión.

La cuestión no es menor: eliminar los genéricos del imatinib podría costarle al país cerca de $31.000 millones anuales. Un genérico de imatinib cuesta $299.278, mientras uno fabricado por Novartis cuesta $3’961.644.

La diferencia es abismal y es un alto costo que todos los colombianos terminamos pagando, pues el medicamento es subsidiado por el sistema, que se mantiene gracias a los impuestos. Por eso, el argumento utilizado por la multinacional suiza es engañoso. Según ella, “la existencia de la patente no afecta el acceso de los pacientes a la terapia, pues la molécula hace parte de los medicamentos incluidos en el POS”. Claro, pero lo que no debe olvidarse es que está en juego la salud de las personas y la viabilidad del sistema entero, que no puede seguir soportando estas cargas irracionales.

También aseguran que levantar la patente atenta contra la investigación científica, pero, tal y como lo dice la carta enviada por las organizaciones, en Estados Unidos y Canadá se ha demostrado que esto no es cierto.

Países como Brasil, Malasia e India ya han utilizado la declaración de interés público para levantar patentes que no les permitían combatir de manera adecuada epidemias como la del VIH. Parece razonable que el Ministerio de Salud decida hacer lo propio con este medicamento contra el cáncer.

En cualquier caso, la injerencia extranjera y las amenazas a partir de relaciones comerciales no deben ser factores a considerar. Lo que importa en este caso, antes que el negocio, es la salud de los colombianos. Esperamos que la decisión del Ministerio se tome con eso en mente.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Tantos, de hecho, que en los últimos seis años el sistema de salud del país ha pagado cerca de $400.000 millones, una cifra a todas luces astronómica, especialmente como carga para un sistema anémico de recursos. Por eso, el Ministerio de Salud está considerando liberar la patente que Novartis, una empresa de Suiza, tiene sobre el medicamento. Esa idea, por supuesto, no se recibió con buenos ojos en el país europeo.

El punto de vista suizo es entendible: Novartis comercializa el imatinib en todo el mundo y eso le representa un mercado de US$4.700 millones. En 2012, después de un concepto negativo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Consejo de Estado ordenó que se le otorgara la patente en Colombia. Bajo ese contexto, hace unos meses llegaron dos cartas al Ministerio de Salud, una firmada por Livia Leu, secretaria de Estado para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza, y otra enviada por René La Barré, presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Suiza. En síntesis, ambas misivas le piden al Gobierno no afectar el comercio con Suiza y no violar el derecho a la patente al declararla de interés público.

El hecho causó justa indignación. Varias organizaciones nacionales e internacionales enviaron una carta a altos funcionarios suizos rechazando la injerencia en la decisión.

La cuestión no es menor: eliminar los genéricos del imatinib podría costarle al país cerca de $31.000 millones anuales. Un genérico de imatinib cuesta $299.278, mientras uno fabricado por Novartis cuesta $3’961.644.

La diferencia es abismal y es un alto costo que todos los colombianos terminamos pagando, pues el medicamento es subsidiado por el sistema, que se mantiene gracias a los impuestos. Por eso, el argumento utilizado por la multinacional suiza es engañoso. Según ella, “la existencia de la patente no afecta el acceso de los pacientes a la terapia, pues la molécula hace parte de los medicamentos incluidos en el POS”. Claro, pero lo que no debe olvidarse es que está en juego la salud de las personas y la viabilidad del sistema entero, que no puede seguir soportando estas cargas irracionales.

También aseguran que levantar la patente atenta contra la investigación científica, pero, tal y como lo dice la carta enviada por las organizaciones, en Estados Unidos y Canadá se ha demostrado que esto no es cierto.

Países como Brasil, Malasia e India ya han utilizado la declaración de interés público para levantar patentes que no les permitían combatir de manera adecuada epidemias como la del VIH. Parece razonable que el Ministerio de Salud decida hacer lo propio con este medicamento contra el cáncer.

En cualquier caso, la injerencia extranjera y las amenazas a partir de relaciones comerciales no deben ser factores a considerar. Lo que importa en este caso, antes que el negocio, es la salud de los colombianos. Esperamos que la decisión del Ministerio se tome con eso en mente.

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