Prioricemos la búsqueda de desaparecidos

El nuevo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, debería aprovechar que hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición para acelerar el desembolso de los recursos que permitan poner en funcionamiento la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. El país tiene muchas deudas en este tema.

La desaparición forzada es una de las tragedias más dolorosas del conflicto armado. Como lo explicaba hace un año en Colombia 2020 de El Espectador Martín Santiago, coordinador residente y humanitario de la ONU, se trata de un “delito complejo que conlleva la violación de varios derechos humanos, así como un delito continuado que, además, añade un trágico ingrediente para los familiares de las víctimas: la incertidumbre de no saber qué ocurrió con su familiar y, por ende, la imposibilidad de hacer el duelo”.

Según cifras recientes utilizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las décadas de conflicto en el país han dejado más de 80.000 desaparecidos. Lastimosamente, rara vez las víctimas encuentran respuestas, pues los casos se pierden en procesos judiciales eternos, estancados y que no otorgan verdad ni reparación. Las desapariciones se perpetúan como heridas abiertas que no van a permitir que Colombia sane.

Con esto en mente, una de las creaciones más interesantes del Acuerdo de Paz de La Habana fue la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos que, cuando pueda empezar a funcionar, tiene varias herramientas para priorizar los casos, obtener información confidencial y darles cierres a las víctimas. El problema es que no la han dejado empezar a funcionar.

La ausencia de financiación y de voluntad política han sido los principales palos en la rueda de la Unidad. Antes de terminar su mandato, el presidente Juan Manuel Santos dejó firmado un decreto que financia su entrada en operación. Pero ahora falta la distribución de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

Luz Marina Monzón, directora de la Unidad, le dijo a Colombia 2020 a principios de este año que para el éxito del organismo se necesitan “recursos económicos, técnicos y humanos que generen condiciones para que la participación de las familias sea real y oportuna”. ¿Por qué no ponerla en marcha?

Mientras el Estado se sacude de su inacción, las víctimas se han tomado por mano propia el proceso de reparación. Hoy también se inaugura, en el Museo del Oro, un nuevo capítulo de la exposición ¿Esto tiene arreglo? Cómo y por qué reparamos las cosas. Se trata del producto de unos talleres que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizó con las madres de falsos positivos y familiares de víctimas del Ejército Nacional de Colombia.

La exposición es un testimonio de que en el país se están haciendo muchos esfuerzos para cerrar las heridas y pasar la página. Por eso, el Estado no debería abandonar su responsabilidad. Ante la oportunidad creada por el Acuerdo de La Habana, es momento de enmender los errores y apoyar de lleno la búsqueda de los desaparecidos.

El nuevo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, debería aprovechar que hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición para acelerar el desembolso de los recursos que permitan poner en funcionamiento la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. El país tiene muchas deudas en este tema.

La desaparición forzada es una de las tragedias más dolorosas del conflicto armado. Como lo explicaba hace un año en Colombia 2020 de El Espectador Martín Santiago, coordinador residente y humanitario de la ONU, se trata de un “delito complejo que conlleva la violación de varios derechos humanos, así como un delito continuado que, además, añade un trágico ingrediente para los familiares de las víctimas: la incertidumbre de no saber qué ocurrió con su familiar y, por ende, la imposibilidad de hacer el duelo”.

Según cifras recientes utilizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las décadas de conflicto en el país han dejado más de 80.000 desaparecidos. Lastimosamente, rara vez las víctimas encuentran respuestas, pues los casos se pierden en procesos judiciales eternos, estancados y que no otorgan verdad ni reparación. Las desapariciones se perpetúan como heridas abiertas que no van a permitir que Colombia sane.

Con esto en mente, una de las creaciones más interesantes del Acuerdo de Paz de La Habana fue la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos que, cuando pueda empezar a funcionar, tiene varias herramientas para priorizar los casos, obtener información confidencial y darles cierres a las víctimas. El problema es que no la han dejado empezar a funcionar.

La ausencia de financiación y de voluntad política han sido los principales palos en la rueda de la Unidad. Antes de terminar su mandato, el presidente Juan Manuel Santos dejó firmado un decreto que financia su entrada en operación. Pero ahora falta la distribución de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

Luz Marina Monzón, directora de la Unidad, le dijo a Colombia 2020 a principios de este año que para el éxito del organismo se necesitan “recursos económicos, técnicos y humanos que generen condiciones para que la participación de las familias sea real y oportuna”. ¿Por qué no ponerla en marcha?

Mientras el Estado se sacude de su inacción, las víctimas se han tomado por mano propia el proceso de reparación. Hoy también se inaugura, en el Museo del Oro, un nuevo capítulo de la exposición ¿Esto tiene arreglo? Cómo y por qué reparamos las cosas. Se trata del producto de unos talleres que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizó con las madres de falsos positivos y familiares de víctimas del Ejército Nacional de Colombia.

La exposición es un testimonio de que en el país se están haciendo muchos esfuerzos para cerrar las heridas y pasar la página. Por eso, el Estado no debería abandonar su responsabilidad. Ante la oportunidad creada por el Acuerdo de La Habana, es momento de enmender los errores y apoyar de lleno la búsqueda de los desaparecidos.